CMPC podría quedar liberada de multa en Perú tras acogerse al "programa de clemencia"




Las noticias que llegaban desde Perú en 2014 sobre una investigación por supuesta colusión en el mercado del tissue dieron las primeras alertas en CMPC.

Tras ello, la empresa decidió iniciar una investigación interna, que derivó -tal como señaló PULSO- en acogerse a la opción de la delación compensada ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y en la salida de ejecutivos.

Pero fue recién el 1 de diciembre cuando el Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia y la Protección a la Propiedad Intelectual (Indecopi) de ese país decidió iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contra Protisa, la filial peruana de la compañía ligada al Grupo Matte, y la multinacional Kimberly Clark. Ambas empresas son los principales actores del mercado y en 2013 concentraban el 88% de las ventas del sector, que se calculan en US$ 237 millones.

Según explicó Jesús Espinoza, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, “este presunto acuerdo habría sido realizado entre los años 2005 y 2014”.  Ambas compañías, agregó, “habrían acordado la fijación concertada de precios y condiciones comerciales como descuentos y promociones” en el mercado del papel higiénico y otros productos del área tissue como servilletas, pañuelos y papel toalla.

La evidencia inicial con la que cuenta la autoridad peruana incluye correos y archivos electrónicos, información escrita que fue entregada por las  empresas en el marco de la investigación que fue realizada en los últimos meses, testimonios, agendas físicas y facturas de hoteles. “Las facturas de hoteles permiten vincular la forma de la que se habría dado el contacto entre las empresas competidoras”, puntualizó Espinoza.

Pese a que la investigación está en su etapa inicial y que se tiene un plazo de un año y medio para que concluya, CMPC podría quedar exonerada del pago de posibles multas.  Este beneficio está directamente relacionado con que la compañía fue la primera en acogerse al Programa de Clemencia que es el símil peruano a la opción de la Delación Compensada que se aplica en Chile.

Sin embargo, para que esto se haga efectivo, la compañía deberá colaborar en todo momento con la autoridad en lo que a entrega de información se refiere y recibir, al final del proceso, la venia de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Pero más allá de lo que en esa última instancia se decida, las multas, si se establecen, serán considerablemente menores a las que contempla la norma porque así está establecido en el procedimiento.

Con esto en mente, y de acreditarse la colusión, Kimberly Clark, que no se acogió al Programa de Clemencia en primer lugar, quedaría expuesta al pago de multas que parten en los US$ 600 mil o hasta el 8% de los ingresos de la compañía si se califica la infracción como leve, pero se pueden elevar hasta el 12% de los ingresos de la sancionada si la infracción es considerada grave.

Lo que no está claro en la legislación, y así lo aclaró Espinoza, es si se trata de los ingresos locales o  de la matriz. “Las multas tienen relación con los beneficios por ganancias supra competitivas”, agregó.

Adicionalmente, la autoridad peruana está investigando a 17 personas naturales que son o fueron ejecutivos de las compañías y que arriesgan multas de poco más de US$ 100 mil. Por el lado de Protisa, se investiga al  ex gerente general, Salvador Calvo, al gerente comercial, Juan García, y a los gerentes de ventas Hugo Chau y Carlos Castillo.

Eso sí, el número de personas naturales investigadas podría aumentar en la medida que avance el proceso.

Reserva de identidad

Lo que viene ahora es que ambas compañías formulen sus descargos respecto a la investigación frente a la autoridas. Luego se da inicio a una etapa probatoria.

Según comentó Espinoza, este es el primer caso del Programa de Clemencia que se hace público porque la empresa ligada al Grupo Matte renunció a la reserva de identidad que la instancia asegura. Consultado por las razones, Espinoza aseguró a Pulso que “cualquier afirmación que haga es especulativa”. Y agregó: “Tendrían que preguntarle a la empresa qué fue lo que la motivó a decir que está colaborando con la autoridad”.

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