Traspasos entre relacionadas y un aumento de capital no concretado: el peritaje de las cuentas de Claro, Vicuña, Valenzuela
En el marco de la causa civil de septiembre del 2023, la Junta Acreedora de Liquidación de la constructora Claro Vicuña Valenzuela encargó a Protiviti Consulting Chile una auditoria forense a las cuentas de CVV.
Movimientos entre empresa relacionadas, dividendos pagados y un aumento de capital que no fue tal. son algunos de los aspectos presentados por Vantrust Capital en el marco de las acciones civiles seguidas en contra de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV).
En octubre de 2022, CVV solicitó voluntariamente su liquidación ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, argumentando dificultades financieras insostenibles. Esta decisión implicó la paralización de más de 30 obras en ejecución y el despido de aproximadamente 2.500 trabajadores. La empresa declaró pasivos que superaban los $44.000 millones, incluyendo deudas con acreedores financieros y no financieros.
Vantrust Capital, a través de su Fondo de Inversión Privado Vantrust CVV II, el cual fue diseñado para invertir en facturas y títulos de crédito emitidos por proveedores de CVV, era el principal acreedor con $6.551 millones. El 5 de enero de 2023, Vantrust Capital presentó formalmente una querella contra los accionistas de CVV, acusándolos de administración desleal del patrimonio del fondo por los presuntos delitos de “quiebra o liquidación fraudulenta” y “administración desleal de patrimonio ajeno”.
En septiembre 2023, con el objetivo de resguardar los derechos de los acreedores, Vantrust Capital interpuso ante el 9° Juzgado Civil, acciones revocatorias en contra de Claro, Vicuña, Valenzuela y su matriz por una suma superior a $1200 millones, por transferencias realizadas dentro del denominado período sospechoso.
Pero el 29 de octubre de 2024 se presentó ante el 4° Juzgado de Garantía la ampliación de la querella, donde acusa a la constructora y al gerente general, Gustavo Molina Vicuña; Guillermo Rodríguez Salgado, gerente de administración y finanzas, y aquellos que resulten responsables de cometer el delito de disminución dolosa del activo o aumento doloso del pasivo, con el objetivo de perjudicar a los acreedores en el contexto de un procedimiento concursal de liquidación.
Las conclusiones del peritaje
Es en el marco de la causa civil de septiembre del 2023, la Junta Acreedora de Liquidación de la constructora Claro Vicuña Valenzuela encargó a Protiviti Consulting Chile una auditoria forense a las cuentas de CVV.
El informe analizó transacciones con empresas relacionadas, movimientos que se realizaron de forma previa “al proceso de solicitud de quiebra”. Según información obtenida de los registros contables y cartolas bancarias de CVV, “se identificaron transacciones de movimientos de efectivo durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022, previos al proceso de solicitud de quiebra, por un monto total de M$2.848.952″, dice el estudio.
Además, en el proceso de revisión de las transacciones, “observamos, para los meses de agosto, septiembre y octubre 2022, ciertos ajustes en los registros contables que compensaban cuentas por cobrar contra cuentas por pagar del Grupo CVV, por un monto de M$429.479. Lo anterior, demuestra que dichos ajustes implicaron rebajar las cuentas por cobrar al Grupo CVV dos meses antes en que la sociedad CVV solicitara su proceso de quiebra”.
En el caso de los dividendos, “de acuerdo con lo que muestran los registros contables”, el estudio concluyó que “el día 14 de mayo de 2021 y, según lo muestran las cartolas bancarias, se realizó un primer pago por M$1.030.000, mientras que el día 28 de diciembre de 2021 se realizó un pago por M$185.629, lo que da un total de M$1.215.629 (diferencia de M$91 con lo provisionado)”.
Junto con ello, el informe detalló que al 31 de diciembre del 2021 se realizó una provisión de dividendo de M$ 428.547 cuyo monto, según los registros contables, fue reversado el día 31 de mayo de 2022.
Pero el peritaje también encontró otros movimientos. En su análisis, detectó que con fecha del 27 de diciembre del 2018 y según los registros contables y cartolas bancarias, “se efectuó una salida de dinero de la cuenta corriente Banco BCI por M$2.500.000 con cargo a la cuenta corriente de empresas relacionadas de Grupo CVV”.
“Posteriormente el mismo día 27 de diciembre el Grupo CVV concurre al aumento de capital, cargando a la cuenta corriente bancaria (entrada en efectivo a la cuenta corriente del Banco BCI) de M$ 2.500.000 y abonando la cuenta de capital. Basado en lo anterior, se puede observar que, en el fondo de la operación, dicha transacción no representa un aumento de capital real enterado por Grupo CVV, dado que, esto fue generado vía cuenta corriente entre empresas relacionadas y al 31 de agosto de 2022 el saldo ascendente a M$2.500.000 aún se mantiene pendiente por cobrar”, detalla el reporte.
Así, concluyó que “se puede interpretar que es una transacción que tiene como resultado mejorar la posición financiera y económica de la sociedad, pero, tal como lo demuestran los registros contables y los movimientos en cartolas bancarias, y si analizamos el fondo sobre la forma, este capital no habría sido enterado de forma efectiva”.
Los arbitrajes
En paralelo, a las acciones civiles y penales, Vantrust presentó en enero de 2023 cinco procedimientos arbitrales ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, debido a incumplimientos de aportantes en el pago de llamados de capital.
Actualmente, los juicios arbitrales han superado las etapas de discusión y conciliación, y se encuentran en la fase de prueba, en la que las partes deben presentar medios probatorios que respalden sus alegaciones.
El próximo mes, se retomarán estas diligencias de prueba bajo la dirección de la árbitro Luz María Jordán. Será la primera vez desde la quiebra que los ejecutivos de CVV –Gustavo Molina Vicuña, gerente general, y Guillermo Rodríguez Salgado, gerente de administración y finanzas, además de otros relacionados directa o indirectamente en el fondo de inversión– deberán responder en el proceso arbitral a cuestionarios de manera personal y presencial.
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