Los controladores estadounidenses de las AFP no están nada contentos con la reforma de pensiones que se aprobó en el Senado, y que este miércoles será vista por la sala de la Cámara de Diputados. Si bien la Asociación de AFP no ha emitido ninguna declaración pública desde que hace dos semanas el gobierno ingresó las indicaciones que cambiaron el proyecto casi por completo, este lunes el gremio que agrupa a las aseguradoras de EEUU decidieron alzar la voz.

En concreto, el presidente y CEO del American Council of Life Insurers (ACLI), David Chavern, envió una carta al gobierno mostrando su preocupación por la reforma de pensiones, porque a juicio de la asociación estadounidense que agrupa a tres compañías que son dueñas de AFP en Chile, estas son, Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (AFP Cuprum), y Prudential Financial (controla AFP Habitat en conjunto con ILC); el proyecto “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”.

La misiva fue enviada este lunes “en representación de inversores de EEUU en el sector de pensiones chileno” al Presidente Gabriel Boric; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra del Trabajo, Jeanette Jara; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren; el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; el secretario general del Senado, Raúl Guzmán; y el presidente del Senado, José García Ruminot.

“Escribimos para compartir nuestras preocupaciones sobre la reforma de pensiones que ahora está frente a la legislatura chilena, y su impacto en los trabajadores chilenos, en la economía chilena y en la forma en que las disposiciones clave de la reforma violarán los derechos de inversión de los inversores estadounidenses en el sector de pensiones”, comienza diciendo la carta firmada por Chavern.

“Chile ha construido una reputación bien merecida como un socio confiable comprometido a honrar los tratados internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Chile. Sin embargo, la reforma de pensiones propuesta no solo socava esos compromisos, sino que también crea ventajas injustas para los nuevos participantes del mercado a expensas de los inversores estadounidenses, amenazando la posición de Chile como un destino confiable y estable para la inversión extranjera. A medida que la Administración del Presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses”, afirma la carta.

En ese sentido, el escrito del CEO de ACLI continúa señalando que “la propuesta de obligar a una licitación bienal de afiliados de pensiones constituiría una expropiación de inversiones significativas de EEUU en Chile, y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional. Además, la propuesta de permitir que el Instituto de Previsión Social, de propiedad estatal, proporcione funciones auxiliares a los nuevos administradores de pensiones constituye un trato injusto para los incumbentes que han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura”.

Al respecto, agrega que “la medida otorgaría a los recién llegados una ventaja competitiva en costos e inversión. Además, el reciente anuncio de la Ministra del Trabajo de incluir a un inversor público, financiado por el Estado, afectaría aún más a los administradores de pensiones incumbentes al crear condiciones de mercado injustas”.

Es más, la carta asegura que “tales violaciones de los derechos de los inversores de larga data perjudicarían la posición global del país y disuadirían la inversión extranjera futura, que ha sido un motor vital de crecimiento y estabilidad económica. Las empresas que han realizado, y continúan realizando, inversiones significativas en Chile, confían en contar con un marco regulatorio de normas y derechos, muchos de los cuales están codificados en los diversos tratados que Chile se ha comprometido soberanamente a honrar. La violación de Chile de tales obligaciones internacionales afectaría negativamente la confianza de los inversores en Chile. El abuso de los derechos fundamentales de los inversores llevará incluso a los inversores de buena fe a buscar reparación legal”.

Según el gremio de aseguradoras de EEUU, “Chile ha sido reconocido durante mucho tiempo como un líder global en innovación del sistema de pensiones y estabilidad financiera. La experiencia global de las empresas miembros de ACLI en finanzas de jubilación indica que, para preservar esta posición mientras se mejoran las pensiones, las reformas deben aumentar los ahorros individuales y su inversión a través de cuentas individuales”.

En este sentido, valoraron “muchas de las reformas propuestas debido a que fortalecerán los ahorros individuales, buscarán mecanismos que reduzcan la brecha de género en los ahorros de pensiones, aumentarán la pensión garantizada universal (PGU) y fortalecerán la educación financiera de las personas; todo lo cual resultará en mejores pensiones. Muchos de estos cambios emplearían las mejores prácticas globales en política de pensiones para mejorar la seguridad financiera de más chilenos”.

Sin embargo, señalaron: “Nos preocupa que ciertas disposiciones de la reforma propuesta puedan perjudicar la seguridad financiera a largo plazo de los trabajadores y socavar los mercados de capitales de Chile. Propuestas como la licitación bienal de carteras de afiliados, como han destacado consistentemente los estudios técnicos, obligarían a los gestores de inversiones a tomar decisiones subóptimas, incluida la liquidación frecuente de activos, a un costo significativo, lo que reduciría los rendimientos de las inversiones para los trabajadores chilenos”.

Sobre ello, añadieron que “los rendimientos más bajos impactarían directamente en el crecimiento de los ahorros de pensiones y el monto de las futuras pensiones para los trabajadores chilenos. El mecanismo de licitación y las restricciones asociadas también desalentarían la inversión en instrumentos financieros de largo plazo, muchos de los cuales contribuyen a bienes públicos en Chile a través del mantenimiento constante de un mercado de capitales doméstico profundo”.

Es por eso que señalaron que “desalentar o hacer imprácticas tales inversiones de largo plazo debilitaría el rendimiento general de los fondos de pensiones y reduciría la capacidad de lograr un crecimiento sostenible a largo plazo en los ahorros de los trabajadores. Cualquier medida que dificulte la asignación eficiente de recursos en el sistema financiero también reduciría el mercado de capitales doméstico de Chile. Con el tiempo, esto podría limitar el acceso a financiamiento para empresas y proyectos de infraestructura que impulsan el crecimiento económico, disminuyendo aún más las oportunidades para los trabajadores”.

Por último, la misiva afirma: “Seguimos comprometidos con el progreso y la prosperidad de Chile. Nuestro objetivo es contribuir constructivamente al diálogo en torno a la reforma de pensiones y apoyar políticas que promuevan la seguridad financiera mientras fomentan la estabilidad y el crecimiento económico. Recibimos con gusto un mayor diálogo con los responsables de la creación de políticas públicas para garantizar que las reformas logren sus objetivos previstos sin consecuencias no deseadas”.