Permisología: Comisión aprobó artículo que establece sanciones a privados que mientan al solicitar permisos sectoriales

Este miércoles continuó el avance del proyecto de ley que establece la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, iniciativa que se hace cargo de la denominada “permisología”, y busca reducir los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales que requieren los proyectos de inversión.

Si bien la tramitación continuó con el análisis en particular de indicaciones relativas a los artículos restantes de la plataforma SUPER (Sistema Unificado de Permisos), uno de los aspectos que generó un debate más álgido en la ocasión fue el establecimiento de multas a privados que entreguen antecedentes falsos al momento de solicitar permisos sectoriales.

En particular, el debate versó sobre una indicación formulada por el Ejecutivo al artículo 39 del proyecto, que en su versión aprobada por la Cámara de Diputados fija sanciones para los profesionales de los servicios que den falso testimonio sobre materias de normativa sectorial, estableciendo pena de presidio menor en sus grados mínimos a medio, además de una multa a beneficio fiscal de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales (UTM).

En eso, la indicación proponía agregar dos incisos adicionales. El primero, señalaba que “las mismas penas serán aplicadas a la persona solicitante de una autorización que, a sabiendas, presentare ante el órgano sectorial instrumentos de profesionales o entidades reconocidas que sean falsos o que adolezcan de los mismos defectos descritos en el inciso anterior”. Mientras, el segundo proponía que “las y los profesionales y entidades técnicas serán solidariamente responsables con la persona titular del respectivo proyecto o actividad de todo perjuicio procedente de los errores, omisiones o imprecisiones en que hubiesen incurrido en sus informes o certificaciones”.

En particular, fue el segundo inciso el que generó un arduo debate sobre si correspondía multar o no a los profesionales de consultoras que pudieran cometer equivocaciones en sus informes, ya que la propuesta los hacía solidariamente responsables de multas que podrían superar los $67 millones.

En principio, la propuesta del Ejecutivo fue respaldada por el senador Gustavo Sanhueza (UDI), quien fundamentó: “Hoy día, nuestro país vive una situación bien compleja con lo que es la corrupción y con muchos delitos que se denominan de cuello y corbata. Yo creo que cuando hay una intencionalidad en entregar informes, sobre todo a las personas que no son el titular de una solicitud, creo que el tener sanciones establecidas de este tipo debieran tender a desmotivar a que ello ocurriera”.

El punto fue duramente rebatido por el presidente de la comisión de Economía, el senador Rojo Edwards (PSC), quien planteó su desacuerdo en multar a profesionales. “O sea, tú cometiste este error y tu vida se puede acabar. (...) Hay un problema de magnitud”, indicó.

Agregó que, a su juicio, debía existir “algo de proporcionalidad respecto al castigo”, y cuestionó además que la norma afectara de esa manera a personas del sector privado, pero no a funcionarios públicos. “Me van a perdonar, pero a los empleados públicos, ¿le hacemos esto? Esto está completamente fuera de foco, esto es destruir a una persona por el resto de su vida”, refutó

Y aunque el senador Sanhueza recordó que “de lo que estamos hablando aquí, es de las personas que maliciosamente tratan de vulnerar el sistema no es la persona que se equivocó que falló el cálculo”, Edwards estimó que “se puede leer distinto respecto a las y los profesionales cuando hablan de omisiones o imprecisiones”.

“Este tipo de persecución para una parte del sector privado, que trata de apoyarnos en esto, ¿los vamos a perseguir responsablemente del proyecto? Pero si los proyectos pueden ser de US500 millones o US$1.000 millones”, enfatizó el presidente de la comisión. Sin embargo, tras un breve debate, se abrió a votar por separados los dos incisos. Ello redundó en que las multas a personas solicitantes de permisos fueran aprobadas por la comisión, con tres votos a favor (de los senadores Rojo Edwards, Gustavo Sanhueza y Kenneth Pugh), pero el segundo, terminó siendo rechazado por unanimidad de los miembros presentes.