Los protagonistas del escándalo de sobornos en Puerto Coronel pasarán Año Nuevo lejos de prisión

El expresidente de la Compañía Puerto de Coronel, Eduardo Hartwig, y el alcalde de esa ciudad de la Región del Biobío, Boris Chamorro, protagonistas del mayor escándalo de corrupción público-privado del último tiempo en la zona, pasarán sus fiestas de fin de año con sus familias y lejos del mayor de sus temores: hacerlo en la cárcel. Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción rechazara la solicitud de prisión preventiva que habían realizado tanto el Ministerio Público como los abogados querellantes de la empresa, del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Consejo de Defensa del Estado, e incluso redujera, en algunos casos, las medidas precautorias que había impuesto el tribunal de primera instancia.

Hartwig, histórico presidente de Puerto Coronel, fue acusado de ser el centro de una trama de sobornos a autoridades, como el alcalde Chamorro; empresas proveedoras, e incluso dirigentes sindicales, así como de realizar pagos irregulares tanto a él mismo como a ejecutivos de la empresa.

El pasado 16 de diciembre, el Juzgado de Garantía de Coronel había determinado establecer arraigo nacional y arresto domiciliario total como medida cautelar contra Hartwig, en su residencia de Las Lomas de La Dehesa en Santiago. El expresidente de la empresa está acusado de los delitos de administración desleal, delitos tributarios y delito consumado de soborno.

Ese mismo día, le impuso arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional al reelecto alcalde Chamorro, quien está acusado de cohecho en carácter de reiterado, entre junio de 2022 y noviembre de 2023.

A otros implicados como el exgerente de Administración y Finanzas del puerto, Daniel Chamorro Madariaga, a quien se le acusa de administración desleal y soborno, y el transportista Víctor Olivares Matamala, acusado de sobornos, también se les decretó arresto domiciliario nocturno, y no se les impuso ninguna medida preventiva al exgerente general de Puerto Coronel, Javier Anwantder, al exconcejal Eduardo Araya Poblete, del mismo partido, ni al empresario transportista Hernán Romero, hermano del actual diputado socialcristiano Leonidas Romero.

Ahora, la Corte de Apelaciones penquista rebajó la cautelar de Hartwig a arresto nocturno y confirmó lo obrado respecto a los demás acusados.

Glenda Lagos, fiscal adjunta de la región, ha encabezado la investigación que la llevó a formalizar en octubre pasado a siete implicados en la presunta red de corrupción que habría protagonizado la anterior administración de la empresa.

Puerto Coronel, la mayor y más emblemática empresa de la ciudad homónima, es el mayor terminal marítimo de la región y es propiedad de los grupos Angelini (50%), Von Appen (25%) y Belfi (25%), aunque fue presidido hasta fines del año pasado por su fundador, el ingeniero civil Eduardo Hartwig, quien debió renunciar a ese puesto por el escándalo.

Ante el dictamen del tribunal, el abogado de Hartwig, Alejandro Espinoza, explicó las razones que, según la defensa, esgrimió el magistrado para la reducción de las medidas cautelares. “Las cautelares de baja intensidad impuestas a mi representado se sustentan en que el juez de Coronel resolvió que no se encontraban acreditadas la mayoría de las imputaciones formuladas por la actual administración de Puerto Coronel, señalando expresamente que los pagos al ex presidente Eduardo Hartwig se encontraban fundados en servicios efectivamente prestados. Respecto de los aportes indebidos a dirigentes sindicales, el tribunal dejó sin cautelares al ex gerente general, pues dicha imputación no se estimó fundada. Lo mismo ocurrió con un exconcejal de la comuna, imputado por cohecho. Lo anterior fue ratificado en fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Concepción, que además, acogiendo la apelación de este abogado, rebajó la cautelar a Hartwig. La actual administración de Puerto Coronel efectuó en su querella afirmaciones que estimamos falsas y calumniosas en contra de mi representado, por lo cual en su minuto se ejercerán las acciones civiles y penales que en derecho correspondan”, aseguró Espinoza.

El juez suplente de Coronel, Daniel Ortiz, acogió el pasado 18 de marzo una querella presentada por la propia empresa por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, apropiación indebida y administración desleal.

El caso explotó el pasado 21 de noviembre de 2023, cuando la Fiscalía Regional de Biobío recibió una denuncia por supuesto cohecho del gerente general del puerto, Patricio Román, quien había asumido sólo 20 días antes. Román apuntó como autor a su jefe, Eduardo Hartwig Iturriaga, quien, según la denuncia, habría pagado supuestos sobornos al alcalde Chamorro, al concejal Araya y a dirigentes sindicales del puerto mediante un esquema de facturas ideológicamente falsas.

Días después, Hartwig renunció al directorio a solicitud de la mesa y luego a sus cargos de director de la Corporación de la Madera (Corma) y la Cámara Marítimo Portuaria (Camport). La investigación, eso sí, se mantuvo en secreto hasta que el 10 de enero de este año efectivos de la PDI allanaron la casa y la oficina municipal del alcalde Chamorro, y las dependencias de la empresa de transporte Delsava, de Romero Sáez.

Luego de dos meses, la firma presentó su querella y encargó una auditoría forense a la consultora Deloitte. En la acción legal, Puerto Coronel acusó directamente a Hartwig de armar un esquema defraudatorio en contra de la empresa que él mismo fundó en 1996 y que en 2003 vendió a sus actuales propietarios. Allí también revelaron que fue la exgerenta general interina, Michelle Prater, quien reveló las “prácticas irregulares”, que luego fueron ratificadas por Hartwig, Andwandter y Chamorro Madariaga.