Defensoría de la Discapacidad y Senadis 2.0: las ambiciosas metas de Sebastián Piñera

No basta una ley para hacer realidad la inclusión laboral, se requiere de una política activa de promoción del Estado". Con esta frase, -sacada de las propuestas del actual Presidente Sebastián Piñera durante su período de campaña, la actual administración deja clara la importancia que tendrá este tema no sólo por la implementación de la nueva Ley de Inclusión Laboral que empieza a regir en abril, sino también por la institucionalidad que se debe armar por detrás, la que debe estar al altura del cambio que comenzará a ocurrir en las organizaciones y la sociedad en general. De hecho, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) depende el Ministerio de Desarrollo Social, ministerio elevado a las carteras políticas de la Administración que comenzó el domingo.

[ze_adv position="adv_300x100" ]

Concretamente, el gran cambio sería la creación de una Defensoría de la Discapacidad, así como de un Senadis 2.0, con un mayor brazo operativo y enfocado también a fuertes transformaciones culturales. "Proponemos reorientar y focalizar la asignación de los recursos de capacitación para personas en situación de discapacidad (PeSD), implementando un trabajo articulado con el mundo empresarial, generando alianzas que permitan la creación y mantención de empleos para PeSD, teniendo en cuenta distintas metodologías como el Empleo con Apoyo, entre otras", dice el programa.

[ze_adv position="adv_300x250-A" ]

Y muy al estilo Piñera le puso plazo: en 6 meses se debería "fortalecer la institucionalidad relativa a la discapacidad en Chile", dice su programa. Y en cuanto al cambio cultural, "que permita terminar con los estereotipos y permitir que la sociedad incorpore los derechos de las PeSD en todos los ámbitos", el plazo son 8 años.

Según Karina Cisterna, directora ejecutiva de AHA Inclusión, lo más difícil será cumplir con el espíritu de la ley, ya que muchas empresas se han visto en la necesidad de hacer el catastro de personas con discapacidad que trabajan actualmente en la empresa, "pues a veces hay limitación de aumentar plazas o dotación a nivel general. No ha sido fácil ya que hasta ahora, la organización desconocía esta información y además, como contexto nacional, cerca del 8% solamente de las personas tiene la credencial de discapacidad", dice Cisterna.

[ze_adv position="adv_300x250-B" ]

La nueva versión del Senadis, dotado de facultades especiales de fiscalización con la implementación de la Defensoría de la Inclusión (o Discapacidad), tendrá como misión defender y denunciar prácticas discriminatorias y arbitrarias. "Un rol importante que podría tener esta defensoría es apoyar el cumplimiento de la ley, asegurando que no se quede en letra muerta", agrega Cisterna.

Además, la idea del nuevo Gobierno -dentro de las 12 medidas anunciadas a mediados de 2017 por el mismo Piñera en materia de discapacidad (ver recuadro)- es trabajar con las municipales para actualizar el registro de personas discapacitadas, elaborando una especie de "mapa de la discapacidad" en Chile.

[ze_adv position="adv_300x250-C-net" ]

El tema no es menor, si consideramos que las últimas cifras oficiales al respecto ya tienen cerca de tres años (II ENDISC 2015). Según las estadísticas oficiales, el 20% de la población adulta en Chile (18 años y más) se clasifica como persona en situación de discapacidad, lo que equivale a 2.606.914 personas. Esto significa que 1 de cada 5 personas en Chile se encuentra o experimenta una situación de discapacidad. Al clasificar a la población en situación de discapacidad, un 11,7% (1.523.949) son PeSD leve a moderada y 8,3% (1.082.965) son PeSD severa.

Para Rodrigo Azócar, profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la implementación de una nueva institucionalidad es clave para que la nueva ley funcione. "Es una bonita ley, pero el objetivo es que funcione y para ello es importante la interpretación e implementación que se haga en este nuevo gobierno", dice el académico, y agrega. "Finalmente la idea es que se genere un cambio de mentalidad más inclusiva dentro de las empresas y si no se crea una especie de Senadis 2.0 que lo lidere desde las políticas públicas, no se generará un impacto muy grande.

Incluso, siguiendo esta línea, las políticas de inclusión de la nueva administración (según se planteó durante el período de campaña) buscará reorientar y focalizar la asignación de los recursos de capacitación del Sence para implementar "un trabajo articulado con el mundo empresarial, generando alianzas que permitan la creación y mantención de empleos para PeSD, teniendo en cuenta distintas metodologías como el Empleo con Apoyo, entre otras", indican textualmente las propuestas de Piñera.