Suseso responde a demanda de Consalud por extensión del postnatal en pandemia: “Gracias a este beneficio, miles de niños y niñas no se contagiaron de Covid”

Una millonaria demanda de indemnización de perjuicios presentó Isapre Consalud ante el 7º Juzgado Civil de Santiago en contra del Presidente Sebastián Piñera, el Senado, la Cámara de Diputados y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) por la ley 21.247 que se publicó el 27 de julio de 2020 y los posteriores actos administrativos que dictó el regulador para su implementación.

Esta ley fue la que creó la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), y señalaba que los trabajadores que se encuentren haciendo uso del permiso postnatal parental durante el estado de excepción constitucional de catástrofe tendrían derecho, luego del término del mencionado permiso, a una LMPP para efectos del cuidado del niño o niña. Todo ello, en el marco de la pandemia.

La isapre controlada por ILC -brazo inversor de la Cámara Chilena de la Construcción- asegura haber perdido más de $22 mil millones con esta ley. Pide que responda el Fisco. “Los particulares no están llamados a financiar políticas públicas”, señala la demanda.

Y ahora, la superintendenta de Seguridad Social, María Soledad Ramírez, sale a responder frente a esta demanda que interpuso la isapre: “Es importante señalar que la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP) nació en un contexto muy delicado, en medio de una pandemia global, en la que el resguardo sanitario, cuidado y protección de niños y niñas era vital”.

Ramírez agrega: “Por tanto, atendiendo a las preocupaciones de la ciudadanía, se generó desde el poder Ejecutivo un instrumento que permitió otorgar seguridad y tranquilidad a miles de familias en Chile, el cual contó con un importante y transversal respaldo del Congreso”.

Así las cosas, la superintendenta señala que “hoy podemos asegurar que, gracias a la LMPP, miles de niños y niñas no se contagiaron de Covid, y sus padres pudieron acompañarlos en esta compleja etapa de sus vidas”.

Y añade que “en ese contexto, esta Superintendencia, cumpliendo su rol y lo establecido en la Ley, desarrolló e implementó en tiempo récord el beneficio, para que pudiera estar a disposición de todas las personas que así lo requirieran”.

Cabe recordar que la vigencia de esta ley se extendió hasta septiembre de 2021, cuando finalizó el estado de excepción constitucional de catástrofe, y en total se presentaron casi 300 mil solicitudes. La licencia se extendía por un periodo de 30 días, el que podía renovarse por un máximo de dos veces.

Consalud argumenta en su demanda que la ley definió que las isapres debían pagar los subsidios directamente de su patrimonio, los cuales, según la compañía, por su naturaleza, son ayudas estatales.