El robo de cables eléctricos sigue creciendo en Chile. El problema que termina afectando a miles clientes residenciales por año, es una práctica delictual que crece año a año, pero que en el último tiempo ya exhibe aumentos exponenciales.

De acuerdo con un levantamiento realizado por Empresas Eléctricas AG, el gremio que reúne a cuatro de las principales empresas de distribución en el país, sólo entre 2021 y 2022 se han sustraído 718 kilómetros de líneas de distribución eléctrica, mayor a la distancia entre Santiago y Temuco (680 km por carretera). Sólo el último año, los cables conductores sustraídos sumaron 494 kilómetros, cifra que se multiplicó por 2,2 veces frente a 2021.

En concreto, el análisis de la entidad gremial, dichas sustracciones afectaron a más de 1,2 millones de clientes entre 2021 y 2022. Sólo el año pasado, fueron 661 mil clientes afectados, cifra que se multiplicó 1,2 veces entre un año y otro. Par el gremio, las interrumpido del suministro eléctrico terminaron “afectando no sólo la calidad de vida de las familias y personas electrodependientes, sino también el funcionamiento de hospitales, escuelas y otros servicios de primera necesidad para la población”.

En el detalle, la estimación del costo económico que le ha significado a las empresas el robo de cables alcanza los $8.753 millones en los últimos dos años y, de ello, sólo en 2022 se requirió el desembolso de $5.541 millones para trabajos de reposición. “En ocasiones significa la reconstrucción total del tendido y numerosos días de trabajo, para reestablecer el suministro a las familias y usuarios a la brevedad posible”, agregaron desde Empresas Eléctricas.

En la visión del gremio, la sustracción de cables “afecta también la seguridad pública, ya que facilita la comisión de otros ilícitos y, por otro lado, la integridad de las personas, por cuanto muchas veces quienes cometen estos delitos tienen consecuencias graves para su integridad”. En efecto, las cifras levantadas por el gremio dan cuenta que durante los últimos dos años, trece personas han fallecido producto de malas maniobras al momento de cortar el tendido eléctrico; doce de ellas murieron en 2022.

En el global, los robos de cable entre 2021 y 2022 suman 238 toneladas de cobre, 172 de ellas en el último año, incrementando su volumen en 2,6 veces entre un año y otro.

Desde la entidad gremial remarcaron que el delito de robo de cables “se trata de un delito de gran impacto y afectación social, y del interés público, que tiene un carácter transversal, pues involucra tanto al servicio público de suministro eléctrico (transmisión y distribución eléctrica), como al servicio de telecomunicaciones. Así, además de no tener acceso a la electricidad, las familias tampoco tienen acceso a servicios sanitarios (agua) y de telecomunicaciones (Internet), que son fundamentales.

“Lamentablemente, al ser eventos que se dan en ciertas zonas específicas y en diferentes momentos en el tiempo, pasan desapercibidos para el grueso de la opinión pública”, enfatizan.

Y pese a que las querellas presentadas por el delito suman en total 628 en los dos últimos años, y se multiplicaron por 3,7 veces en 2022, desde la entidad plantean que la coordinación a través de mesas regionales público-privadas junto a las autoridades -que han permitido incorporar mayor tecnología en las redes-, “con todo, se trata de medidas que no han disuadido a los delincuentes”.

En esa línea, afirman que las bandas detrás de estos robos “han ido especializándose y perfeccionando la forma de cometer el delito, operando hoy como bandas perfectamente organizadas. De hecho, es conocido que se ha formado un verdadero mercado a partir de este delito de robo de tendido eléctrico, que incluye receptación, transformación y finalmente exportación del cobre a otros países, dado el alto valor económico de dicho metal”.

En marzo de 2023, el proyecto que busca aumentar las sanciones penales a quienes comentan estos delitos avanzó a segundo trámite legislativo, e ingresó a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Sin embargo, dicha instancia aún no lo ha puesto en tabla para su discusión.

La iniciativa legal comenzó su trámite en marzo de 2022. En el Senado fue aprobada tanto por la comisión de Constitución como de seguridad Pública. En concreto, el proyecto propone elevar la pena del delito de hurto de cables a una de presidio mayor en su grado mínimo.