Banco Central advierte que proyecto que borra registros de deudas afectará a las personas, a los oferentes de crédito y a la CMF

El proyecto de ley que elimina y prohíbe el uso de datos sobre deudas financieras y comerciales impagas al 30 de abril, se sigue discutiendo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados con reparos de distintos actores económicos. Es que la moción parlamentaria que propone que los datos relativos a deudas impagas de hasta $2,5 millones sean borrados, no genera consenso entre los expertos ni autoridades económicas. Esta vez las advertencias vinieron de parte del vicepresidente del Banco Central, Pablo García, quien entregó la visión que tiene el ente rector sobre la moción parlamentaria.

“Hay que destacar que desde mediados del 2000 hemos reiterado la importancia de avanzar en mejorar la calidad de la información crediticia disponible, ya que es de mucha importancia para todas las partes involucradas, en especial para el deudor”, comenzó su exposición el consejero del ente rector.

En ese sentido, mencionó que “actualmente se encuentra en trámite en este Congreso un proyecto de ley que crea un registro de crédito (deuda consolidada), en línea con la experiencia internacional”, sin embargo, subrayó que esta otra iniciativa “apunta en la dirección contraria”.

En su presentación explicó que “la disponibilidad de información permite evitar el sobreendeudamiento, facilita el acceso a crédito y a mejores condiciones para las personas”. Asimismo, en cuanto a los beneficios para el oferente de crédito, dijo que “el acceso a información crediticia de buena calidad, que refleje apropiadamente el comportamiento de pago de los deudores, es crucial para la administración de riesgos y solvencia de los intermediarios financieros”. Y detalló que también tiene beneficios para el supervisor. “La información detallada de la cartera de créditos de los oferentes es decisiva para la supervisión efectiva por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)”.

Así, García apuntó que “todo lo anterior redunda en mejores condiciones de crédito para las personas, un sector financiero solvente y estable, y una supervisión eficaz”.

El consejero resaltó que con el proyecto “la información de morosidad existente hasta abril de 2022 desaparecería permanentemente, perjudicando tanto a las personas, como la gestión de riesgo en los oferentes, y la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero”.

García apuntó que, si bien el BC “comparte la preocupación por el sobrendeudamiento, existen otras herramientas que pueden ser más efectivas para lograr los objetivos, puesto que con la eliminación permanente de la información se corre el riesgo de debilitar además la administración de riesgos de las entidades financieras y la efectividad de la supervisión”.

Otro de los argumentos que presentó durante la exposición dice relación con que “la evolución del crédito está en una senda de gradual o incipiente recuperación después de los efectos de la pandemia, y, por lo tanto, el aplicar una eliminación en la coyuntura actual iría en la dirección opuesta de esta incipiente recuperación del crédito”.

De acuerdo al proyecto, la prohibición será aplicable a los distribuidores de información de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Para estos efectos, se considera distribuidores a las personas naturales o jurídicas que realizan directamente el tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

El artículo segundo es el que generó más controversia: “para los efectos del artículo anterior, los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones a que se refiere la regla precedente, deberán eliminar todos los datos relacionados con éstas, en el plazo antes indicado”. Esto, a juicio de algunos economistas, como el expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio, genera la confusión de que lo que se elimina son las deudas y no solo el registro, lo que podría llevar a una judicialización de los casos.