Durante la mañana de este martes se realizó la primera junta de acreedores de la reorganización concursal del Club de La Unión. El proceso busca evitar la quiebra de la entidad fundada el 8 de julio de 1864, que mantiene deudas que suman $1.800 millones.

El proceso estaba paralizado hace casi dos meses, luego de una serie de acciones judiciales que han emprendido los abogados de un grupo de extrabajadores: Sergio Zamudio y Eduardo Guerrero. En la reunión online, ante el juez Sergio Correa del 14° Juzgado Civil de Santiago, ambos juristas revelaron que el pasado 13 de agosto presentaron un escrito ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para anular el nombramiento de la veedora Daniela Camus.

Los extrabajadores argumentan que lo que se conoce como el Club de La Unión en realidad es un grupo de empresas en el que participa la Corporación Club de La Unión; Unión Inmobiliaria S.A. y el Club de la Unión S.A. El problema, señalan, es que el patrimonio está en la inmobiliaria y todas las deudas y los contratos de trabajo fueron dejados en la corporación. Al respecto, los exempleados exigen no sólo el pago de sus honorarios, que suman $316 millones, sino que también los créditos de jornadas pasivas que sumarían más de $1.200 millones. Esto, basado en las órdenes que habrían recibido de la administración durante la pandemia.

En conversación con Pulso, Luis Felipe Castañeda, abogado y asesor de la Corporación Club de La Unión explicó que como empresa deudora desconocen el detalle de la presentación hecha por los extrabajadores. “Entendemos que el nombramiento se hizo apegado a la ley y creemos que esta es una maniobra más dilatoria de los trabajadores que no tenemos claro qué buscan, porque si les interesara pagarse, les interesaría que el proceso fuera lo más rápido posible”.

Según el abogado Sergio Zamudio, de los exempleados, al acogerse a la reorganización, el Club de La Unión debía presentar ciertos documentos al expediente, los cuales debían estar disponibles para que los demandantes de la liquidación forzosa pudieran hacer observaciones. “Presentamos objeciones fundamentadas en la falta de integridad y falsedad de esos documentos. En particular, señalamos que un listado de bienes omitía acciones que el Club de La Unión detenta en Unión Inmobiliaria S.A., las cuales sí estaban consignadas en el balance presentado por el club como parte de sus activos. Además, objetamos el ‘Estado de Deudas’, porque se informó una deuda laboral cercana a los 300 millones de pesos, cuando en el mismo expediente se había indicado previamente que, tras una nueva liquidación, la deuda real por créditos laborales era mucho mayor”, explicó Zamudio.

A pesar de estas objeciones, el tribunal desestimó los cuestionamientos, argumentando que no se trataba de una falta de integridad o falsedad. “Ante esta respuesta, los trabajadores insistieron, pero nuevamente el tribunal rechazó la petición, indicando que, dado que los documentos fueron presentados bajo declaración jurada, lo procedente sería iniciar una querella criminal”, concluyó Zamudio.

En su solicitud de reorganización ante el juzgado, que cuenta con dos hojas, el Club de la Unión se presentó como una persona jurídica de derecho privado y detalló quienes son sus tres mayores acreedores.

En primer lugar se encuentra Deltek l SpA, representada por el expresidente del club, Miguel Zegers Vial, con un crédito por $928.791.802. Le siguen Unión Inmobiliaria, la sociedad propietaria del recinto, con otro crédito que asciende a $115.713.093, y Carlos Riquelme Corrales, con un tercero por $ 97.028.409.

Sin embargo, la deuda total del Club de la Unión se eleva a $1.800 millones.

En los próximos días la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá emitir un pronunciamiento sobre el requerimiento planteado por los extrabajadores, y definir si nombra o no a una nueva veedora. En paralelo, siguen avanzando los plazos de la reorganización.

Un hito clave en el proceso será la presentación de la propuesta de pago a los acreedores, quienes deberán votarla el próximo 5 de octubre.

Daniela Camus posee amplia experiencia en este tipo de reorganizaciones de empresas, y ha participado de otras como Comercial Chacao y Minera Altos Punitaqui. En 1998 ingresó a la oficina de abogados Silva &Silva, asesorando a dos síndicos de quiebras hasta el 2010, año en que se asoció con la abogada y liquidadora concursal María Loreto Ried. A fines del año 2019 tomó la decisión de ser veedora.

También fue veedora de Factop, aunque la propuesta de pago presentada por sus accionistas no convenció a los acreedores y la firma, de propiedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer y de Rodrigo Topelberg, inició un proceso de liquidación forzosa.