El 13 de diciembre de 2024, pasadas las 23 horas, la defensa de Álvaro Jalaff, fundador y exsocio de Grupo Patio, presentó sus descargos ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en respuesta al Oficio Reservado N.º 1.500/2024. Dicho oficio, emitido el 21 de octubre, contenía cargos formulados por la Unidad de Investigación contra cinco directores de Larraín Activos AGF, además de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff y el exgerente general de STF Capital Corredores de Bolsa, Luis Flores. Según el regulador, los involucrados habrían participado en “actuaciones, mecanismos o prácticas engañosas o fraudulentas” que llevaron a inversionistas a adquirir cuotas del Fondo de Inversión Capital Estructurado I.

Los descargos de Álvaro Jalaff, contenidos en un texto de 38 páginas firmado por los abogados Gerardo Otero, Vicente Portales y Ana Correa, solicita desestimar los cargos formulados: “Hay antecedentes inequívocos que prueban que el Fondo no fue ideado como un mecanismo para defraudar inversionistas”, sostuvieron.

Por el contrario, afirman que el fondo se creó como una solución legítima para reestructurar las deudas de Antonio Jalaff, respaldado por la convicción de los involucrados de que era una oportunidad de inversión atractiva y rentable.

En el texto, la defensa argumenta: “Cuando nació, varias personas, tanto de la familia Jalaff como ajenas a ella, tenían la convicción de que era un buen negocio e invirtieron en consecuencia”. Los abogados explicaron que “el Fondo perdió dinero, pero ello no fue el resultado de un fraude, sino de razones de mercado”.

En su escrito, la defensa de Álvaro Jalaff realizó un análisis sobre las intervenciones de su cliente en uno de los chats de WhatsApp y, utilizando ChatGPT, añadió en el documento un gráfico que detalla el número de mensajes.

Según el documento, muchas de las personas involucradas en la estructuración y negociación del fondo, incluyendo ejecutivos de STF, invirtieron en este. “Es absurdo que personas que supuestamente conocían el fraude hayan invertido en el fondo asumiendo el rol de los inversionistas presuntamente defraudados”, señala el texto. Entre los inversionistas mencionados se encuentran Luis Flores, exgerente general de STF, con 255 cuotas; Cristóbal Soza, con 4.375 cuotas; Pablo Solís, con 7.759 cuotas; y Sebastián Somerville, con 2.250 cuotas.

Otro aspecto relevante de los descargos es la acusación de que Álvaro Jalaff habría ocultado el origen de la deuda de San Antonio con Factop SpA. La defensa calificó esa imputación como infundada: “Tal reproche desconoce que San Antonio sí proporcionó tal información al valorizador independiente que LV AGF contrató para revisar las deudas”. Agregaron que dicha información “tampoco era -ni es- valiosa o relevante para el Fondo y sus inversionistas, atendido que la deuda existe, es real, está debidamente documentada y jamás ha sido desconocida por el deudor de la obligación”.

El documento también presentó un gráfico del valor de las cuotas del Fondo, señalando que este disminuyó un 23% en mayo de 2023, debido a “un aparente menor valor que el mercado asumió para Grupo Patio luego del aumento de capital de marzo de 2023″.

Como parte de los descargos, se incluyó evidencia documental que, según la defensa, descarta la existencia de un esquema fraudulento. “Las conversaciones del grupo de WhatsApp denominado ‘Convertible y Financiam’ abarcan todo el proceso de diseño, implementación y ejecución del Fondo, pese a lo cual no existe una sola frase que siquiera insinúe algún engaño o fraude”, sostiene. Asimismo, se enfatizó que la elección del valorizador independiente fue basada en criterios objetivos y sin injerencias indebidas.

En sus descargos, la defensa de Álvaro Jalaff advierte que las acusaciones formuladas por la CMF no solo son erróneas, sino que además pueden tener consecuencias negativas para el mercado financiero chileno, especialmente en el desarrollo de mecanismos de financiamiento estructurado.

El escrito plantea que las imputaciones de la CMF implican redefinir el alcance de los deberes fiduciarios, lo que puede provocar incertidumbre entre los agentes del mercado. Según el documento, “por primera vez, tendría que afirmarse la existencia de deberes fiduciarios más allá de las relaciones de agencia o de gestión de intereses ajenos. Eso supone un giro radical, a nivel legal, jurisprudencial y dogmático”.

Además, se argumenta que este enfoque podría tener un efecto adverso en las administradoras de fondos. Según el texto, “si las AGF pudieran diluir su responsabilidad involucrando a otra gente, las AGF se sentirán mucho menos responsables por el diseño y creación de fondos”.

El documento también subraya que las acusaciones de la CMF podrían desalentar a los gestores de acercarse al mercado de capitales para buscar financiamiento. La defensa afirma que, con este nuevo criterio, “cualquier persona que se acerque a una AGF puede terminar siendo responsable por el solo hecho de presentarle una idea de negocio”.

Por otro lado, el 15 de enero, los abogados de Scotiabank, Cristián Gandarillas, y de una sociedad de Álvaro Jalaff, Inversiones Las Vegas, Rodrigo Cataldo, presentaron un escrito conjunto al 10º Juzgado Civil de Santiago. En el documento, Scotiabank decidió retirar la demanda presentada el 4 de octubre de 2024, en la que exigía el pago de una deuda de 15.136 UF, correspondiente a un crédito impago de Inversiones Las Vegas, garantizado por un pagaré firmado por Álvaro Jalaff como aval y codeudor solidario. La defensa de Inversiones Las Vegas aceptó el desistimiento.

La demanda ejecutiva de Scotiabank estaba sustentada en un pagaré firmado el 12 de julio de 2024, que garantizaba un crédito solicitado por Inversiones Las Vegas y cuyo vencimiento era el 13 de septiembre del mismo año. Ante el incumplimiento de pago, el banco reclamó 15.136 UF, equivalentes a $574 millones, además de intereses y costas, y solicitó el embargo de dos bienes como garantía: un inmueble ubicado en el Condominio Dunas de Cachagua, en Zapallar, y 4.024 cuotas del Fondo de Inversiones Privado Patio y Gestión. Tras el retiro de la demanda, las partes acordaron solicitar al tribunal el levantamiento de los embargos sobre estos bienes, dejando sin efecto la acción judicial.