En la reforma previsional, el gobierno quiere subir el tope imponible de cotización, igualándolo al que se usa para el seguro de cesantía, es decir, desde las actuales UF81,6 ($2.792.000) a UF122,6 ($4.195.000), esto es, un alza de 50%.

Al respecto, el proyecto que el gobierno planea ingresar esta semana al Congreso, detalla que habrá gradualidad para subir dicho tope imponible en la cotización individual de cargo del trabajador (10,5%), pero no habrá gradualidad en el caso del tope imponible para la cotización adicional del 6% de cargo del empleador.

En concreto, el cuerpo legal dice que “con el propósito de incrementar el valor de las pensiones de las personas cuya remuneración imponible está topada para efecto del pago de cotizaciones, se propone aumentar el actual tope imponible desde 81,6 unidades de fomento hasta aquél actualmente utilizado para el pago de las cotizaciones al Seguro de Cesantía, que corresponde a 122,6 unidades de fomento. Este aumento será gradual, igualándose ambos topes imponibles al cabo de 5 años”.

Pero luego agrega que “en el caso de la cotización de 6% de cargo de las y los empleadores, el tope imponible será desde un comienzo igual al actualmente utilizado para el pago de cotizaciones en el Seguro de Cesantía, lo cual permitirá una mayor solidaridad inter e intrageneracional”.

El tope imponible corresponde al límite que establece el monto máximo de la remuneración que será sujeto a cotización previsional, el cual se reajusta de forma anual. Actualmente quienes tienen un sueldo mayor a UF81,6 en realidad solo cotizan su 10% obligatorio para pensión sobre este último monto, y todo lo que ganan por encima de eso, va a su bolsillo, aunque previamente deben descontar impuestos.

Si bien un alza del tope imponible se traduce en una baja del sueldo líquido que reciben aquellas personas que tienen salarios superiores a UF81,6, como el ahorro para jubilación es antes de impuestos, se podría producir una menor disminución de la esperada.

De acuerdo a un análisis hecho a fines de septiembre por Ciedess en base a datos de la Superintendencia de Pensiones, “a junio de 2022 existía un total de 5.875.184 cotizantes en el sistema de pensiones, de los cuales el 7,2% aportaban por el tope imponible (UF81,6). De este modo, un aumento en el tope imponible afectaría directamente a este último segmento, es decir, a 423.109 cotizantes”.

Asimismo, el departamento de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción señala que, según información del seguro de cesantía, “para igual mes se tiene un total de 5.079.069 cotizantes, de los cuales 135.364 aportaban por el tope imponible (122,6 UF). De este modo, asumiendo que este último grupo sería el que mantendría un tope imponible de 122,6 UF, se estima un total de 287.745 cotizantes cuyo imponible estaría entre las 81,6 UF (tope actual) y las 122,6 UF (nuevo tope)”.

La idea de subir el tope imponible se viene debatiendo desde hace ya largo tiempo en el país, incluso antes de que lo propusiera la Comisión Bravo en 2015. Así por ejemplo, ya en 2013 el entonces consejero del Banco Central, Joaquín Vial, proponía ajustar de forma gradual el tope imponible de ese momento, a las 60 UF de 1981, lo que significaba pasar de $ 1,6 millones a $ 4,3 millones.

En 2016, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, comentó que “lo lógico es que el tope sea igual para todos”, en referencia a que existe un tope imponible diferenciado para el seguro de cesantía y el resto de las cotizaciones.

Más recientemente, a fines de julio de 2020, la entonces oposición entregó al anterior gobierno del expresidente Sebastián Piñera su propuesta de reforma previsional con ocho ejes. Uno de ellos planteaba ir hacia un sistema de pensiones mixto en el pilar contributivo, el cual debía conformarse a partir de la creación de un componente público, de ahorro colectivo solidario, al que se destine una cotización adicional de 6% de cargo del empleador. Y ahí pedían que todo eso fuera sin tope imponible.

El gobierno anterior analizó esta y otras propuestas hechas por la centroizquierda, pero decidieron no avanzar en modificar el tope imponible dadas las complejidades que veían que podría tener. Entre ellas, analizaron que disminuiría la recaudación de impuestos, considerando que las cotizaciones se pagan antes de impuestos. Asimismo, aumenta el costo para la empresa, ya que el empleador deberá pagar un mayor monto por cotizaciones. En tercer lugar, aumenta el costo para el Estado en licencias maternales, porque el subsidio se calcula en base al salario imponible, y es pagado por el Estado. Y como cuarto punto, aumenta el gasto de licencias comunes.