Nuevo Pudahuel, concesionaria del aeropuerto Arturo Merino Benítez, presentó un escrito la semana pasada ante el Tribunal de Contratación Pública en el que manifestó duras críticas por la arremetida que emprendió Aldeasa en el proceso de licitación del Duty Free del principal terminal aéreo de Chile.

En su presentación, la compañía controlada por Groupe ADP sostuvo que “Aldeasa pretende instrumentalizar este foro para imponer de facto una nueva prórroga del contrato de concesión del Duty Free Shop y evitar un proceso competitivo de adjudicación de éste”.

“Aldeasa pretende disfrazar sus verdaderas intenciones listando supuestos vicios de que adolecerían las bases de licitación previstas en el Decreto N°36 del Ministerio de Defensa Nacional, de 2023 (”BALI del Duty Free Shop”). Sus verdaderas intenciones, sin embargo, son otras: obstaculizar el futuro proceso licitatorio y perpetuarse como titular de la concesión”, acusó la presentación de Nuevo Pudahuel, patrocinada por Sebastian Yanine y Vanessa Facuse, socios de Bofill Escobar Silva Abogados.

“Aldeasa explota la concesión del Duty Free Shop desde el año 1995, sin que haya debido enfrentar un proceso competitivo que justifique su permanencia como titular de la concesión”, denunció Nuevo Pudahuel.

“Desde el año 1995 Aldeasa ha mantenido el monopolio de la concesión de superficies y derecho de explotación de recintos destinados al establecimiento y funcionamiento de Almacenes de Venta Libre o Duty Free Shop en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Se trata de una acción instrumental por parte de Aldeasa para evitar que tenga lugar un proceso de licitación competitivo y eficiente, y que nuestra representada pueda ejercer sus derechos contractuales”, concluyó.

En el mismo escrito, Nuevo Pudahuel solicitó al Tribunal de Contratación Pública hacerse parte del proceso y pidió que acoja las excepciones opuestas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y, en defenitiva, se declare incompetente para conocer el reclamo que planteó Aldeasa al proceso de licitación.

El 10 de mayo de 2023, Aldeasa presentó una demanda de impugnación en contra del Fisco de Chile por las bases de licitación del Duty Free previstas en el Decreto N°36 del Ministerio de Defensa Nacional, publicadas el 31 de enero del presente año.

La acción patrocinada por los abogados Matías Mori y Ramiro Mendoza y dirigida en contra del Fisco pide la suspensión del proceso de licitatorio. Para la compañía, las bases de licitación contienen “una serie de vicios de ilegalidad y de arbitrariedad”.

Casi un mes después de presentar su demanda ante el Tribunal de Contratación Pública, Aldeasa lanzó una nueva arremetida en contra del proceso de licitación. La compañía interpuso un recurso de inaplicabilidad constitucional en el Tribunal Constitucional (TC), cuya admisibilidad aún no ha sido resuelta. En su requerimiento, Aldeasa cuestiona el artículo 26 de la ley N°19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, el cual señala que “la resolución que falle el recurso de reclamación deberá pronunciarse, a más tardar, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que la causa se haya visto en cuenta o haya quedado en acuerdo. En su contra no procederá recurso alguno”.

El conflicto comenzó cuando la Dirección General de Aeronáutica Civil publicó en su página web, el 28 de abril de 2023, el llamado de licitación Duty Free Shop Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago.

En su demanda ante el Tribunal de Contratación Pública, Aldeasa acusó que las bases del proceso de licitación incurrían en cinco causales de ilegalidad y arbitrariedad. La primera está vinculada a que la la DGAC y el Servicio Nacional de Aduanas estiman erróneamente que el proceso licitatorio del Decreto N°36 ya se ha iniciado, contraviniendo el artículo 5° del Decreto N°499 de 1994. La segunda es que las bases de licitación contenidas en el Decreto N°36 disponen de cláusulas que restringen de manera antojadiza e injustificada el principio de libre concurrencia de los oferentes. Ello, sostiene Aldeasa, debido a que la boletas de garantías de la seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento del contrato resultan excesivamente onerosas para los licitantes, lo cual desincentiva la participación en el proceso licitatorio.

“Quien resulte adjudicado deberá caucionar un total de US$9 millones ($7.132 millones), lo cual implica un monto exageradamente alto para efectos de iniciar la explotación de la concesión de Almacenes de Venta Libre”, consignó.

El 16 de junio del presente año, el Tribunal Constitucional acogió a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad constitucional que presentó Aldeasa y ordenó la suspensión del juicio que lleva adelante el Tribunal de Contratación Pública.