En la madrugada del 2 de agosto de 2022, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizó allanamientos en los domicilios de Henry Comber, presidente de Enjoy; Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams; Nicolás Imschenetzky Ebensperger, presidente de Marina del Sol; y Rodrigo Guíñez, gerente de la Asociación Chilena de Casinos. Estas acciones fueron solicitadas por la FNE al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y autorizadas por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carolina Brengi, mediante una resolución judicial del 28 de julio de 2022. Hoy ninguno de ellos sigue en sus cargos.

Las diligencias fueron clave en la investigación del caso y el 4 de octubre pasado, la FNE presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra los casinosDreams, Enjoy, Marina del Sol y cinco altos directivos de estas empresas acusándolas de haberse coludido para afectar el resultado de licitaciones.

Sin embargo, detrás de las diligencias ocurrió un desconocido capítulo que marcó el quiebre de la relación entre leí fondo canadiense Clairvest y sus socios chilenos agrupados en la sociedad Valmar -familia Imschenetzky- en la propiedad de Marina del Sol.

Un mes después de los allanamientos, el 1 de noviembre de 2022, Michael Wagman y Sébastien Dhonte, directores canadienses de Clairvest, socios de Valmar en la propiedad de Marina del Sol, enviaron una carta formal al abogado Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker McKenzie y asesor de MDS, donde expresaron duras críticas hacia la actuación de Nicolás Imschenetzky Ebensperger, en especial con respecto a la solicitud de delación compensada que este gestionó en nombre de la empresa ante la FNE.

El origen de la carta se debe a un memorándum enviado por Díaz de Valdés a Inversiones Marina del Sol, en el que alertaba sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar los ejecutivos de la sociedad debido a la investigación en curso de la FNE. El memorándum advertía explícitamente que “las multas pueden imponerse no solamente a la entidad infractora, sino que a sus directores ejecutivos y a toda persona que haya intervenido en el acto ilícito”. Además, subrayaba que la FNE ha solicitado sanciones no solo contra las empresas involucradas, sino también contra sus ejecutivos, incluyendo en algunos casos a aquellos que no residen en Chile. Con estas bases, el informe de Baker McKenzie recomendaba iniciar el proceso de delación compensada y hacía referencia al informe elaborado por Javier Velozo, socio de COVEL Abogados.

En su misiva, Wagman y Dhonte centran su crítica en la conducta de Nicolás Imschenetzky Ebensperger, acusándolo de actuar de forma unilateral, ocultando información clave de Clairvest y sus directores, y desarrollando una estrategia legal que buscaba exonerarse a sí mismo y a su empresa familiar Valmar de responsabilidades legales. La carta revela que Nicolás Imschenetzky Ebensperger, junto con Juan Francisco Muñoz, gerente general de MDS, tomó la decisión de solicitar un “marcador de aplicación” ante la FNE el 2 de agosto de 2022, sin informar a Clairvest, acción que fue vista como una violación grave de la confianza y la transparencia que debería haber imperado en el proceso. Los directores afirman: “Cuando Juan Francisco Muñoz (JFM) y Nicolás Imschenetzky Ebensperger tomaron la decisión de aplicar para el ‘marcador de solicitud’, lo hicieron sin informarnos ni a nosotros ni a Clairvest”.

Un aspecto clave de la crítica de Clairvest es la alegación de que Nicolás Imschenetzky Ebensperger ocultó intencionalmente la solicitud de clemencia durante 28 días, tiempo en el que se reunió con representantes de la FNE y desarrolló una estrategia legal para protegerse a sí mismo y a su empresa. En palabras de Wagman y Dhonte, Nicolás Imschenetzky Ebensperger luego les “ocultó la solicitud de “marcador” durante un período de 28 días, durante los cuales Nicolás Imschenetzky Ebensperger y COVEL se reunieron con representantes de la FNE sin informarnos”, destacando el carácter deliberado de su conducta.

Los “Marcadores” son un medio para que los solicitantes del beneficio reserven un lugar en la fila durante un período de tiempo definido mientras realizan más investigaciones internas para perfeccionar su solicitud al programa de delación, según el esquema de incentivos de la delación compensada, según se explica en un documento del Centro de Competencia (CeCo) de la U. Adolfo Ibáñez.

En la carta a la que tuvo acceso Pulso, los canadienses acusan a Nicolás Imschenetzky Ebensperger y COVEL de desarrollar una estrategia basada en implicar falsamente a los directores de Clairvest en el esquema de colusión, lo que fue calificado como un intento de “insular a Nicolás Imschenetzky Ebensperger y su empresa familiar Valmar de la responsabilidad por los daños significativos causados a MDS”.

Otro punto crucial de la carta es la crítica directa al memorándum preparado por Baker McKenzie, el cual, según los directores de Clairvest, tergiversa las conclusiones del informe de COVEL. Los directores afirman que el memorándum de Baker McKenzie contiene afirmaciones falsas, como que Clairvest estaba al tanto de las conversaciones entre Nicolás Imschenetzky Ebensperger y Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams, sobre un acuerdo de licitación recíproca. Según Wagman y Dhonte, “Su Memorándum afirma falsamente que la investigación de COVEL concluyó que nosotros ‘estábamos al tanto’ de las discusiones entre Nicolás Imschenetzky Ebensperger y el gerente general de Dreams sobre un acuerdo de licitación recíproca”. Esta tergiversación es vista por Clairvest como parte de una estrategia más amplia de Nicolás Imschenetzky Ebensperger para presionar a los directores de Clairvest a aceptar la solicitud de clemencia bajo falsos supuestos.

Wagman y Dhonte también refutan la afirmación de Baker McKenzie de que existían mensajes de WhatsApp que demostraban el conocimiento de Clairvest sobre un acuerdo colusivo. En la carta, aclaran que “El informe de COVEL no contiene ninguna conclusión de que nosotros hubiéramos estado involucrados o tuviéramos conocimiento del supuesto esquema”, y califican las interpretaciones presentadas por Baker McKenzie como una distorsión deliberada de los hechos.

La carta concluye con una demanda explícita a Baker McKenzie para que se retracte del memorándum y renuncie como asesor de Marina del Sol. Wagman y Dhonte señalan que “estas graves tergiversaciones en su Memorándum plantean serias dudas sobre la imparcialidad del asesoramiento que ha brindado a MDS y a su junta directiva”, y advierten que se reservan el derecho de tomar medidas legales ante estas falsedades.

En mayo de 2023, Imschenetzky renunció a la presidencia del directorio de Marina del Sol (MDS), siendo reemplazado por la abogada Paula Rojas, hija del histórico abogado de la familia Imschenetzky, Mario Rojas Sepúlveda.

Hoy el directorio de MDS es presidido por Rojas e integrado por: Mario Rojas Sepúlveda; Paula Rojas (presidenta); Ricardo Torres; Michael Adam Wagman; Sebastien Jean Dhonte y Michael Grasty Cousiño, estos tres últimos son representantes del grupo canadiense Clairvest.

Ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), los abogados Lorena Pavic y José Pardo, del estudio Carey, asumieron la representación legal de Nicolás Imschenetzky frente al requerimiento de colusión. El ex presidente de Marina del Sol, junto con Juan Ignacio Ugarte, gerente general, y Francisco Javier Leiva, ex superintendente de Casinos y Juegos y actual gerente corporativo de desarrollo de MDS, recibieron el beneficio de delación compensada por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Lorena Pavic, es una destacada abogada en el área de libre competencia y socia de Carey, actualmente asesora a Cencosud. Su trabajo con Cencosud ha incluido la defensa en investigaciones de la FNE y la asesoría en fusiones y adquisiciones, asegurando que las transacciones cumplan con las normativas locales y evitando posibles conflictos de carácter antimonopolio.

En paralelo, la Municipalidad de Pucón solicitó al TDLC ser parte del requerimiento presentado por la FNE contra las empresas operadoras de casinos. Esta petición se fundamenta en el legítimo interés de la comuna debido a la importancia económica del Casino Enjoy Pucón, operado por una de las compañías denunciadas, Enjoy S.A. En su solicitud, la Municipalidad destacó que los ingresos generados por el casino representan aproximadamente el 40% del presupuesto municipal, lo que supone una “amenaza inminente” para la estabilidad financiera de Pucón si se aplican las multas solicitadas por la FNE.

Según los antecedentes presentados, las sanciones propuestas incluyen una multa de 41.498 UTA para Enjoy, lo que afectaría gravemente el presupuesto municipal. Además, se señala que Enjoy S.A. está en proceso de reorganización judicial, lo que podría agravar aún más la situación financiera de la comuna.