Los riesgos del Caso Dominga

La decisión de las autoridades de la Región de Coquimbo sobre la mina Dominga se sitúa en una línea similar a la del caso Barrancones en la administración pasada: intervención política en un proyecto que cumplía con todos los requisitos legales, cediendo a la presión de sectores ambientalistas -y de sus aliados en la política- que tienen una agenda más concentrada en el anticapitalismo que en la ecología. La diferencia es que en Barrancones hubo un acto imprudente de autoridad, pero en Dominga se trata de una operación deliberada de torcer la institucionalidad ambiental y que sólo debilita a esta. Tal como ya han manifestado algunos líderes del sector empresarial, esto ha dañado las confianzas y no colabora al esfuerzo que se ha realizado para fomentar la inversión. El intento de sacar rédito político pensando en las presidenciales es una acción que daña gravemente la institucionalidad, pero además contradice la tesis del propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que ha lamentado las dificultades para invertir. Lo complicado de lo ocurrido es que si luego el comité de ministros autoriza Dominga, será evidente que se manipuló al Gobierno Regional de Coquimbo. Pero si se rechaza el proyecto, Valdés quedará en una incómoda situación. Impresentable a todas luces. Como también lo es que un senador haya presionado a través de los medios y las redes sociales para que no se aprobara el proyecto, so pena de acciones legales.

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