El 9° Juzgado Civil de Santiago deberá designar en los próximos días al liquidador del proceso que afecta a una de las grandes constructoras del país, Claro Vicuña Valenzuela (CVV), que el viernes decidió cerrar sus operaciones tras una falta de liquidez que le hizo imposible seguir cumpliendo con sus obligaciones.

Una vez que el tribunal decrete la liquidación, el juez deberá designar un liquidador a propuesta de la Superintendencia de Insolvencia, pero que deberá ser aprobada por los tres mayores acreedores de CVV. Y al menos el deudor ya tiene claridad de quienes son actualmente esos grandes acreedores.

El primero es un fondo de inversión de Vantrust, al que la constructora adeudaría unos $ 6.551 millones, trascendió entre profesionales que siguen el caso. Se trata del Fondo de Inversión Privado Claro Vicuña Valenzuela II, el cual está bajo la administración de Vantrust Capital Administradora General de Fondos. Según registros oficiales de la Acafi al cierre de 2021, el FIP Vantrust CVV II tenía un patrimonio de US$ 8 millones y sumaba 46 partícipes. En ese caso, en torno a un tercio de los aportantes de ese fondo son los socios de la misma compañía.

Vantrust Capital es una administradora de fondos de inversión y surgió en 2007 de la mano de Patricio Nazal. Hoy la compañía opera en fondos, inversiones y también como corredora de bolsa.

Para este caso, la administradora de fondos cuenta con la asesoría legal de Cristián Gandarillas y Catherine Lathrop, socio de GMD y socia de LGB Abogados, respectivamente. El primero en el proceso de insolvencia de la constructora y la segunda en sede penal.

El segundo acreedor relevante en la liquidación de CVV es Banco Santander, con pasivos por $3.576 millones. El banco de origen español y con presencia a nivel global, cuenta con amplio conocimiento en este tipo de procesos concursales en Chile, dada su alta participación de mercado.

El tercer mayor acreedor de Claro Vicuña Valenzuela es Baninter Factoring, con pasivos por $1.531 millones. La compañía, según su página web, “cuenta con el respaldo de unas de las empresas inversionistas más prestigiosas y exitosas del país, Inversiones La Construcción (ILC), sociedad de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)”. ILC controla AFP Habitat, Isapres Consalud y el Banco Internacional.

Así, la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) adeuda a Vantrust Capital, Banco Santander y Factoring Baninter un total de $11.658 millones.

Pero sus pasivos son mucho más altos. En la presentación que el viernes ingresó al 9 Juzgado Civil, el abogado Nelson Contador, especialista en estos casos y asesor de CVV, afirma que “el volumen de deuda corriente con el que la empresa inicia este proceso de liquidación voluntaria asciende a más de $ 44 mil millones, sin perjuicio de las garantías asociadas a las obras”. La misma presentación atribuyó su caída, entre otras razones, a la “burocracia de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas, para gestionar los pagos”, por montos cercanos a los $ 17 mil millones.

A través de una declaración por escrito, Patricio Nazal, director de Vantrust Capital, sostuvo a Pulso que “el mercado de capitales se está cayendo a pedazos y la confianza clave para la inversión se desmorona producto de la falta de certeza jurídica que existe actualmente en el país”.

“Cuesta entender que el gobierno se preocupe de revivir ideologías de hace 50 años, cuando hoy la gente necesita trabajo, empleo y seguridad, y la única forma de hacerlo es dando certezas jurídicas, para generar crecimiento y redistribuirlo, como elemento fundamental, y dirigir el país con mayor pragmatismo. Por ejemplo, en el sur, terrenos que antes eran urbanos, pasaron a ser rurales, lo cual es cambiar las reglas del juego, donde la Seremi dice una cosa y la Contraloría otra, lo que perjudica directamente la construcción de las obras y toda la cadena de valor que éstas producen, en un momento en que la gente necesita trabajo y que se reactive el empleo”, acotó.

En la misma línea que la constructora, Nazal lanzó duros cuestionamientos al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

“El MOP ha caído en una burocracia impensada, como, por ejemplo, detener en plena construcción el proyecto de FrontalTrust en Plaza Egaña, o dejar de pagar a los proveedores a un plazo de 30 días, como el mismo Estado exige a las empresas”, agregó Nazal.

“En 10 días, la primera ministra de Inglaterra tuvo que renunciar, acá llevamos ocho meses de improvisación y otras inmobiliarias ya han corrido la misma suerte, como el grupo Pacal, La Cruz, entre otras inmobiliarias que pasarán desgraciadamente por lo mismo. Es un deja vu del caso Kodama, en que el mal manejo del MOP quebró a la empresa y tuvo que responder tiempo después ante tribunales y pagar los costos de la misma”, culminó.

Desde el MOP -a través de una declaración por escrito- descartaron haber tenido participación en los obstáculos que ha presentado el proyecto de Fundamenta en Ñuñoa, asegurando que “quien ha presentado objeciones a ella es el municipio” de Ñuñoa.

También respondieron que “el 93% de los pagos regulares a nuestros proveedores se realizan dentro de los 30 días de ingresada la factura a pago”.

“Como Ministerio hace casi 10 años que no tenemos relación con el Grupo Pacal y que no es parte de nuestro Registro de Contratistas; tampoco es parte de nuestro registro de Contratistas la Inmobiliaria La Cruz. En el caso de Ingeniería y Construcciones Kodama, la empresa está inscrita en el registro de Contratistas, pero suspendida desde el 2015. Esta empresa no ha tenido conflictos con el Ministerio de Obras Públicas”, culminó el MOP.