Notarios creen necesario reformar “pronto” el sector y reconocen necesidad de disminuir discrecionalidad en nombramientos

Una reforma al sistema de notarios lleva años de debates, discusiones y propuestas, pero aún no se materializa. Pese a que hay varias mociones parlamentarias en trámite, incluyendo además un proyecto de ley presentado por el gobierno de Sebastián Piñera en 2020, los cambios siguen a la espera. En ese contexto, la actual administración de Gabriel Boric puso nuevamente en la discusión de cómo aumentar la productividad, la necesidad de reducir el rol de los ministros de fe, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha indicado que sería “impresentable seguir postergando la reforma al sistema de notarios”.

Al respecto, el vicepresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile, Alfredo Martin -quien es notario público de Santiago-, mostró la apertura del gremio a concretar “pronto” las modificaciones al sector.

“A nosotros se nos dice que estamos en contra de los proyectos y no es así. Estamos absolutamente de acuerdo en incorporar una serie de medidas, y desde el año 2012 que le veníamos proponiendo al Ministerio de Justicia la simplificación de trámites. ¿Por qué una persona tiene que ir con dos testigos a declarar que está viva? ¿Por qué uno tiene que ir a una notaría para decir que gana $500 o $600 mil pesos, o que a sus expensas viven tal cantidad de personas? Eso se puede perfectamente sacar del ámbito notarial”, planteó Martin en diálogo con Radio ADN.

El notario público de Santiago agregó que “no somos nosotros los que ponemos trámites”, por lo que se mostró partidario de “desnotarizar” muchos procedimientos.

En esa línea, afirmó que el proyecto presentado por el gobierno de Sebastián Piñera, que proponía crear la figura del fedatario, es “una institución tremendamente peligrosa”, ya que, a su juicio, habría “cientos de ministros de fe sin ninguna capacidad de control”.

Detalló que la propuesta, al no obligar a contar con oficinas, precarizaría el oficio de los ministros de fe, pero además significaría que “no habrá posibilidad alguna de ser fiscalizados o controlados”, lo que supone que el riesgo de que la fe pública “sea capturada por ciertos intereses”.

“Yo creo que el retail quisiera tener un fedatario que autorice todo tipo de situaciones y las instituciones bancarias, así como otras empresas. (...) Yo, empresa grande, feliz de tener un fedatario que me certifique los acuerdos de directorios, las juntas de accionistas, me autorice las letras, los finiquitos, los contratos de trabajo. Lo tengo todo”, planteó Martin.

Agregó a sus críticas el estudio que la Fiscalía Nacional Económica presentó en 2018 sobre el sector, calificándolo irónicamente como “el Santo Grial”, retrucando que dicho análisis fue “tan sesgado que sólo analizó dos de las 16 regiones y extrapoló sus conclusiones a todas las otras notaría”, asegurando que hay realidades muy diferentes según la ubicación geográfica entre las distintas notarías.

El notario público remarcó la necesidad de proteger el otorgamiento de la fe pública, y que se mantenga radicada “en ciertas personas que tienen cierto grado de perfeccionamiento y mucho grado de fiscalización”, pero reconoció que existe voluntad para “reducir los espacios de discrecionalidad” en el nombramiento de los notarios.

“Claro que hay un factor humano, pero nosotros queremos reducir los espacios de discrecionalidad. Hemos propuesto que en los exámenes y ponderación de los grados académicos, el que obtenga el primer lugar acceda automáticamente al cargo. Porque hoy es la Corte Suprema la que hace una terna y el gobierno es el que nombra”, señaló Martin.

Según detalló, a juicio del gremio, la propuesta para ampliar las facultades notariales debe incluir al secretario municipal como figura que permita realizar “cierto tipo de trámites” en todas las comunas del país, pero manteniendo otros “más solemnes, que requieren obviamente de la intervención notarial”. Especificó que actualmente existen cerca de 450 notarías a lo largo de Chile, pero hay comunas que no cuentan con una.

En la visión del represente gremial, se requiere avanzar “a un proyecto que realmente fortalezca la fe pública, se haga cargo de un sistema de nombramientos mucho más meritocrático, una fiscalización oportuna, integral y proactiva, fortalecer la carrera funcionaria, y establecer un estándar tecnológico para todos los oficios del país”, e incluso aseveró que desde el año 2011 “le venimos pidiendo a la Corte Suprema que establezca un estándar tecnológico básico para todos los oficios”, que permita tipificar los documentos.

El representante gremial cerró su diálogo señalando que solicitaron reunirse con el ministro Cordero para “ponerse a su disposición” y para plantear que “en este proceso participen técnicos, especialistas, y profesores universitarios, para que de una vez por todas se haga un buen proyecto y que se haga pronto”.