Antes de las juntas de accionistas de este año existían muchas expectativas de que se elevaría significativamente la participación de las mujeres en los directorios de las grandes empresas. Sin embargo, eso no pasó, ya que su presencia aumentó levemente desde 6,4% a 9,4%.

Una de las entidades que más promovió la generación de un cambio fue la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS). En ese contexto, la primera y única directora de la mayor plaza bursátil local, Jeannette von Wolfersdorff, analiza la persistente falta de diversidad en los altos cargos de las grandes empresas, donde cuestiona que los que tienen el poder se sienten cómodos ante esa carencia.

Además, en su calidad de directora del Observatorio del Gasto Fiscal de Chile, advierte que existe poco énfasis en estudiar cómo se gastan los recursos públicos para hacer más eficiente el proceso, que existen conflictos de interés en el resguardo de ellos, que hay una crisis institucional en el control de la gestión estatal y que hay ciertos riesgos en la consulta pública que inició ChileCompra ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

-¿Cómo ve el leve aumento de las mujeres dentro de los directorios de las empresas del IPSA, tras el periodo de juntas de accionistas?

No ha habido elecciones de directorio en todas las empresas, pero el resultado de las últimas juntas de accionistas es decepcionante en materia de diversidad. Parece impresentable después de lo tanto que se conversó sobre la diversidad antes, y después de haber sido destacado en el Yearbook de RobecoSAM, como uno de dos países del mundo con menos diversidad de género en el board room de empresas listadas. Se esperaba más voluntad de los grupos empresariales grandes, en pro de la diversidad.

-¿Qué importancia tiene?

La falta de diversidad -en todo sentido- es preocupante porque vivimos en tiempos de disrupción digital. Sin diversidad en su directorio y alta gerencia, las empresas no entenderán la diversidad de oportunidades o riesgos fuera de la empresa. Innovar significa pensar distinto, lo que no es posible si todos piensan iguales. De hecho, según el último Índice de Funcionamiento de Directorios de Virtus Partner y UAI, el 52% de los directores y gerentes encuestados afirma que su directorio no está preparado para enfrentar la cuarta revolución industrial. Este dato debería hacernos reflexionar profundamente.

-¿Qué tan importante sería aumentar la participación de las mujeres dentro de la propia Bolsa de Santiago?

Todas las empresas, incluida la Bolsa, requerirán diversificar más su mindset, para no solo sobrevivir, sino para ojalá poder navegar en la delantera de una economía digital que es crecientemente volátil, llena de oportunidades, pero de grandes riesgos también.

-Según un análisis que realizó Pulso hace algunas semanas al perfil de los directores de las compañías IPSA, la mayoría son hombres, chilenos, ingenieros y provienen de universidades tradicionales. ¿Cómo evalúa esto en términos de la necesaria diversidad en el mundo de los negocios?

Lo estático del perfil de los directores de las compañías IPSA está opuesto a lo disruptivo que es el entorno. Transmite un mensaje principal: que los que tienen el poder sobre las empresas hoy están contentos con la forma cómo se reparte este poder en el directorio – sin mayor diversidad y con la "comodidad" del group thinking- que no obstante distorsiona o dificulta debates, controles e innovación.

-¿Qué medidas se podrían tomar para fomentar una mayor diversidad dentro de las grandes empresas?

Vaclav Havel, político, escritor y dramaturgo checo habló en uno de sus discursos sobre el poder. Dijo que las personas de poder se convierten fácilmente en prisioneros de su posición, de sus ventajas, de su función. Hay algo mortífero en esa tentación: El hombre se petrifica en su propio busto. Lo menciono para destacar cuan importante es que las personas con poder en las empresas chilenas empiecen a cultivar lo que Havel llama un "espíritu de alerta". Que sospechan de si mismos, que no estén cómodos sobre los éxitos ya logrados. Hay mega desafíos por delante por los cambios tecnológicos, y también, por desafíos como el cambio climático. Por ejemplo, en materia de sostenibilidad y transparencia, los datos muestran que las empresas líderes en el ámbito ESG en Chile, están detrás de empresas líderes de Colombia y Brasil. Faltar salir de nuestra comodidad, y para ello, se requiere de más diversidad. Bastaría que los grandes grupos empresariales, los controladores de las empresas, se tomen ello como objetivo.

-¿Cómo evalúa el gasto público en Chile?

Para controlar el déficit fiscal se implementó en 2001 la regla de Balance Estructural, con una meta precisa: no gastar más de lo que se tiene, y así cuidar el equilibrio fiscal para las actuales y futuras generaciones. Aunque en los últimos años, hemos visto un empeoramiento de este equilibrio, con una deuda bruta llegando al 26% del BIP (2018), destaca positivamente que el país está preocupado de contener la deuda, y que ésta, comparado con el escenario internacional, todavía es baja. Ello sigue siendo una fortaleza del sistema chileno.

De lo contrario, la mayor debilidad del sistema chileno es el hecho de que los datos fiscales son casi exclusivamente usados por economistas para análisis macro-económicos. Pareciera que nuestro país -incluido el Ministerio de Hacienda- estaría más preocupado del equilibrio fiscal, que de la pregunta para qué se gastan los recursos públicos. Preocupa que todavía ningún gobierno haya definido, ni analizado ni publicado objetivos, ni resultados de su propio gasto. No se trata de un problema de transparencia fiscal, sino de un problema de gestión pública.

-¿Qué medidas se podrían tomar para hacerlo más eficiente y transparente?

A nivel normativo, la Constitución, las Bases generales de Administración del Estado o la Ley de Administración Financiera del Estado proclaman un Estado eficaz y eficiente. Pero, sin consensuar, fijar y transparentar los objetivos del gasto presupuestario, en la actualidad, ni el propio Estado puede evaluar de forma sistémica si es eficaz ni si es eficiente. Si eso haya sido aceptado en el pasado, en el futuro será inviable. De hecho, si no hay mejoras, pienso que, en el futuro hasta pueda haber acciones judiciales de contribuyentes, por un cierto abandono de deberes del Estado, frente a su responsabilidad de cuidar el buen uso de los recursos públicos.

Vivimos en tiempos en los cuales nuevas mega-tendencias están presionando sobre las arcas fiscales, con una revolución tecnológica ad portas que no solo automatizará el empleo, sino que también llevará a la prolongación de la vida de las personas. Ello pondrá en duda la viabilidad del financiamiento de pensiones y salud pública, mucho más allá del debate actual. ¿Cómo financiaríamos estas futuras demandas de la sociedad? Para ello, la política fiscal del futuro exigirá revisar continuamente el "stock" de gasto público, con el objetivo de ajustarlo según las necesidades de la actualidad. Más que solo esperar recibir nuevos ingresos tributarios para cubrir nuevas demandas, nuestro sistema fiscal deberá ser capaz de eliminar gasto innecesario, para invertirlo en nuevos objetivos.

-¿Cómo se conseguiría eso?

Para lograr eso, se requerirá de una reforma presupuestaria, que primero defina objetivos para el gasto de la Ley de Presupuestos. Así, se podría priorizar el gasto según objetivos de la actualidad, en vez de sostener ad eternum programas antiguos, que, en realidad, ya no son pertinentes. Así, también se podría medir -finalmente y de verdad- la eficacia y eficiencia del gasto, integrando datos financieros y datos no-financieros, y -ojalá- tanto datos públicos como datos personales disponibles. ¿Alguien está mejor después de cuánto gasto? ¿Cuánto mejor?, deberían ser preguntas que se podrán contestar en futuro.

-¿Existen conflictos de interés para cuidar los recursos?

El Congreso debería tener como rol natural monitorear la eficacia y eficiencia del gasto público actual, para así elaborar nuevas propuestas de políticas públicas, o para poder debatir el proyecto de Ley de Presupuestos. No obstante, el Congreso todavía no tiene la capacidad de analizar el gasto público. No veo que ello sea accidental, sino más bien la consecuencia de ciertos conflictos de interés que se dan a raíz de la actual función "representativa" de los parlamentarios.

Este trabajo no está definido como parte del trabajo legislativo, lo que hace que, en la práctica, los parlamentarios se convierten en su semana distrital en lobistas frente a alcaldes y gobierno de turno, solucionando hoyos en calles, entregando cheques para programas de apoyo, y tratando de solucionar problemas de alcantarillados, viviendas sociales, ejecución de obras públicas, entre otros. Los parlamentarios que no solucionan este tipo de problemas, tendrán un complejo escenario para su re-elección, dado que prácticamente todos hacen esta labor en terreno. El problema de fondo de este tipo de "trabajo representativo", es el hecho de que, entonces, el parlamentario tendrá como objetivo maximizar la llegada de fondos públicos a su distrito.

En consecuencia, se puede observar que parlamentarios de todas las bancadas protegen a "sus" programas gubernamentales, aunque estén mal evaluados. Es allí, cuando se cruzan los intereses de los parlamentarios con el interés del Ministerio de Hacienda. De hecho, si este eliminara programas mal evaluados, o programas que ya no son pertinentes, correría el riesgo de no recibir votos para sus proyectos de leyes.

-¿Considera que hay una crisis en esta materia?

No hay una crisis institucional puntual en esta materia, pienso que la crisis es más amplia, y que estamos viviendo una cierta crisis institucional, general. Cuando las naciones no avanzan, es porque no existen los incentivos adecuados para sus instituciones, y eso es lo que está pasando en Chile.

Si no se logra controlar mejor la gestión estatal, cualquier gobierno que venga corre el riesgo de des-legitimizar su recaudación tributaria y, en consecuencia, a des-legitimizar la gestión estatal como tal. Sobre esta base, es probable que se levanten llamados a reducir el Estado al mínimo posible, cayendo en populismos extremos. En este sentido, habría que entender la importancia y urgencia de impulsar reformas al Estado, lo que debería incluir reformas profundas y verdaderas para mejorar el control y la rendición de cuentas del gasto público, además de reformar el empleo público, para que esté no sea lastre, sino motor para la futura gestión estatal. Veo el Gobierno muy ensimismado todavía, a la hora de tener que gestionar un acuerdo político amplio para la muy necesaria reforma del Estado. Ha llegado la hora de liderazgos políticos que muestran que la política es el arte de lo posible, y no de la pelea chica.

-¿Cómo ve la consulta que presentó ChileCompra ante el TDLC?

Con apoyo del Estudio Bravo, el Observatorio de Gasto Fiscal se ha hecho recientemente parte en una consulta en curso, respecto a las bases tipo de compra centralizada que ChileCompra desea realizar para papel multipropósito. Nos parece de alta importancia, dado que es una especie de "piloto" para futuras compras centralizadas, por lo que debe ser analizada con detención.

Por una parte, es positivo que ChileCompra haya presentado esta consulta de forma voluntaria y abierta. Pero para nosotros, que analizamos permanentemente los niveles de competencia y concentración en el mercado público, es indispensable que la centralización de ciertos tipos de compra no afecte negativamente los precios y la competencia. Si, por ejemplo, no se definen bien los lotes de una gran compra para permitir que proveedores más pequeños también puedan hacer ofertas, los beneficios de esta modalidad podrían ser inferiores a sus riesgos de concentración. Por ello, estamos elaborando un documento sobre este y otros aspectos que nos parecen importantes que el TDLC tenga en consideración.

Estimamos indispensable una total transparencia sobre este proceso, especialmente respecto de los análisis de costo beneficio que justifican estas grandes compras, hoy en papelería, mañana en la industria farmaceútica.