“No descartamos que haya otras que estén complicadas”: la alerta del presidente del sector construcción tras reorganización de Sencorp

En una amplia sala de reuniones de un moderno edificio en Avenida Apoquindo a la altura del Estadio Italiano en Las Condes, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, recibe a Pulso para abordar el complejo escenario de la industria. Esto, a pocos días de que se conocieran las gestiones judiciales de Sencorp -grupo fundado por el arquitecto Abraham Senerman Lamas- para evitar su quiebra, debido a millonarias deudas tras la pandemia del Covid-19.

El ingeniero civil en minas, que se encuentra en la etapa final de su mandato del sector, abordar la contingencia y los problemas de debilidad financiera que enfrentan las empresas constructoras. Ello, además, en un contexto de mayores complicaciones en algunas comunas a raíz de un rol más activo de alcaldes del Frente Amplio, como es el caso de Ñuñoa, donde su jefa comunal es firme partidaria de rechazar el proyecto Egaña Comunidad Sustentable, y el de Estación Central, donde miles de departamentos están vacíos a la espera de la recepción municipal.

¿Cuán complicada está la construcción a raíz de las restricciones que se aplicaron durante la pandemia?

-Para entender lo que está pasando en la construcción hay que retrotraerse al período del 18 de octubre de 2019 y también lo que sucedió durante la pandemia. Aquí tuvimos un impacto importante en los proyectos habitacionales e inmobiliarios, porque el gobierno del expresidente Piñera decidió paralizar las obras, pero las viviendas públicas siguieron construyéndose. Con la paralización durante cuatro meses se perdieron 400.000 puestos de trabajo y para reiniciar la actividad tuvimos que implementar “protocolos sanitarios”, lo que derivó en un inmediato aumento de costos, porque había una menor densidad de gente en una estructura mayor. En definitiva, el incremento en los plazos de construcción, más el aumento en el precio de los materiales y la dificultad para reencantar a los trabajadores, empezó a generar una complejidad mayor para las empresas, que se tradujo en un alza de costos.

La semana pasada se conoció la reorganización de Sencorp. ¿Cómo están enfrentando este período de mayor complejidad las grandes empresas?

-Es preocupante. Las empresas grandes tienen mucho prestigio. Nosotros desconocemos las particularidades de cómo se ha llegado a esta situación, pero es una situación transversal por toda la génesis de este problema. En ese sentido, una de las empresas es esta que ha salido a la luz, pero no descartamos que haya otras que estén complicadas. Pero para eso hemos manifestado que en situaciones como la que hemos vivido, especiales, también se requieren soluciones extraordinarias.

¿Cómo qué específicamente?

-Hemos manifestado la preocupación de que en Chile no se ha desarrollado un proyecto como un Capítulo 11, como se tiene en EE.UU.. O si está desarrollado, es en una forma muy incipiente, no funciona en el propósito que se requiere, que es en el fondo tener capitales frescos para seguir adelante en su negocio. El primer paso cuando se determina la reorganización judicial es ver si usted tiene como empresa la viabilidad y los flujos futuros, pero yo necesito el presente y ver cómo se me apoya.

Y en ese sentido, una buena muestra ha sido el caso de Latam Airlines, y cómo lo pudo hacer en EEUU.. Hoy la empresa sigue avanzando en el proceso, pero con una actividad importante, generando empleo. Y eso es lo que nosotros necesitamos acá, donde hemos avanzado bajo muchas normas de países desarrollados, pero evidentemente hay algunas que en esta situación de crisis hay que perfeccionar.

Debemos apoyar a las empresas que hayan pasado por una reorganización judicial.

En ese contexto, ¿qué medidas debiera impulsar el actual gobierno para ayudar a esta actividad?

-Desde el gobierno anterior veníamos conversando para aumentar la capacidad crediticia de aquellas personas que requieren un crédito para comprar una vivienda. Específicamente en la exigencia de los bancos, que si uno quiere acceder a un crédito hipotecario debiera tener un 20% del pie. A las autoridades, les hemos pedido disminuir ese pie a la mitad, 10%, y el otro 10% que sea apalancado por una suerte de apoyo de garantía estatal.

Esto está dentro de los anuncios del Plan Pro Inversión y es una buena noticia, pero no sabemos los detalles. No sabemos hasta qué nivel de vivienda podría llegar ese apoyo estatal de la garantía, pero creemos que es muy importante para todo el segmento de clase media en nuestro país.

A juicio del sector, ¿hasta qué valor de la vivienda debería ser ese beneficio?

-Estamos hablando de un tope superior de cinco mil o seis mil UF. Yo creo que hasta ahí debiera operar el sistema. Las familias más vulnerables tienen acceso a la vivienda social a través de los subsidios, y no tienen una necesidad tan significativa de financiar.

Y el otro tema también que está dentro de los anuncios es el fomento y la reactivación de la inversión pública. Durante el gobierno anterior hubo un plan muy importante desde el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de obras públicas, con un presupuesto de US$25 mil millones. Pero ese presupuesto del año 2023 tenía una baja o no estaba muy claro. Las autoridades hoy día ya anunciaron que iban a aumentar en un 13% el valor del presupuesto en el año 2023. Eso permite asegurar que habrá una actividad en relación a este tipo de proyectos.

¿Por qué es tan importante apalancarse hoy día en la construcción de obras públicas?

-Hemos estado teniendo hace bastante tiempo conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas a través del reajuste polinómico de los contratos de construcción en obras públicas. Los contratos de construcción en obras públicas no tenían reajuste. Eventualmente se reajustaban con la unidad de fomento. Pero actualmente, con un aumento del 27% del precio de materiales, no había forma de encarar esos proyectos. Y entonces se instauró en la política del Ministerio Obras Públicas que los nuevos contratos tienen reajuste polinómico. Eso quiere decir que considera una serie de variables de costos, como mano de obra, precio de materiales y petróleo. Pero la preocupación que tenemos persiste con los contratos vigentes, que vienen de atrás. Eso ha tenido muy complicados a proyectos en ejecución de obras públicas. Hemos calculado que hay 300 proyectos de infraestructura que podrían correr riesgos de no realizarse, con todo el impacto que eso podría acarrear. Hablamos de toda esa mano de obra que quedaría desocupada o cesante, más obviamente la salud financiera de la empresa. No olvidemos que en la CChC ya hemos tenido la quiebra de dos empresas, con mucho pasado, que se dedicaban a las obras públicas.

Entonces ese tema hoy día a nivel de gobierno ha tomado fuerza, no se quiere que las empresas quiebren. Nosotros no queremos que las empresas quiebren. Hoy estamos en una mesa de trabajo del Ministerio de Economía, relacionada con la edificación. Los retrasos en la recepción de los proyectos vienen a complicar más la salud de las empresas, porque no pueden recuperar los flujos invertidos.

¿Podría detallar un ejemplo?

-En Estación Central hay 6.500 departamentos que hoy no pueden ser recibidos, porque hay un decreto que así lo ordena. Para recibirlos, se necesita una resolución del Departamento de Obras Municipales y esta dice que no los recibirá porque no cumplen una normativa interna, la cual fue dictada de manera posterior a haber obtenido el permiso de edificación. Y eso está dándose mucho, en un gesto repetitivo que nosotros hemos llamado “incerteza jurídica”.

¿Cómo está viendo el rol de los alcaldes del Frente Amplio, que han cuestionado y han cambiado las reglas, con mayores trabas a la recepción de edificios?

-Nosotros hemos dicho que estamos muy de acuerdo con el respeto del medioambiente. También entendemos el rol de los alcaldes con sus habitantes. Ellos tienen que procurar mejorar la calidad de vida, pero también pedimos a las autoridades que entiendan que cuando hay un proceso de inversión y se otorga un permiso en base a las condiciones básicas que existía en el momento de iniciar la tramitación, si hay alguna alteración durante el transcurso de la construcción, y que cambien las normas, no se haga dicho cambio retroactivo.

Esto lo estamos viendo en Estación Central, pero también en Ñuñoa con este proyecto Plaza Egaña. De acuerdo a nuestros antecedentes, los inversionistas del proyecto Plaza Egaña cumplieron con todos los requisitos para iniciar este proyecto. Ahora, si durante la construcción la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana determinó que había un cambio en la norma, está bien que haya un cambio, pero no lo apliquen en este proyecto, sino que a los proyectos futuros. Esa es una norma básica muy importante. Pero por otra parte, también es bueno que se sepa que la raíz de todo este problema se debe a una ausencia de planes reguladores.

¿Lo que está sucediendo en Estación Central y Ñuñoa se debe a una postura ideológica, hay vías de solución?

-Quiero interpretar que ellos buscan la calidad de vida de sus habitantes. En una reunión que hemos sostenido con el alcalde Felipe Muñoz, de Estación Central, él nos ha manifestado una genuina preocupación por la densificación de la comuna. Nos ha dicho que necesita ahora una oferta importante de áreas verdes y centros de seguridad. Esto está bien, pero hoy día, con una inversión ahí de US$600 millones, destrabemos el problema, los edificios están ahí. Y pensar en demoler este asunto, como hay gente que quisiera, se genera un impacto ambiental gigantesco y no es la solución.

Entonces, yo veo que nos estamos entrabando en enfrentar los problemas, en vez de hacerlo de una forma más práctica y menos ideologizada. Porque la ideología no necesariamente tiene que ver con la política. Queremos que se resuelvan los problemas de forma menos ideologizada. Nosotros tenemos el lema en la cámara: hagamos que las cosas pasen. Ese es nuestro gran dilema. No nos quedemos en declaraciones. Si hay algo que tenemos que modificar para resolver el problema, conversemos.

¿Usted busca que los alcaldes se muestren más abiertos al diálogo para buscar una solución?

-Busquemos una solución, pero no desgraciadamente como ocurre hoy, por la vía de la paralización y la no recepción de departamentos. Hoy estamos con un el alto déficit habitacional y con una necesidad de crear empleo, como es el caso de los mil y tanto empleas que se pierden con la paralización de Plaza Egaña y hay otros más.

¿Qué opinión le merecen las declaraciones del ministro de Economía, en cuanto a que el gobierno no teme la fuga de capitales con la reforma tributaria?

-No he visto la declaración total del ministro. El ministro tiene muy claro que la creación de empleo e infraestructura es una buena manera para generar ingresos para el Estado. Nosotros estamos muy de acuerdo con el rol social del Estado y para ello necesita captar recursos. Las formas de captar esos recursos no son aquellas que nos pudieran crear un efecto contrario. O sea, yo necesito crear confianza para crear inversión y empleo. En esa generación de confianza hay un camino que puede ser un camino complementario o un camino alternativo a establecer una reforma tributaria, que al final lo que puede hacer es crear una sensación en las personas que invierten en el país que pudieran tomar el camino que está ofreciendo el ministro de Economía.

¿Con mayor cuidado?

-Claro, con mayor cuidado. No es una buena consejera desalentar la inversión. Hoy necesitamos declaraciones que nos unan como país. Hemos dicho siempre que nuestro propósito como cámara es mejorar la calidad de vida de los chilenos y hemos invitado mucho a generar esa asociación público-privada que ha tenido hartos beneficios.