Judicialización les sigue pegando: utilidad sobre ingresos de isapres cerraría bajo el 2% en 2015

Si ya las cifras a septiembre del año pasado daban a entender que las isapres no estaban pasando por un buen período, los datos preliminares al cierre de 2015 confirman el complejo escenario en el que está operando la industria de la salud privada.

A la espera de que se reactive la discusión por la reforma al sistema, en el cual las aseguradoras privadas buscan tener injerencia, la creciente judicialización por el aumento en los precios de planes base de salud sigue afectando el desempeño de las isapres. Es así que al interior de la industria se señala que el ejercicio 2015 mostraría que la utilidad como porcentaje de los ingresos estaría por debajo del 2%, con algunas isapres con resultados operacionales en rojo. En suma, una situación que no distará mucho de lo que revelaron las cifras a septiembre del año pasado, todas por debajo de lo que fue el ejercicio 2014.

En el período septiembre-noviembre 2015, las utilidades de las isapres abiertas se contrajeron en 64%, tras alcanzar los $19.853 millones. Así, a septiembre las isapres anotaron el primer resultado operacional negativo en 16 años tras perder $4.106 millones, frente a la utilidad de más de $36 mil millones de un año antes.

En esa ocasión, la disminución respondió a dos factores: la judicialización y un mayor costo de las prestaciones (12,4%).

“Por una parte, la judicialización afecta los ingresos del sistema al impedir las alzas de los planes y, por otra, provoca un aumento sostenido en los costos del sistema, ya que todos son los que deben pagar las costas judiciales por esta materia. Estimamos que el efecto combinado del menor ingreso y mayor gasto respecto del año anterior, alcanza $15.500 millones a septiembre de 2015, lo que explica casi un 50% de la baja en las utilidades del sistema en este periodo”, indicó en ese momento Rafael Caviedes, presidente de la asociación.

Para Victoria Beaumont, gerente general de la consultora Altura Management, el aumento de la judicialización responde a un fenómeno atípico, “pues no se trata de que las isapres incumplan la ley vigente, sino que las cortes en sus fallos solicitan argumentos que no fueron contemplados en la discusión legislativa”.

Así, agrega que para las aseguradoras privadas se ha transformado en un gasto estructural y que enfrentan “una completa disociación entre lo técnico y lo político. La industria poco puede hacer frente a la judicialización”.

Se genera “la necesidad de respuesta tanto de las cortes como de la Superintendencia de Salud, instancias que también incurren en gastos de gestión y personal adicional. La judicialización no es gratuita para nadie, aunque los abogados insistan en ese slogan comercial para captar clientes”, puntualiza la ejecutiva.

De acuerdo a las últimas cifras de Altura Management, el gasto total para el sistema isapres producto de la judicialización creció 34% hasta $33.586 millones, mientras que el año finalizó con cerca de 133.501 recursos de protección, un 34,7% más que el año previo. No obstante, la cifra se ubicó por debajo de los 150 mil que la Asociación de Isapres proyectó una vez que se conocieron los resultados del tercer trimestre.

Cómo debe responder la industria

Además de la judicialización y el envejecimiento de sus afiliados, la industria debe hacer frente a un incremento en las licencias médicas, así como la incorporación de más tecnología, variables que implican un mayor gasto.

En este sentido, Victoria Beaumont detalla que alguien debe hacer frente a ese aumento, ya sea “a través de primas, copagos o impuestos. Los políticos no han tomado consciencia que es fundamental trasparentar las variables que componen el gasto en salud tanto público como privado y poder trazar líneas sobre estrategias de mitigación de dichas variables”.

Una forma de medir el gasto en salud es la implementación del IPC de la salud, cuya aplicación fue suspendida por la Superintendencia de Salud en marzo de 2014. “En el escenario actual puede transformarse en una variable que dé viabilidad al sistema. Puede que a algunos este hecho los desincentive a legislar al respecto, pues existe un clima temeroso de favorecer a los privados; aunque sea la solución técnicamente correcta”, detalla Beaumont.