En los últimos meses ha ido creciendo la preocupación en el sector privado, en particular a nivel de directorios y alta gerencia, sobre la implementación y el impacto que podría tener en su labor la Ley N° 21.121, que modificó el Código Penal y la legislación sobre lavado de activos, pues introdujo la tipificación de nuevos delitos.

Entre ellos, son dos los que despiertan mayor inquietud en el mundo empresarial: la negociación incompatible entre privados y la administración desleal de patrimonios. El primero tiene que ver con conflictos de interés entre los objetivos personales de una persona y las funciones que les son confiadas, mientras que el segundo sanciona a quienes gestionan un patrimonio ajeno y abusan de sus facultades o ejecutan u omiten realizar acciones que van contra el interés del titular del patrimonio afectado.

A cerca de 10 meses desde que entró en vigencia la nueva legislación, las preocupaciones se han vuelto realidad.

Desde noviembre hasta mediados de agosto, el Ministerio Público ha abierto 31 investigaciones por el ilícito de administración desleal. Así lo reveló este miércoles Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada en Lavado de dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco) del Ministerio Público, al exponer en la IX Jornada de Gobierno Corporativo, organizada por el Centro de Gobierno Corporativo UC (CGC UC), donde se abordó el tema.

Del total, 18 se han abierto en la Región Metropolitana, seguida de El Maule (6), Atacama (3), Coquimbo (2), Bío Bío (1) y Los Ríos (1).

"La mayoría ha sido iniciada por querellas, con todo lo que eso significa en términos de menores márgenes de maniobra para desestimar cuando la querella o los antecedentes no tienen fundamentos serios. En concreto, 24 han sido por querellas y el resto por denuncias", explicó Fernández.

Además, indicó que "los rubros o las áreas empresariales o de actividad económica donde se han presentado, entre otras, son empresas familiares, cooperativas, asociaciones gremiales, una fundación de beneficencia, factoring, universidades, constructoras, inmobiliarias, empresas de transporte, etc.".

Solo una de las investigaciones se inició en 2018, mientras que el resto se abrieron durante el presente año. Y solo una de ellas ya terminó con sobreseimiento del acusado, por lo que el resto sigue en desarrollo.

En paralelo, dijo que en la Fiscalía no han podido obtener estadísticas sobre las investigaciones ligadas a la negociación incompatible de privados, pues el sistema agrupa en un único código estadístico los casos que involucran a funcionarios públicos y a directores y ejecutivos del sector privado.

En el seminario organizado por la PUC también expuso Vivianne Blanlot, exministra durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y quien actualmente se desempeña en varios directorios de grandes empresas, entre ellos, en Colbún y CMPC, controladas por el grupo Matte.

En ese contexto, dio a conocer que en el sector privado están en alerta ante las implicancias de la nueva legislación.

"Genera un desafío descomunal en términos de poder hacerle frente de forma exitosa a la nueva ley y, además, uno de los aspectos quizás más centrales de esto es que desde el punto de vista de los directores es el problema de interpretar una cantidad de conceptos que considero difusos", sostuvo.

Añadió que antes de pensar en cómo se aterriza el nuevo marco legal a los modelos de prevención del delito que ya existen, quizás sería más urgente plasmar la ley en normas aplicables porque la cantidad de responsabilidades que, a su juicio, se asignan a los directores en asuntos cotidianos como la negociación incompatible y la administración desleal, hacen imposible que éstos puedan decir si están cumpliendo o no.

"Los riesgos en el corto plazo para los directores y para los ejecutivos principales de una empresa son descomunales. No solamente tenemos que entender cómo tenemos que comportarnos y cuál es el límite, sino que, además, tenemos que tratar de adivinar cómo se interpretará cuando haya una querella y llegue a los tribunales", indicó.

Dado lo anterior, enfatizó que este tema debería ser conversado juntando la experiencia de la administración de empresas, de la comunidad legal especializada, de los autores intelectuales y del mundo político, con el fin de buscar una solución.

"La esperanza es que salgamos de este atolladero con una aclaración, no solo de los conceptos en la ley, sino que también con algunos insides de cómo se interpretará en los tribunales. Si eso no ocurre, la verdad es que vamos a tener una acumulación de querellas, será muy posible y muy fácil usar esta ley para prácticas bastante cuestionables, para que la competencia a través de palos blancos esté levantando querellas, para que un sinnúmero de personas que tienen conflictos entre ellas vean la manera de estar atacando al contrincante", advirtió.