La tecnología 5G se ha tomado la agenda de Subtel. Este año, específicamente en octubre, deberán estar desplegadas las redes de las tres compañías que se adjudicaron las bandas de espectro en las licitaciones de 2021: Movistar, WOM y Entel.

Ese hito consolidará a Chile como el país que lidera el despliegue de esta tecnología en Latinoamérica, a la vez que habrá más chilenos que accedan a ella. Según cálculos del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, al cierre de este año deberíamos tener 8 millones de abonados 5G en el país, el doble de lo que hay actualmente.

Esa es la parte dulce de la historia, la agraz es la judicialización que se ha tomado el sector, tras la presentación de un recurso de WOM en la Corte Suprema, oponiéndose al cambio de uso de banda que le permitirá a Claro-VTR levantar su red 5G. Según Araya, este recurso ha puesto en jaque la nueva licitación 5G, porque mientras el tema esté en la Suprema, Subtel no puede lanzar el concurso.

Araya explica que le llama mucho la atención que WOM haya optado por el camino de ir a los tribunales. “Ellos fueron víctima de la judicialización hace 10 años, lo cual les dificultó mucho el ingreso al mercado. Lamentablemente WOM aprendió las mismas malas prácticas de la que dijo ser víctima. Tienen todo el derecho de ir a tribunales, pero esto significa ralentizar los procesos”.

Levanta el punto que ni Entel ni Movistar -que también se adjudicaron las licencias en el concurso realizado el 2020- secundaron el recurso de WOM, pese a haber puesto varios millones de dólares, tanto por concepto de subasta como por despliegue de sus redes.

Respecto al ingreso de Claro-VTR a 5G sin tener que invertir los montos de quienes sí subastaron, Araya señala que nunca se ha pensado que su ingreso sea gratis. Con ese objetivo, un equipo de economistas de Subtel determinó cuál es el valor de este espectro que Claro-VTR tendría que asumir para operar 5G.

Para ello se consideró que la empresa partía dos años tarde respecto a sus competidores y que a sus concesiones les quedan 8 y 14 años de vigencia, no 30 como las que concursaron. Asimismo, se les obliga a hacer el mismo proyecto que presentaron al concurso del 2020, que calificó técnicamente, pero que quedó fuera por la subasta. Sobre eso se sumó una cantidad de contraprestaciones que resulten en su costo equivalentes a lo que pagaron en la subasta las otras compañías. ¿Cuál es ese costo?, del orden de US$ 16 millones adicionales al proyecto técnico.

“Esto nosotros lo conversamos con la Fiscalía Nacional Económica para validarlo, y para que no produjera una alteración a la industria, al mercado, y llegamos a un convencimiento con la FNE de que los montos que se estaban planteando, así como el mecanismo para que ingresara la contraprestación, eran adecuados, porque los dejaba en igualdad de condiciones con sus competidores”, señala el subsecretario Araya.

Asimismo, explica que se reunió con los gerentes de las cuatro compañías, a quienes señaló que el ingreso de Claro-VTR al 5G no podía ser gratis, porque era generar una distorsión en la industria el entregar espectro sin costo. “Eso, Claro lo entendió y lo aceptó; Entel y Movistar también”.

Ante la autorización entregada en abril por Subtel a Claro-VTR para desplegar tecnología 5G, WOM llevó el tema a la Corte Suprema, tribunal que dictó una orden de no innovar que mantiene suspendido no sólo el despliegue 5G de Claro-VTR, sino también la nueva licitación.

“Solicitamos una aclaración a la Corte Suprema, en la cual pedimos separar las aguas, porque cuando WOM se opuso no lo hizo sólo a la resolución que permite a Claro-VTR agregar el uso móvil al fijo para desplegar su red 5G, sino también a la norma técnica que habilita a hacerlo. Y hoy día eso significa que no podemos hacer el concurso 5G, porque la norma técnica no está vigente producto de la orden de no innovar. Entonces estamos pidiendo a la Suprema que nos libere la norma técnica para poder concursar”, explica Araya.

Si esta solicitud no es acogida por el máximo tribunal, la licitación podría aplazarse cerca de un año. “Hoy día tenemos 50 MHz de espectro en la misma banda de la discordia que no está siendo utilizado, o sea, WOM no sólo está bloqueando el ingreso de Claro-VTR, sino también el concurso y la posibilidad de tener más megahertz dando servicio a la ciudadanía”, asevera el subsecretario.

Agrega que las bases del concurso están listas y que serán muy similares a lo que se concursó en 2020, con un par de lecciones aprendidas respecto a qué cosas se podía mejorar. Uno de los puntos que se mejoraron y aclararon es cómo las empresas obtienen los puntos para la cobertura garantizando que la calidad del servicio sea la apropiada.

Otro punto donde habrá una redacción más precisa es con relación al cobro de las boletas de garantía, tema que ha dado mucho que hablar. “Estamos acogiendo dictámenes de la Contraloría en que, por ejemplo, la sanción siempre debe ser proporcional a la falta cometida. Si se implementa el 99% de un proyecto, no se puede cobrar el 100% de la multa”.

Asimismo, adelanta que, si bien se mantendrá la modalidad de subasta, se pondrá mayor foco en el despliegue y en la infraestructura versus la recaudación fiscal. “La experiencia internacional muestra que los concursos de crecimiento -como sería este- tienen una recaudación muy inferior a los que se hacen por primera vez. Nosotros obtuvimos en el concurso del 2020 US$450 millones de recaudación fiscal, hoy día la verdad es que la apuesta no va más allá de US$100 millones. Esto, basado solamente en la experiencia internacional”.

Respecto a quiénes podrán participar en este nuevo proceso, dado los límites impuestos por los organismos antimonopolios, el subsecretario explica que Movistar hoy tiene 50 MHz, por lo tanto, podría llegar a 100. Claro-VTR tienen 100 MHz fijo-inalámbrico, Entel tiene 100 y WOM, 50.

Por tanto, estos 50 MHz pueden darse de dos formas distintas. Una es que WOM y Movistar que están bajo su tope pueden optar hasta 50 MHz cada una y la otra es que Entel o Claro-VTR, que ya están en el tope, devuelvan espectro al momento en que se hagan adjudicatarios de parte de los 50 MHz en la misma banda.

Respecto a cómo van los avances del despliegue de la 5G de las empresas que participaron en el concurso de 2020, Claudio Araya señala que Movistar y Entel han cumplido con los plazos, WOM no.

Agrega que WOM ha señalado que no se le había permitido una prórroga en la implementación de la red, lo cual según Araya es inexacto. “En el fondo las quejas tienen que ver más bien con que el proyecto era mucho más grande y hubo una capacidad logística que no se implementó. Es más, cuando se adjudicó esta licitación, hubo una mesa de trabajo con el Ministerio de Bienes Nacionales y WOM, para anticipar eventuales problemas, mesa a la cual la compañía dejó de asistir en 2021, según me comentó la exsubsecretaria Pamela Gidi. Entonces, aparentemente hay un problema de gestión y eso, al final, se va traduciendo en que su capacidad de tramitar autorizaciones en pleno cumplimiento con la ley se ha visto mermado”, sentencia el subsecretario de Telecomunicaciones.

Según los datos de Subtel, en abril WOM debía tener conectadas 366 localidades como contraprestaciones sociales, todas conexiones 4G al amparo del concurso. Sólo llegaron a 20 y hoy van en 45. “Eso significa que hay más de 300 localidades que deberían tener servicios de conectividad digital de alta capacidad desde abril y que todavía no lo tienen. Cuando una empresa compromete un proyecto técnico, tiene que estar disponible para cumplirlo y cuando no lo cumple, más allá de que haya multas, sanciones, boleta de garantía, lo relevante es que hay personas que se quedan sin servicio”, comenta molesto Araya.

Confiesa que “la relación con WOM ha sido muy compleja, porque ha optado por ir a judicializar, en lugar de cumplir con los proyectos que comprometió, nadie los obligó a comprometer determinado proyecto. Si ellos comprometieron eso tendrían que haber hecho todo lo posible por cumplirlo”.

¿Eso significa que se le van a aplicar las multas?

-Sí, claro. En octubre, cuando no se cumplió la etapa 1, iniciamos un proceso de formulación de cargos. Ese proceso hoy día está aún en curso, ya se les notificó la sanción definitiva de parte del Ministerio. Paralelamente se inició otro proceso de formulación de cargos, por el no cumplimiento del hito de abril, ellos están formulando su descargo y en el mérito de los antecedentes habrá que definir si hay o no sanción y la magnitud de la sanción aplicable. Estas son las multas que establece la Ley General de Telecomunicaciones.

¿Les han rechazado obras?

-Sí, en muchos casos porque la red que tienen implementada no cumple con el estándar mínimo exigido. A ellos se les exige en estas localidades más aisladas una tasa de descarga mínima de 25 megabits por segundo y no cumplen. La situación actual es que tienen incumplimientos técnicos en muchos lugares. Ellos declaran que tienen servicio, que en estricto rigor sí lo tienen, pero no es el servicio que comprometieron.

Si llega octubre y WOM no ha terminado el proyecto, ¿qué arriesga?

-Se arriesgan a que hagamos cumplir lo que establecen las bases del concurso, vale decir la ejecución de las boletas de garantía si el 7 de octubre no tienen todo instalado, y que equivale a unos US$45 millones.

¿Hay otra sanción que se le aplica?

-Una de las razones por las cuales Chile tiene tan buenos indicadores en materia de conectividad digital, es porque ha otorgado certeza jurídica a todas las compañías que invierten en el sector. Eso significa, por una parte, que las compañías que sí están cumpliendo, esa certeza jurídica les debería indicar que cuando su competencia no cumple, sea sancionada. Y la sanción básica son las multas de la ley y la ejecución de la garantía si no cumple en el proyecto final. Si además de eso, transcurrido un año (octubre de 2024), no han implementado el proyecto comprometido, arriesga la pérdida de la concesión, el espectro que ganaron en este concurso. Eso es lo que establece la ley y nosotros estamos para que se cumpla la ley.

Consultado sobre la posibilidad de que se sumen más actores al mercado móvil, Claudio Araya indica que si se observa lo que está pasando en otros países, más bien hay una tendencia a reducir la cantidad de actores en la industria. “Nosotros tenemos un mandato del TDLC y la Corte Suprema de tener cuatro, que se lee en el hecho de que el tope de espectro es del 30% y la verdad es que sería una situación bien mala para el país que desapareciera uno de estos. Sin embargo, no lo podemos descartar, dado lo que hemos estado viendo a nivel internacional”.

Expone que si se mira Estados Unidos, que tiene un mercado infinitamente más grande que el chileno, compiten solo dos operadores y lo mismo pasa en países similares. “Hay una tendencia que hay un poco más de concentración y quizá esa sea una de las razones por las cuales miran tanto a Chile como un ejemplo, porque acá hay 4 empresas que se sacan los ojos, siendo un mercado más chico. Eso nos ha permitido que la calidad que se ofrece tenga un precio súper bajo, tanto en el contexto latinoamericano como en la Ocde”.

¿Podría ingresar un nuevo actor en la nueva licitación de 5G?

-Lo encuentro más difícil, aunque no lo descarto.

°°° Una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, fue que internet pasará a ser un servicio público, como el agua y la luz. Sobre los avances de este proyecto, el subsecretario de Telecomunicaciones explica que el martes se aprobó en la comisión de Obras Públicas y Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara, la última indicación.

Está con discusión inmediata, “por lo tanto, de vuelta de la semana distrital debería pasar a sala, donde esperamos que se apruebe. De ahí vuelve a la comisión del Senado, y yo estimo que no va a sufrir mayores variaciones”.

Esto implicará que Subtel tendrá mayores facultades para fiscalizar el cumplimiento de los planes de internet de las compañías. “Eso significa que tendremos disponibles herramientas que hoy día no tenemos para fiscalizar y hacer exigencias de calidad de servicio. También permitirá habilitar el subsidio a la demanda, eso quiere decir que de alguna forma las familias que no pueden pagar la cuenta de internet vamos a tener algún mecanismo para ayudarlas”.

Otra promesa de campaña fue la reducción del plazo de concesiones de espectro. Al respecto, Subtel está trabajando el proyecto de ley que cambia el régimen concesional, que busca simplificar el tema de autorización para que sea menos engorroso, así como acortar los periodos de entrega de concesiones. “No tenemos todavía un número. Yo intuyo que vamos a estar entre 15 y 20 años, creemos que efectivamente 30 años para la evolución tecnológica que hay en el mundo es un exceso”.

El objetivo de Subtel es ingresar este proyecto de ley el segundo semestre. “Creemos que es un buen beneficio que le puede dejar esta administración al país, tener una ley más ágil de concesión”, indican.