La petición que hizo Contraloría al Transantiago que entrampó su actual licitación

El 10 de febrero se cumplieron once años de la entrada en vigencia de una de las políticas públicas más complejas que ha instaurado el país, el Transantiago.

Desde 2006 a 2017, el fisco ha desembolsado más de US$8 mil millones, pero el mismo valor se duplica si se considera el subsidio directo y los fondos espejo (destinados a regiones), lo que transforma la instancia en la política urbana más cara de Chile. Para este año se consideraron otros US$864 millones para este fin, un monto récord.

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Pero pese a la abultada inyección de recursos para la operación del Transantiago, dos de los principales operadores, Subus y Alsacia, se acogieron a la ley de quiebras, la evasión no logra bajar del 20% y la demanda en término de viajes en los buses no detiene su sistemática caída, al tiempo que la tendencia del metro es al alza.

Dado lo anterior, lo único que prometía una mejora en el futuro era un cambio profundo al sistema. Y la ventana a esto se abrió en la licitación de los nuevos contratos de concesión, ya que una primera parte de ellos vencen en octubre de 2018.

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El proceso comenzó en 2015, pero hoy el concurso pareciera estar lejos de ser una solución para el sistema de transportes. Al contrario, se ha convertido en un nuevo dolor de cabeza.

A fines de enero, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLDC) puso freno al proceso tras acoger la denuncia de las empresas Transanber y Santín, que acusaron al Ministerio de Transportes de incluir en sus bases elementos que entorpecieron la entrada de nuevos actores al sistema de transporte capitalino. Esta decisión, fue ratificada el lunes por el órgano antimonopolio luego de revisar los reclamos presentados por la cartera liderada por la ministra Paola Tapia. Así, rechazó la solicitud de levantar la medida cautelar. De esta forma, los planes del Gobierno de poder adjudicar los seis nuevos contratos en esta administración fueron, nuevamente, echados por tierra.

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La incertidumbre de que el proceso logre concluirse bajo esta administración ha estado presente permanentemente en esta licitación.

El 2 de junio, la ministra Tapia ingresó las bases del concurso a la Contraloría, luego que el documento que había sido elaborado por su antecesor, Andrés Gómez-Lobo, sufriera ajustes en su contenido. Uno de los principales cambios, era que el Estado se convertiría ahora en dueño de los terminales. De hecho, esta situación obligó a la cartera a retrasar en un mes el envío de los contenidos, que estaba previsto inicialmente para fines de marzo. Desde ese entonces, expertos ya ponían en duda que el Gobierno lograra cumplir los plazos para adjudicar las concesiones durante esta administración, incertidumbre que creció cuando el órgano contralor devolvió al Ministerio las bases en dos ocasiones. Primero, en agosto para precisar aspectos como la disposición de los terminales, y luego en octubre para definir los criterios de evaluación de los oferentes.

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Fuentes conocedoras del proceso señalan que uno de los argumentos que el TDLC esgrimió para frenar la licitación fue precisamente una de las peticiones que habría hecho Contraloría para dar el visto bueno a las bases. En el escrito donde ratifica su decisión de mantener paralizado el proceso, el órgano antimonopolio señaló que "la forma discontinua de evaluar la experiencia de los oferentes que no son actualmente operadores del sistema distorsionaría la capacidad de competencia entre oferentes que manejan flotas de buses de tamaño similar". Conocedores del proceso aseguran que Contraloría habría pedido pasar de un sistema continuo de evaluación, que originalmente se planteaba en las bases, a uno discontinuo, para que de esta forma no se perjudicara a las empresas de menor tamaño.

Una de las opciones que tiene el actual gobierno es recurrir a la Corte Suprema y presentar un recurso de reclamación. Sin embargo, considerando que queda menos de un mes para el cambio de gobierno, desde la industria sostienen que adjudicar los contratos durante esta administración es prácticamente imposible.

Lo cierto es que la licitación ahora corre el riesgo de no concluir. Y es que tras confirmarse la paralización, su futuro está en las manos de la próxima administración.

Fuentes señalan que las nuevas autoridades son partidarias de postergar la licitación, hacer cambios profundos en las bases e iniciar un nuevo proceso que aclare las dudas pendientes. De esta forma, se relicitarían los contratos en paralelo con los servicios complementarios como Tarjeta Bip!, la red de carga y la administración financiera. Esto, debido a que los contratos de estos últimos vencen proximamente.

Sin embargo, realizar una nueva licitación significaría prorrogar los actuales contratos y negociar con los actuales operadores, tratativas que podrían significar un alto costo al sistema.