Ciberataques: gobierno buscará asesoría internacional y apunta a coordinar a reguladores

A tres semanas de que el Banco de Chile sufriera un ciberataque en el que bandas internacionales le sustrajeron US$10 millones, el gobierno y los reguladores concretaron ayer dos reuniones para analizar temas relacionados con el inédito robo.

Cerca de las 17.00 se vieron las caras los reguladores del sector financiero, luego de que el Ministerio de Hacienda convocara al Grupo de Trabajo de Continuidad Operacional del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF).

Allí, definieron dos ejes principales de acción para modernizar y perfeccionar los protocolos de contingencia y el marco regulatorio y de supervisión en ciberseguridad. El primero de ellos consiste en contratar a un organismo internacional para que los asesore "para identificar las brechas en relación con los estándares y recomendaciones internacionales para prevenir y enfrentar los ciberataques que pueden sufren las entidades del mercado financiero, con especial énfasis en los bancos", manifestó Hacienda mediante un comunicado.

Como segundo eje, definieron firmar un memorándum de entendimiento (MoU) entre las instituciones integrantes del Grupo de Trabajo (Ministerio de Hacienda, SBIF, CMF, Superintendencia de Pensiones y Banco Central), para compartir información y avanzar algunos objetivos: diagnóstico sobre principales riesgos operacionales que enfrentan las Infraestructuras del Mercado Financiero (IMF), el establecimiento de un mecanismo para compartir información sobre los riesgos operacionales que cada institución detecte durante sus procesos de supervisión, desarrollo de tests para probar los mecanismos de contingencia que tienen las IMF, la generación de protocolos de acción conjunta y comunicación entre los supervisores, el Banco Central, y los participantes de las IMF para casos de contingencias.

Pero las reuniones no se detendrán ahí. Esto, considerando que ayer el diputado Enrique van Rysselberghe pidió hacer una sesión especial en la Comisión de Economía para analizar los problemas que tuvo Banco de Chile y las medidas que se tomaron, por lo que solicitó citar a los ministros de Hacienda y Economía, además del superintendente de Bancos, Mario Farren.

Los subsecretarios

En tanto, durante la mañana de ayer se reunieron los subsecretarios de las distintas carteras que componen el Comité Interministerial de Ciberseguridad, donde fijaron para agosto como plazo final para presentar propuestas que luego den origen a una legislación moderna.

Lo anterior, con el fin de dar mayor seguridad "no sólo pensando en las distintas reparticiones del Estado, sino que también como recomendación, en una primera fase, del sector privado", dijo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

En ese sentido, el subsecretario detalló que durante el anterior gobierno, se creó un documento llamado Política Nacional de Ciberseguridad, que estableció 41 medidas, por lo que el Comité definió seguir adelante con esta agenda.

Fue en 2015 cuando la anterior administración comenzó a preparar este documento que establece las medidas mínimas en ciberseguridad que debe tener el país, y pese a que el informe final fue publicado en abril de 2017, durante el proceso de elaboración de la Política Nacional de Ciberseguridad el gobierno de Michelle Bachelet comenzó a implementar algunas de estas medidas: así, al cierre del año pasado del total de 41 medidas, con 8 las que se habían cumplido.

Entre ellas, el país firmó el Convenio de Budapest sobre cibercrimen; se tramitó una nueva ley de datos personales, que actualmente se encuentra en el Congreso; se incorporó en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) un set de preguntas vinculadas a los ciberdelitos; y se promovió el desarrollo de capital humano avanzado en asuntos de ciberseguridad en los distintos ámbitos técnico-profesionales, lo que permitió que una de las cuatro áreas que prioriza la beca Conicyt, sea justamente desarrollo digital, que abarca temas de ciberseguridad.

Con todo, la agenda de trabajo contempla que el Comité se pronuncie sobre la actual legislación de delitos informáticos, además de definir la infraestructura crítica que tiene el país, sus vulnerabilidades y el modo en que se abarcará su ciberseguridad.