MOP reafirmó que eliminará caducidad de los derechos de agua

La certeza jurídica cruzó la exposición del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, respecto a los cambios que incorporará a la reforma al Código de Aguas que se tramita en segundo paso en el Senado en la Comisión de Agricultura.

Pero, fue la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, presidida por la senadora Adriana Muñoz (PPD), la que invitó a la autoridad para conocer los lineamientos generales de su propuesta.

Como principio básico de la indicación sustitutiva en varias áreas que presentará el gobierno se señaló la necesidad de fortalecer el rol del Estado para asegurar el correcto funcionamiento de este mercado. Y en ese sentido Fontaine aseguró que el proyecto actual enviado por la administración anterior "introduce cambios que lesionan la seguridad jurídica de los derechos de agua y el funcionamiento de este mercado", tal como han criticado especialmente los agricultores.

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Ante ello buscarán otorgar certeza jurídica en la propiedad de los derechos de modo que los titulares puedan acceder al agua y disponer libremente de ellos.

"La tarea del Estado es que las condiciones se cumplan para que el mercado funcione en forma eficiente. Nuestra discrepancia con la filosofía de la reforma propuesta gira en torno a que los derechos se asignen para usos específicos. Nosotros pensamos que, excepto la separación entre derechos consuntivos y no consuntivos, éstos deberían ser de libre disposición y simplemente que una minera le compre los derechos a un agricultor, o a una sanitaria para instalar una desaladora. Hay distintas fórmulas que pueden ocurrir en un mercado con libre disponibilidad de derechos, esa es la certeza", acotó Fontaine.

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La principal distancia con el proyecto de Bachelet es que éste planteaba el cobro de una patente, y de una multa si el adquirente del derecho no realizaba obras para cumplir con el destino que había comprometido para solicitar el derecho de agua. Y si al cabo de una decena de años no realizaba ningún proyecto, el derecho caducaba. "En su propuesta no hay ningún control público sobre el uso de los derechos de agua; para ellos el uso puede ser indiscriminado de parte de un propietario y se abstraen de que el agua es un bien nacional de uso público y que si no se usa se está haciendo un daño al patrimonio", comentó la senadora Muñoz.

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La senadora Yasna Provoste (DC), en tanto, advirtió que hay "una diferencia bien de fondo. Creo que respecto de un bien nacional de uso público como es el agua, el Estado debe tener un rol muy claro".