La restricciones y reasignaciones que recibirán al nuevo Congreso

A fines de enero llegó a manos del presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, el acuerdo definitivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias con "la estructura, montos, destinos y usos de asignaciones" para el nuevo Congreso, que entra en vigencia junto a la llegada de los parlamentarios, el próximo 11 de marzo.

Esta es la última resolución del organismo con los actuales integrantes -Sergio Páez (presidente), Vittorio Corbo, Claudio Alvarado y Luis Riveros- y ya comenzó a ser difundido entre los diputados.

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El texto -de 31 páginas- incluye restricciones, prohibiciones y aclaraciones en diversas materias para el próximo período.

Una de esas disposiciones -en particular- ha llamado la atención de varios de los diputados: ya no podrán ser contratados consejeros regionales, concejales o funcionarios públicos, independiente de la modalidad del acuerdo, vale decir, si es a honorario o a contrata.

En la actualidad, no son pocos los legisladores que tienen en sus equipos (que van de entre 4 a 15 personas, dependiendo del diputado y de sus requerimientos) a un concejal o un core. No podrán seguir prestando servicios (Ver nota relacionada).

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Otra precisión -que fue incluida en el acuerdo- es que los contratos a personas con algún vínculo de parentesco con cargo a las asignaciones parlamentarias, deben pasar por la comisión Ética de la Cámara, siempre que sea una excepción y que se ajuste "a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado". En general, la recomendación es a abstenerse para no generar un problema mayor.

En línea con lo anterior, en la fundamentación del documento, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias entiende que "se han registrado cambios relevantes en la forma como la sociedad observa el cumplimiento que las autoridades dan a sus cometidos", haciendo alusión a la baja aprobación que hoy tiene el Parlamento, que se ha visto afectado por casos de mal uso de los dineros destinados, por ejemplo, a las asesorías legislativas.

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De hecho, aún no termina de aclararse el caso del copy paste detectado en las conclusiones de la comisión investigadora de Exalmar, y que llevó a la mesa de la Cámara a adquirir un software que pudiese detectar hechos similares. Hasta ahora nadie, ni los miembros de la comisión ni sus asesores, se han hecho cargo de la controvertida elaboración del texto.

El Consejo pide a los diputados que todos los estudios o asesorías requeridos formen parte de la actividad parlamentaria y no sean ocupados -ni directa ni indirectamente- para campañas políticas u otros fines partidarios (Ver nota relacionada).

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Respecto a las sedes parlamentarias, que también han sido foco de conflicto debido a su mal uso, el Consejo especifica que los diputados pueden compartir una misma sede para las actividades propias de la labor parlamentaria. O bien, pueden hacerlo con un senador de la misma zona.

Tal como en el caso de las asesorías, el organismo pide evitar su utilización para fines políticos, como la elección de la directiva de un partido.

En las sedes "no pueden entregarse prestaciones a la comunidad. No obstante, se podrá informar u orientar a los miembros de la comunidad que así lo soliciten, siempre y cuando dicha labor no pueda considerarse un reemplazo de los servicios que le corresponda prestar a la administración pública o a las municipalidades", dice el documento.

El Consejo de Asignaciones también fijó los montos para viajes y cuestiones como la bencina, todo de acuerdo a la distancia que tienen que recorrer los parlamentarios y al tamaño de sus distritos.

Fuentes en el Parlamento aseguran que los primeros días de marzo deberían analizarse eventuales cambios al documento, porque la idea es que los nuevos legisladores puedan familiarizarse lo más rápido posible con el trabajo legislativo y con cada una de las normativas.

"Los montos de las asignaciones parlamentarias establecidos por el Consejo resultan plenamente consistentes con los recursos presupuestarios que ambas ramas del Poder Legislativo destinarán al financiamiento del ejercicio de la función de diputado y senador", concluye el texto.

Si el acuerdo difundido por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias se mantiene, a partir del 11 de marzo los diputados no podrán contar con concejales en ejercicio como parte de su equipo, ni en la contratación de personal de secretaría y administrativo, ni tampoco en el personal técnico o profesional de asesorías y asistencia a la labor parlamentaria.

Según la información recogida por PULSO a partir de los antecedentes que están publicados en la web de la Cámara de Diputados -y que está actualizada hasta septiembre de 2017- y tomando la lista de concejales electos en 2016, son más de una decena los legisladores que se reeligieron y que tienen en su equipo a algún concejal. La gran mayoría tiene en su elenco a dirigentes que desempeñan labores en los distritos que representan.

Hay ejemplos en todo Chile. El diputado Fernando Meza (PR) tiene en su equipo a la concejala de Loncoche Adriana Quintana; Guido Benavides es concejal por Ñuñoa y trabaja con Marcela Sabat (RN); Carmen Gloria Ruminot, representante en Lampa, es parte del elenco del diputado UDI Patricio Melero; el concejal por Lota Iván Roca trabaja junto al diputado Iván Norambuena (UDI); Pablo Atenas, en Colina, está con el diputado Gabriel Silber (DC); Alejandro Campusano en Coquimbo es parte del equipo del diputado Matías Walker (DC); Hans González de Galvarino trabaja con el diputado RN Diego Paulsen; Ricardo Hidalgo de Quinta de Tilcoco está junto al diputado Felipe Letelier (PPD); Lidia Silva de Cartagena aparece en el equipo de la diputada María José Hoffmann (UDI); el concejal de Treguaco Eric Buhring trabaja con la diputada Loreto Carvajal (PPD); Flor Pino de Rengo está con el diputado PS Juan Luis Castro; y Hortensia Mora, de Calera de Tango, trabaja junto al diputado Jaime Bellolio (UDI).

Todo esto sin considerar a los diputados que concursaron sin éxito por un nuevo período, o bien, aquellos que decidieron dejar el Congreso y no postularon a un nuevo período. En la última elección, y gracias al nuevo sistema electoral, se produjo la mayor renovación de nombres desde el regreso de la democracia.

Otro grupo de los parlamentarios tiene en sus elencos a consejeros regionales, que según la normativa del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias tampoco podrían estar dentro de los equipos de los parlamentarios.

Si bien no es una novedad, el Consejo de Asignaciones especificó algunas disposiciones para evitar que las asesorías se ocupen de materias que escapan a la función legislativa. Esto, ante múltiples consultas e integrando las normativas disponibles en la materia. Además, para tratar de evitar el desvío hacia otros fines, o bien, para que no se repitan los casos de copy paste que se conocieron en el anterior período legislativo.

"Se prohíbe la realización de estudios de opinión con cargo a las asignaciones parlamentarias durante el período que media entre las 24 horas del nonagésimo día (90 días) a la fecha de realización de una elección parlamentaria, y la fecha de realización de la elección parlamentaria", señala el documento.

La idea es que los estudios de opinión siempre estén vinculados a la labor legislativa, y no para que el financiamiento se utilice en asesorías de imagen o comunicacionales, ni encuestas o estudios de opinión que escapen a los márgenes de la función parlamentaria.

Para el caso de quienes participen en elecciones primarias, la prohibición "regirá durante los seis meses anteriores a la fecha de la elección parlamentaria".

Se especifica que las personas contratadas para la realización de asesorías "deben contar con un título universitario o el grado académico que corresponda a una carrera de a los menos ocho semestres; y en el caso de técnicos, con título otorgado por entidades acreditadas antes el Ministerio de Educación". Todas las personas, además, deben formar parte del Registro Especial de Asesores Externos que debe administrar la Cámara.

Además, todas las copias de los informes deben estar disponibles para que el Comité de Auditoría Parlamentaria pueda revisarlos, preferentemente, en formato electrónico. Esto, para que sean cotejados en la web.

"Los parlamentarios siempre serán responsables de que las asesorías que contraten con cargo a estos fondos se relacionen estricta y directamente con la labor legislativa, sin que puedan contratarse asesorías que impliquen financiamiento directo o indirecto de actividades de campaña política, propia o de un tercero".

En cuanto a los gastos de difusión, el Consejo pide que los parlamentarios que compitan en una elección no utilicen los recursos para actividades de campaña política. "Los parlamentarios que no hayan declarado candidaturas a cargos de elección popular podrán continuar financiando, con cargo a sus asignaciones, los gastos en difusión que previamente venían realizando, sin incurrir en gastos adicionales a los que normalmente venían realizando en forma previa al período de elecciones".