Cada vez se va consolidando más el sistema nacional que combate el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Al menos así lo reflejan las cifras.

Según la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo que busca prevenir e impedir que se utilicen el sector financiero y otras áreas de la economía para cometer dichos ilícitos, durante el primer semestre de este año recibió 2.364 reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de las 7.240 personas naturales y jurídicas que están obligadas a reportar.

Esa cifra representa un aumento de 2,9% en relación a igual periodo de 2018.

Tras recibir estos reportes, la UAF aplicó procesos de inteligencia financiera a cada uno, en los que incluyó información de sus bases de datos, con lo cual detectó que en 423 ROS existía un claro indicio de los mencionados delitos, los cuales los derivó al Ministerio Público por medio de 46 informes de inteligencia para que iniciara las respectivas investigaciones.

Esta cantidad equivale a un alza de 265% respecto de los ROS detectados en el mismo lapso del año previo y es la cifra más alta desde que hay registro (2005), superando incluso las estadísticas anuales.

La mayoría de dichas operaciones fueron reportadas por las emisoras u operadoras de tarjetas (190). Más atrás se ubicaron las enviadas por los bancos (127), los casinos de juego (46), las instituciones públicas (19) y los corredores de bolsas de valores (11).

"Cada año estamos recibiendo reportes de mejor calidad de parte de los sujetos obligados, lo que nos permite detectar con mayor precisión indicios de lavado o financiamiento del terrorismo. Esto, en gran medida, por las actividades de retroalimentación que hemos realizado con los sectores financiero y no financiero, en las que les señalamos qué información debe contener un ROS y qué antecedentes se deben acompañar en dichos reportes, de modo que el análisis que de ellos haga la UAF sea eficiente", explicó el director de la UAF, Javier Cruz.

Sobre los informes enviados al Ministerio Público, Cruz enfatizó que "los reportes contienen sospechas. Por eso su análisis debe ser riguroso, ya que ello puede derivar en una investigación por lavado o financiamiento del terrorismo con, por ejemplo, métodos intrusivos y encubiertos de investigación policial. De ahí que la UAF envíe a la Fiscalía casos en los que se tienen antecedentes fundados de que existen indicios de dichos delitos".

Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, enfatizó que "las entidades financieras no son las únicas que pueden ser vulneradas o mal utilizadas para captar, invertir o enviar dineros obtenidos ilegalmente. De ahí la importancia de la labor preventiva que realiza la UAF regulando y capacitando tanto al sector público como al privado. Clave además es la coordinación que existe entre los distintos organismos encargados de la prevención, detección, persecución y sanción penal del lavado de dinero, que suma a más de 200 personas actualmente condenadas por ese delito".

De los más de 2.000 reportes de operaciones sospechosas enviados por las entidades obligadas a informar a la UAF, el sector más activo fue la banca, que emitió 836 documentos.

En segundo lugar, se ubicaron los casinos de juego (550), las AFP (195), las corredoras de bolsa (169), las empresas de transferencia de dinero (117) y las emisoras u operadoras de tarjetas (109).

A su vez, las instituciones públicas, que desde febrero de 2015 están facultadas para reportar al organismo fiscalizador, remitieron 51 ROS en el primer semestre.

En paralelo, entre enero y junio la entidad supervisora fiscalizó en terreno a 65 sujetos obligados a reportar a lo largo del país, superando los 55 de igual lapso de 2018. Entre ellos se encuentran administradoras de fondos de inversión, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, corredores de propiedades, usuarios de zonas francas, casas de cambio, notarios, cooperativas de ahorro y crédito, corredores de bolsas, empresas de factoring, empresas de transferencia de dinero, casinos de juego y emisoras u operadoras de tarjetas.

También inició 160 procesos sancionatorios por incumplimientos a las medidas preventivas establecidas en la Ley 19.913, que creó la UAF y modificó diversas disposiciones en materia de lavado de activos, y en las circulares de la entidad fiscalizadora.

"Si bien la UAF puede aplicar sanciones administrativas por infracciones detectadas a la normativa antilavado, lo cierto es que las 107 condenas de los Tribunales de Justicia chilenos nos demuestran que en Chile sí se lavan activos. Por eso es deber de todos protegernos. Todos debemos desarrollar mecanismos para enfrentar y combatir este delito", enfatizó Cruz.