Caso Cascada: Cuprum alista demandas civiles y se suma a Capital y Provida
AFP Cuprum se decidió. Tras analizar todas las alternativas posibles, la administradora habría optado por seguir acciones civiles en el marco del Caso Cascada.
De esta forma, la AFP buscaría resarcir los daños que el esquema detectado por la Superintendencia de Valores y Seguros en el Caso Cascada, habría provocado sobre los fondos de pensiones bajo su tutela.
Así Cuprum -que concentra el 9% de los cotizantes según cifras de la Superintendencia a julio de 2014- se sumaría a las acciones civiles iniciadas por Capital contra Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán, Leonidas Vial, en mayo pasado, cuyo monto de los perjuicios demandados asciende a aproximadamente US$7 millones; y a Provida, que ingresó una demanda contra Leonidas Vial.
En tanto, AFP Habitat presentó a fines del año pasado una querella contra quienes resulten responsables de uso de información privilegiada y manipulación bursátil.
A la espera
Planvital sólo espera la aprobación del directorio para enviar la respuesta al oficio enviado por la Superintendencia de Pensiones (SP) a las AFP para que cuantificaran e informaran si los efectos del caso Cascada provocaron perjuicios a los fondos de pensiones que administra y las acciones legales que emprenderá para resarcir eventuales pérdidas.
Y es que Planvital fue la única AFP que solicitó la extensión del plazo -concedida por cinco días hábiles que vencen este viernes.
Esto, porque la administradora estaba esperando el informe que encargaron al economista Felipe Morandé para que determinara si existieron o no perjuicios para los fondos de pensiones de esa AFP y de ser así, a cuánto ascendería las pérdidas.
Es esta información -el informe de Morandé- la que debía ser aprobado por el directorio de Planvital.
Una vez evaluado en la mesa de la AFP se enviaría la respuesta a la solicitud del regulador.
Comenzó análisis de SP
Tras recibir las respuestas de Capital, Cuprum, Habitat y Provida, el regulador de pensiones ya comenzó el análisis de la información entregada. Con esto comienza una segunda etapa, en la cual la Superintendencia intercambiara información con los regulados.
En esta etapa de “consulta”, el organismo puede solicitar más datos, aclaraciones o precisiones a la información entregada por los actores del sistema. Conocedores del proceso explican que no es sólo sumar los perjuicios calculados por cada entidad, sino que la base de cálculo debe ser consistente para todos.
Si bien hoy trabajan en precisar algunas respuestas, la SP requiere de la respuesta de Planvital para hacer el análisis agregado.
Con toda esta información, el regulador emitiría a mediados de octubre el informe agregado, en el cual cuantificará las pérdidas de los fondos de pensiones producto del Caso Cascadas.
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