El último de los varios capítulos en la larga historia del proyecto Dominga, una inversión de US$ 2.500 millones en la comuna de La Higuera, en Coquimbo, está lejos de terminar.

El proyecto para producir hierro -y cobre como subproducto- está en tramitación ambiental desde hace 11 años: ingresó en septiembre de 2013 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), fue aprobado ya por la comisión regional, sumó dos rechazos del Comité de Ministros, durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric, y la Suprema se pronunció ya una vez. También lo ha hecho en dos ocasiones el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que este lunes declaró ilegal la decisión del comité de ministros, adoptada en enero de 2023 y notificada en junio de ese año, de rechazar el permiso ambiental.

Entre otras cosas, el tribunal determinó, en un fallo de más de 250 páginas, que había cosa juzgada y que ese comité se había pronunciado por asuntos ya resueltos previamente. Pero además cuestionó que dos ministras -la ex titular de Minería, Marcela Hernando, y la de Medio Ambiente, Maisa Rojas- votaran debiendo haberse inhabilitado, por opiniones previas vertidas contra el proyecto.

La empresa Andes Iron -controlada por la familia Délano- pidió terminar con la extendida judicialización, una solicitud sobre la que el gobierno no se ha pronunciado explícitamente, aunque Maisa Rojas deslizó que aún está pendiente el camino de la Corte Suprema, lo que podría extender aún más la historia judicial del caso.

“Andes Iron manifiesta su esperanza en que las decisiones de la autoridad y de las organizaciones medioambientales respeten la institucionalidad, y respondan también a la necesidad de poner fin a un espiral interminable de iteraciones administrativas y judiciales que impiden poner en marcha proyectos”, dijo la firma en un comunicado.

Andes Iron aseveró que Dominga ha sido validado en todas las instancias técnicas y judiciales a las cuales ha sido sometido.

“En 2017 obtuvo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y en tres oportunidades diferentes, incluida ésta, el Tribunal Ambiental de Antofagasta – en total, nueve jueces diferentes- ha confirmado que Dominga se ajusta plenamente a la institucionalidad ambiental”, agregó.

“Como inversionistas pedimos certeza para poder materializar el proyecto en el menor plazo posible. Asimismo, reiteramos nuestra disposición al diálogo con las autoridades y la comunidad, en beneficio del desarrollo sostenible de la actividad y de la Región de Coquimbo”, añadió.

Su llamado fue secundado este martes por los gremios empresariales de la gran minería.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero -que agrupa a las principales empresas de la gran minería en Chile-, dijo que la sentencia fue “contundente y viene a ratificar lo ya señalado en múltiples instancias judiciales: Dominga es un proyecto técnica y ambientalmente validado por todas las instancias correspondientes”. Además de destacar que tiene el “respaldo mayoritario de la comunidad”, afirmó que “no hay razones de fondo para seguir judicializándolo”. Villarino invitó “a las autoridades políticas a abandonar la vía judicial y a sentarse a conversar sobre un acuerdo definitivo que haga sentido económica, social y ambientalmente para la región y el país. Espero que no pierdan esta oportunidad única para demostrar su compromiso con el cuidado del medioambiente y con el crecimiento económico. Ambos objetivos deben ser compatibles”.

En una línea similar, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, afirmó que el fallo ratifica que “el proyecto Dominga es perfectamente factible en todos sus aspectos medioambientales”.

“Hacemos un llamado a las autoridades a cumplir prontamente lo resuelto. Junto con establecer un plazo de 15 días para volver a pronunciarse, esta sentencia da la opción al Comité de Ministros de ajustarse a los antecedentes y ratificar el permiso al proyecto Dominga”.

El presidente del gremio minero recordó también que el proyecto de cobre y hierro ha sido respaldado en todas las instancias técnicas. “Dominga es un proyecto que sistemáticamente ha sido validado por todas las instancias técnicas, es respaldado mayoritariamente por la comunidad y se inserta en un territorio de vasta tradición minera”, sostuvo.

En ese sentido, Riesco afirmó que “no hay razones para seguir con una judicialización que ya se ha extendido mucho, al punto que una nueva revisión parece innecesaria”.

En enero de 2023, el Comité de ministros rechazó el proyecto por unanimidad. Presidido por Maisa Rojas, también se pronunciaron en contra los titulares de Economía, Nicolás Grau; Minería, Marcela Hernando, ahora fuera del gobierno; salud, Ximena Aguilera; Agricultura, Esteban Valenzuela; y Energía, Diego Pardow.

El tribunal reprochó el voto de Maisa Rojas y Marcela Hernando, ya que habían manifestado opiniones previas contra la iniciativa. También recordó que se habían pronunciado en contra el propio Presidente Gabriel Boric -en su primer discurso tras ganar la presidencial en diciembre de 2021- y la ex canciller, lo que sin embargo no fue objetado, ya que ambos no integran las instancias de decisión.

El primer juzgado ambiental de Antofagasta dio un plazo de 15 días hábiles para que el Comité de Ministros vuelva a sesionar y a pronunciarse, evitando hacerlo sobre los asuntos ya resueltos previamente y con una composición distinta de ese comité de seis miembros. Dice el fallo que el nuevo pronunciamiento debe “dictarse con una integración de ministros que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”. Aquello afectaría principalmente a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Pero en opinión de algunos abogados consultados, la inhabilidad podría afectar a los otros cuatro ministros que se pronunciaron en enero de 2023 -que según el dictamen de esta semana cometieron una ilegalidad- y que siguen en el gobierno.

La ministra Rojas no fue explícita en su posición, pero sí aludió al otro camino que es el contrario que pide la empresa: que se pronuncie la Corte Suprema, alargando la incertidumbre sobre esta iniciativa por otro año más, al menos. Y defendió el dictamen del año pasado del grupo colegiado de ministros.

“Como Ejecutivo somos respetuosos de la decisión de otro poder del Estado. Estamos claros que todavía existe la opción de que se pronuncie la Corte Suprema. No me voy a pronunciar en el fondo porque hay procesos que están pendientes. En el Comité de Ministros y esto no solo en este caso, sino que en todos los casos, siempre hemos estado tomando decisiones técnicas conforme a lo que nos recomienda el SEA que hace el análisis técnico. Esta fue una decisión unánime de los seis ministros que tomamos una decisión técnica a ese respecto”, dijo la ministra Rojas en el Congreso.

Rojas no se refirió a si se va a inhabilitar en la votación que deberá realizar el Comité de Ministros en los próximos 15 días, pero sí recordó cuál es su rol en el gobierno.

“Estamos analizando el fallo, recordemos que tiene más de 260 páginas. Quisiera decir algo que es muy relevante. Yo soy la ministra de Medio Ambiente. ¿Cuál es mi misión? Resguardar el Medio Ambiente, resguardar nuestro patrimonio natural. El archipiélago de Humboldt es una zona de altísimo valor medioambiental, no solo para Chile, sino que en el mundo. Ese resguardo se manifiesta en que aprobamos el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Somos el gobierno que más áreas protegidas ha declarado, y esa es la acción principal en la cual estoy abocada”, señaló la secretaria de Estado.

La decisión de recurrir a la Corte Suprema por parte del gobierno debería ser ejercida por el Sistema de Evaluación Ambiental, SEC, cuya dirección nacional ejerce Valentina Durán. Pero el Ejecutivo podría intentar evitar nuevos cuestionamientos empresariales dejando que ese camino sea ejercido por terceros, quienes también tienen 15 días hábiles para interponer ante el máximo tribunal un recurso de casación. Y aquello ocurrirá así.

Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, parte de Alianza Humboldt, ya lo anticipó: “Vamos a presentar las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del tribunal ambiental de Antofagasta, que lamentablemente no se ajusta a derecho”, agregó la abogada representante de comunidades locales que se oponen al proyecto minero portuario de Andes Iron.

En ese escenario, una alternativa será solicitar a la Corte Suprema que paralice cualquier decisión del Comité de Ministros mientras ella no se pronuncie sobre el fondo de la discusión, nuevamente.

No solo Maisa Rojas se pronunció este martes. También lo hicieron otros dos ministros, uno defendiendo la actuación del comité y otro desligándose de ella.

El titular de Economía, Nicolás Grau, justificó la operatoria del comité de ministros. “Nosotros probablemente siempre, el 99% de las votaciones que hemos hecho en el Comité de Ministros, hemos votado de acuerdo a lo que sugiere el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”.

Si bien Grau declinó opinar respecto a la decisión del Tribunal Ambiental, expresó que “dado lo que señala el Tribunal, esta votación hay que repetirla. Lo que corresponde es que tal como se ha hecho siempre, la decisión que ahí se tome, se tome en base a consideraciones técnicas”. Grau recordó, en todo caso, que el gobierno propuso una reforma a la Ley 19.300, que el SEA y que “nuestra propuesta que allí se plasmó es que deje de existir el Comité de Ministros”.

La distancia la marcó Mario Marcel. “Es la institucionalidad ambiental que está operando. Yo no pertenezco al Comité de Ministros así que no participé en ese proceso, así que lo he visto más bien de lejos y hay que dejar que la institucionalidad funcione”, dijo el secretario de Estado, quien evitó realizar un juicio a sus pares.

Marcel no quiso opinar si sus pares -cuestionados por el tribunal ambiental- debieron o no inhabilitarse. “No tengo comentarios que hacer al respecto. Sobrerregulación no tiene mucho que ver con el tema político. Como sabemos el gobierno ha propuesto un proyecto de reforma a la ley ambiental que hace varios cambios en esta materia, y esa es la definición que ha tomado el gobierno”, sostuvo Marcel, coincidiendo con Grau sobre el fin de esa instancia que antes ya trajo coletazos. En 2017, otro rechazo a Dominga -esa vez dividido- terminó con la renuncia de los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y Economía, Luis Felipe Céspedes.