Las dudas del mercado tras las multas de la SVS en el Caso Cascada

¿Qué ocurrirá ahora con LarrainVial? Es una pregunta que por estos días se repite en el mercado financiero nacional.

Si bien es un hecho que la corredora de bolsa apelará a la multa recibida de parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) -de 200 mil UF, unos US$8,4 millones-, es evidente el daño reputacional y de confianza que esta sanción provoca en la compañía, más aún considerando que, junto con la empresa, fueron sancionados uno de sus accionistas, Leonidas Vial, -en 500 mil UF, unos US$20 millones-, y dos de sus principales ejecutivos: el gerente general de la corredora, Manuel Bulnes (200 mil UF) y el gerente de distribución institucional de LarrainVial, Felipe Errázuriz (100 mil UF).

En marzo pasado, y cediendo a las presiones de las AFP e institucionales, Vial dejó la presidencia de LarrainVial, hecho que fue bien recibido por el mercado. Lo reemplazó como director el empresario Juan Hurtado, uno de los accionistas de Consorcio, firma que además tiene un 25% de LarrainVial Administradora General de Fondos (AGF).

Pero ya conocidas las sanciones -dicen en el mercado- es un hecho que los grandes inversionistas pedirán gestos adicionales que vuelvan a dar confianza al mercado. Y es en ese contexto que múltiples fuentes de mercado aseguran que en la industria ha retomado fuerza la idea de que Consorcio aumente su participación en LarrainVial AGF, o incluso que tome una participación en el holding. Y si bien en ambas entidades niegan tajantemente que siquiera existan conversaciones en ese sentido, otras fuentes aseguran que, en el largo plazo, sin duda que LarrainVial le agrega valor a Consorcio. “La operación cae como anillo al dedo”, dice una fuente que agrega que “sin duda la decisión de Juan Hurtado de asumir como director de LarrainVial es el comienzo de una alianza mayor”.

Las mismas fuentes añaden que otras posibilidades que deberían evaluarse son, la salida de Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz de la compañía; y que Leonidas Vial se desprenda de, al menos, parte de su participación en la compañía.

Pero no todos en el mercado piensan así. Un importante ejecutivo del sector financiero asegura que en todos los países del mundo existen sanciones para las empresas, y éstas no quiebran, ni deben cambiar de propietario.

“Ese argumento de que LarrainVial debiera poco menos que cambiar de nombre y de accionistas para retomar las confianzas, lo encuentro pueblerino. En Estados Unidos JP Morgan acaba de ser multada por US$14 mil millones, y sigue operando. Estas multas ocurren en el mercado de valores en todo el mundo”, dice la fuente.

El Caso Cascada ha dejado algunos heridos en el camino... provocando la salida o renuncia de algunos ejecutivos. Por ejemplo, al ser formulado de cargos, Cristián Araya, dejó incluso la propiedad de Tanner; o el mismo Leonidas Vial, que salió de su puesto en LarrainVial S.A. para centrarse en su defensa, y no repostuló en el directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Por ello, muchos se preguntaban ayer si no es momento que Julio Ponce, el que según la SVS es el ideólogo del esquema estructurado que perjudicó a los minoritarios de las sociedades cascada, deje sus puestos en las presidencias de Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos, Potasios (Firmas que conforman la cadena de control sobre SQM). Incluso, algunos minoritarios podrían estar analizando la posibilidad de solicitarle formalmente que dé un pie al costado en la presidencia de SQM. Esto no sería menor para accionistas como las AFP, dado su rol fiduciario de administración.

De hecho, la Superintendencia de Pensiones ofició ayer a las administradoras para solicitar información del perjuicio económico que sufrieron producto del caso y qué medidas adoptarán al respecto.

El gerente general de la corredora de bolsa LarrainVial, Manuel Bulnes; el gerente de distribución institucional de LV, Felipe Errázuriz; Aldo Motta, gerente general de varias sociedades Cascada sobre SQM, y Patricio Contesse Fica, gerente general del Potasios, no sólo tienen en común que fueron multados por la SVS. También que son ejecutivos de las entidades involucradas y que ninguno obtuvo beneficios (al menos estimados por el regulador). Los montos de las multas en sus casos son de entre US$2,5 millones (Contesse Fica) y US$24 millones (Motta).

De inmediato ha surgido la interrogante en el mercado, pero también dentro de las instituciones, respecto de quién pagará estas multas: los ejecutivos, las empresas a las que pertenecen o los controladores involucrados (en este caso Julio Ponce y Leonidas Vial).

Según comentan, esto podría ser un tema de discusión -o tensión- entre los socios de LV.  El total involucrado entre los dos ejecutivos suman US$12,3 millones, superior a las utilidades de la corredora durante el primer semestre de este año (US$10,5 millones). En todo caso, lo má seguro es que sea cancelado por LV, teniendo en cuenta que las multas se otorgaron en su calidad de funcionarios de la entidad.

En el caso de la Cascada, cercanos comentan que efectivamente sería Julio Ponce el que se haría cargo de esos pagos, que en total suman US$26,5 millones entre Motta y Contesse Fica.

Hasta el cierre de esta edición, no había una solicitud oficial de parte de los minoritarios en esta dirección.

Un experto en mercado de valores plantea que con la resolución de la SVS se abre una caja de pandora que puede tener grandes efectos: ¿son creíbles los precios que se transan en la Bolsa?

En su resolución la SVS asegura que todas las operaciones bursátiles realizadas por los involucrados en el  Caso Cascada fueron hechas cumpliendo  los procedimientos que se exige la Bolsa. Sin embargo, aún así, se logró manipular los precios.

“El fondo de lo que dice la SVS es muy grave, durante años todos creímos que los remates u operaciones en la bolsa garantizaban que el precio al que se transan los instrumentos es el correcto. Pero ahora nos dicen que no, que se puede cumplir el procedimiento y manipular precios. ¿Qué pasó con los remates en el pasado?”, dice el experto.

Para el, este hecho debiera implicar una reforma legal y normativa, que modifique los procedimientos, de tal forma que garanticen la no manipulación de precios. “Habrá que aumentar el tiempo mínimo para los remates, fraccionar los paquetes grandes”, propone.

Otro experto añade que esto no puede definirse con un cambio legal, porque es muy específico. Que debe hacerse un cambio de reglamento en la bolsa, que sea aprobado por la SVS.

Es una costumbre que las bolsas no apliquen multas o sanciones a sus asociados y accionistas o ejecutivos de éstas cuando el fiscalizador ya lo ha hecho. Un doble castigo parece fuera de la ecuanimidad. Sin embargo, resulta complejo entender la pasividad de la Bolsa de Comercio de Santiago en el Caso Cascada, donde la postergación de tomar una posición clara ha sido la tónica.

Diversas fuentes del mercado de capitales no ven con buenos ojos la pasividad del centro bursátil en el caso de más alto impacto que ha afectado a la industria.  Quienes critican el accionar de la Bolsa afirman que el Comité de Buenas Prácticas y las nuevas exigencias autoimpuestas por el presidente Juan Andrés Camus han caído en letra muerta ante un caso de la gravedad de Cascada.

Pero lo que más irritación generó ayer, fue enterarse que la Bolsa planea encargar un informe en derecho para analizar qué le corresponde hacer y aplicar.

Las infracciones que según la SVS cometió LarrainVial y dos de sus ejecutivos fueron el artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores y los artículos 66 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Santiago y 64 del Reglamento de la BEC, “en cuanto ambos previenen que constituye infracción grave la realización de transacciones ficticias respecto de cualquier valor, la participación en transacciones simuladas y la realización de cualquier maniobra tendiente a alterar artificialmente las cotizaciones de bolsa”.

Es una duda habitual entre quienes han sido multados por la SVS: pagar el 100% de la multa de inmediato, o sólo el 25% de ésta.

La diferencia es la siguiente: la ley permite que si un sancionado va a  apelar la decisión de la SVS, si quiere puede pagar sólo el 25% de la multa, y el restante 75% una vez que el proceso haya concluido, con un fallo de la Corte Suprema que ratifique la cifra impuesta por el regulador.

Pero esta alternativa tiene un problema. Según explica un abogado, a toda multa que va en beneficio fiscal que aún no ha sido pagada, se le aplica un interés de 1,5% mensual, es decir, en un año de un 18%. Si esa cifra se multiplica por los años que puede durar el proceso antes de que la Corte Suprema defina el caso, el 75% de la multa puede crecer varias veces.

Otra opción, en cambio, es pagar de inmediato el 100% de la multa, y luego apelar. Una vez que la Suprema resuelva, si el afectado logra revertir el fallo el Fisco le devolverá lo pagado; y en caso contrario, no deberá pagar el mencionado interés de 1,5% anual.

Otro escenario -aunque menos posible- es pagar el 100% y sencillamente no apelar, cerrando el capítulo.

Todos los involucrados consultados por este medio, sin excepción, han manifestado que se encuentran leyendo y estudiando las más de 700 páginas del documento con el que la Superintendencia justificó sus respuestas. Luego de hacer esto, recién ahí se adoptarán todas las medidas del caso.

“Estamos estudiando la resolución y por supuesto que haremos todo lo que corresponda”, comenta un ejecutivo.

Lo más probable, afirman diversos actores, es que vendrán no sólo querellas, sino también demandas en busca de exigir una compensación por los daños causados.

De hecho, en el mercado dan por descontado que Moneda Asset Management, Consorcio Financiero y las AFP irán por ese camino.

Sin ir más lejos, en PULSO en la edición de ayer el abogado Mauricio Daza sostuvo que a raíz de los antecedentes conocidos, se ampliará “la querella criminal con otros delitos relacionados al uso de información privilegiada”, lo que se materializaría en las próximas semanas. Adicionalmente, se ampliará al resto de los ejecutivos multados el martes por el regulador.

El mismo personaje, en entrevista con La Segunda, agregó que solicitarán 10 años de cárcel para Julio Ponce.