No sólo el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica están ad portas de una definición clave. En paralelo, el proceso de selección del nuevo “sheriff ambiental” avanza, pero en absoluta reserva.

Se trata del concurso que abrió el Servicio Civil a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para definir al superintendente del Medio Ambiente (SMA). El cargo es de suma relevancia para abogados ambientalistas y asesores de grandes empresas, pues se encarga de dirigir una institución que cuenta con atribuciones de fiscalización y sancionatorias.

La terna escogida por el Servicio Civil y que fue enviada al Presidente Gabriel Boric el pasado jueves, es integrada por los abogados: Marie Claude Plumer, exjefa de la División de Sanción y Cumplimiento durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y hoy jefa de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente; Emanuel Ibarra, superintendente (s), y Eduardo Astorga, abogado con un perfil académico de la PUC y Doctor en Derecho de la Universidad de Alicante, España.

Plumer ha ejercido por más de 25 años en materias ambientales. Fue abogada de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y se ha desempeñado en roles similares en otros órganos de la administración del Estado. Ha sido asesora independiente y asesora de la Dirección de Fronteras y Límites. Ha participado en diversos seminarios nacionales e internacionales y en distintas instancias nacionales en materias de regulación ambiental.

Luego de su experiencia en la antigua institucionalidad ambiental, tuvo un paso por el Sernatur, prestó Servicios a la DIFROL y ha sido parte del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Ha sido además parte de la SMA en dos ocasiones. Desde mayo de 2019 formó parte del estudio de abogados Chaves, Awad, Contreras y Schürmann (CACS), donde prestó asesorías principalmente a empresas salmoneras. Hoy dentro del Ministerio del Medio Ambiente está llevando la agenda legislativa de la ministra Maisa Rojas, y presta asesoría en las diversas áreas de la institución.

Su paso por la SMA no estuvo exento de problemas, porque desde el sector regulado es reconocida por tener un perfil un tanto intransigente. Asimismo, su gestión fue cuestionada con un informe de la Contraloría General de la República (Informe N°280/2020), institución que además ordenó cursar un sumario por la actuación en un caso particular en el Informe de Investigación Especial N°648 de 2017.

Sin embargo, la misma SMA determinó no seguir adelante con esa investigación porque estaba prescrita la responsabilidad. Asimismo, desde el Congreso Nacional se le solicitaron diversas explicaciones por los miles de casos que habría dejado sin tramitar antes de dejar su último cargo en la institución. A pesar de lo anterior, sería una candidata fuerte para conseguir el puesto por sus apoyos políticos y cercanías con la ex Concertación y Nueva Mayoría.

Por su parte, Emanuel Ibarra es un abogado formado en la PUC y un funcionario de carrera de la SMA. Ingresó a la institución en 2013 y cuenta con un Máster en Derecho Ambiental y Desarrollo de Proyectos de la Universidad Finis Terrae.

El actual superintendente (s), que busca ser confirmado, cuenta con una gestión marcada por su participación en juicios ambientales relevantes como Pascua Lama, Minera Candelaria, Minera Maricunga, entre otros. En el año 2022, al ocupar el cargo de Superintendente subrogante, ha tenido repercusión por su intervención en los nuevos episodios de intoxicación masiva de Concón, Quintero y Puchuncaví, así como en el caso del socavón de Tierra Amarilla.

Asimismo, ha tenido una agenda marcada por levantar casos contra empresas salmoneras, aplicando por primera vez la sanción de revocación de tres permisos ambientales de centros de salmones de Nova Austral en Magallanes. En el último tiempo se le ha conocido también por la aprobación de grandes programas de cumplimientos de SQM Salar y Collahuasi, así como el cierre de múltiples casos con importantes multas. Dentro del servicio lo consideran como un buen candidato por el trabajo que ha hecho con los equipos internos, y por la certificación de equidad de género que consiguió para la institución. Desde los gremios opinan que es una persona que dialoga bastante.

Sin embargo, sería el candidato que no tendría el respaldo de algún partido político específico, por no tener militancia en ninguno.

En tanto, el tercer candidato es el abogado de la PUC y Doctor en Derecho de la Universidad de Alicante, España, Eduardo Astorga. El jurista ha sido profesor de Derecho Ambiental e Indígena en la Universidad de Chile, Universidad de Los Andes, Universidad del Desarrollo y Usach.

En los años 2014-2015 fue gerente de Sustentabilidad de la División Ministro Hales de Codelco. Durante los años 2013-2014 fue Consultor Senior de ARCADIS. Entre los años 2006 a 2013 fue Ejecutivo de Codelco a cargo de la Dirección de Medio Ambiente, Territorio y Recursos Hídricos de la División Andina. Creó la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente, Territorio y Participación Ciudadana del MOP entre los años 2000-2006. Asimismo, fue el primer fiscal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y participó en la elaboración de la Ley Nº19.253 sobre Pueblos Indígenas.

Se le reconoce como un profesional con amplia trayectoria, con gran experiencia en asuntos ambientales y con basta experiencia académica. Sin embargo, sería el candidato que menos conoce la nueva institucionalidad ambiental y la SMA.

Solo a modo de dimensionar la relevancia de la institución, basta decir que con sólo un año de su puesta en marcha, en 2013 aplicó la multa más alta de su historia: 14.745 UTA en contra de SCM Minera Lumina Cooper Chile, por infracciones ambientales en su Proyecto Caserones.

Por otro lado, la institución cuenta con amplios desafíos, no solo por el gran número de denuncias que ingresan diariamente por ruidos molestos, sino por el creciente empoderamiento de las comunidades que exigen hacer valer sus derechos ambientales. Cuenta con un presupuesto anual de poco más de trece mil millones de pesos, siendo una de las superintendencias con menores recursos, y con una creciente carga laboral y el deber de fiscalizar más de 15.000 Resoluciones de Calificación Ambiental.

Un informe de PwC reveló que la SMA requiere aumentar en 2,2 veces la dotación para enfrentar su demanda al 2025. El mismo informe consignó que la mayor parte de la dotación adicional requerida -cerca de un 70%- debiese apoyar directamente la labor regional, esto en línea con la demanda esperada.

“El mayor crecimiento apunta al logro de los objetivos estratégicos de incentivar la potestad sancionadora y el incentivo al cumplimiento, donde se evidencia la mayor brecha. No obstante, es importante destacar que todas las áreas de la SMA deben ser fortalecidas, evidenciándose crecimientos relativos similares asociados a los diversos objetivos estratégicos de la institución (crecimientos entre 190% y 240% al 2025)”, añadió.