Así será la batalla contra los residuos en Chile




Finalmente Chile tendrá un sistema de gestión de residuos. Hace más de diez años que se viene trabajando a nivel de gobierno una propuesta para que Chile tenga un sistema de gestión de residuos, que vio la luz a mediados de agosto con el envío de un Proyecto de Ley que traza los principales ejes en este tema.

El año pasado, cuando el gobierno anunció la reforma tributaria se hizo un guiño al tema ambiental con los llamados Impuestos Verdes, que suponía una tributación especial para las empresas que contaminaran. Sin embargo, este fue retirado pues no estimulaba el reciclaje, tenía un fin netamente recaudatorio y no exigía a las empresas hacerse cargo de los residuos que generaban.

EMPRESAS DEBERÁN HACERSE CARGO
El sistema adoptado es la REP (Responsabilidad Extendida del Productor), que es lo que se utiliza en la mayoría de los países de Europa y Estados Unidos para buscar una solución a este problema.

La REP pone parte de la responsabilidad en el productor, es decir, en quien pone los residuos en el mercado. Lo define como "la persona que independiente de la técnica de comercialización, vende un producto por primera vez en el mercado nacional, vende bajo marca propia un producto adquirido de un tercero que no es el primer distribuidor o importa un producto prioritario para su propio uso profesional". 

A estas empresas se les impondrán metas -no definidas aun- que deberán cumplir. Por ejemplo, un supermercado que vende productos de marca propia deberá hacerse cargo de gestionar los residuos para cumplir una cierta meta que se establecerá para cada industria en reglamentos que se definirán una vez aprobada la ley.

Para esto se definieron nueve productos prioritarios:  Aceites y lubricantes; aparatos eléctricos y electrónicos incluidos lámparas y ampolletas; diarios, periódicos y revistas; envases y embalajes; medicamentos; neumáticos; pilas y baterías; plaguicidas caducados y vehículos.

La ley señala que los productores son responsables de la organización y financiamiento de parte de la gestión de residuos de productos que comercialicen en el país.

También son responsables de registrarse y asegurar el tratamiento de los residuos recolectados, proceso que debe ser hecho por gestores autorizados que son personas o empresas que cumplirán esta labor.  

Los productores podrán realizar esta labor de manera individual o colectiva, a través de un mecanismo llamado sistema de gestión.  

Así, el proceso de tratamiento de residuos, en el que se evalúa si el residuo se reutiliza, recicla y se revaloriza, dependerá de gestores de residuos que se encargarán de esta tarea y de proveer este servicio a las empresas.

Los productores además podrán celebrar contratos con municipios si lo estiman conveniente. Como consecuencia, se abrirá un nuevo mercado de sistemas de gestión: estos podrán realizar convenios con municipios, recicladores de base u otros actores para luego proveer a los productores de los materias que hayan puesto en el mercado y poder cumplir con las metas.

Los municipios también tendrán apoyo. El proyecto de ley estipula la creación de un fondo para las municipalidades destinado a financiar proyectos, programas, estudios y acciones a favor del reciclaje.

Además reconoce el rol de los recicladores de base y señala que se "propende a su formalización" en el nuevo marco normativo.

La fiscalización de las empresas estará a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente. Para esto se establece un sistema de registro que usa la plataforma del existente Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes que tendrá información de los productores obligados, los gestores de residuos autorizados y los sistemas integrados de gestión, así como de las metas  y las relaciones contractuales entre las distintas partes.

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