Su preocupación por la crisis que están enfrentando las isapres, y los efectos que eso podría tener sobre los prestadores. Eso fue lo que acudió a presentar este miércoles el presidente de Clínicas de Chile A.G., Gonzalo Grebe, a los senadores de la Comisión de Salud.

En la instancia, Grebe comentó que “esta crisis constante del sistema de financiamiento y las señales contradictorias que recibimos están teniendo consecuencias tangibles en nuestra actividad”. Mencionó que “la situación de pagos, que es bastante crítica, alcanza un total de $860 mil millones (a noviembre 2022) en deudas pendientes de cancelación por parte del sistema tanto público como privado, pero el problema más agudo se ha presentado con respecto al sistema de isapres”.

Al respecto, detalló que las isapres mantienen una deuda aproximada de $567 mil millones a noviembre de 2022, lo que incluye prestaciones facturadas y las realizadas y pendientes de facturación. Y puntualizó que esto representa un incremento del 80% entre marzo de 2022 y noviembre de 2022. En paralelo, mencionó que en el sistema público, si bien se han agilizado algunos pagos, la deuda se mantiene constante en alrededor de $300 mil millones.

Luego, el presidente del gremio explicó las deudas del sistema de isapres se respaldan en la garantía legal que mantiene la Superintendencia de Salud. “Nos preocupa el cálculo de estas garantías, ya que el ingreso devengado no facturado, no está debidamente reflejado ni controlado debidamente por el regulador. La crisis ha incrementado brutalmente la devolución injustificada de cuentas”, lo que dilata su pago, explicó Grebe.

Adicionalmente, mencionó que un 55% de la garantía legal está constituida por boletas de garantía bancarias. Y su presentación decía así: “En este contexto de incertidumbre, basta que estas boletas no sean renovadas por los bancos para comprometer gravemente la operación del sector prestador”. Es más, ahí se mencionaba que a noviembre las boletas de garantía bancarias sumaban alrededor de $416 mil millones, equivalente al 73% de las deudas de isapres con prestadores.

El superintendente de Salud, Víctor Torres, respondió: “Aclarar, nuevamente, a propósito de los dichos del presidente de la Asociación de Clínicas, la labor de la Superintendencia, porque me parece grave que una vez más se intente instalar una especie de incumplimiento por parte del organismo regulador y fiscalizador de un ratio legal, como es el cumplimiento de las garantías”.

En esa línea, el regulador argumentó que “lo que dice la ley es que nosotros debemos garantizar aquella deuda que es conocida, tanto para prestadores como para los beneficiarios, y de la misma forma, el provisionamiento de aquella deuda que puede ser estimada, a propósito de aquella que no es conocida”.

Agregó que “la deuda afecta a garantía exigible al 20 de diciembre de 2022, es de $750.788 millones, y la deuda que tenemos nosotros mantenida bajo custodia a la misma fecha es superior, $762.870 millones, por lo tanto, aquella deuda que debe ser exigible, nosotros tenemos una sobregarantía de la diferencia de ambas cifras”.

Al respecto, también dijo que “de aquella deuda que esta provisionada porque no es conocida, el 96% corresponde a prestadores, según las estimaciones de la Superintendencia, y solo un 4% a beneficiarios, eso significa que se deben sumar $217.520 millones. Eso hace un total de más de $500 mil millones en garantías que debieran estar para prestadores, al 20 de diciembre”.

Torres también señaló que en 2022 han permitido la liberación de garantías para pago de prestadores. “Eso ha permitido que muchas isapres tengan la posibilidad de liquidar la deuda, de tal forma que puedan estar realizando pagos de manera más expedita que si no tuvieran esas liberaciones de garantía, que es parte de aquellas cosas que podemos hacer como regulador, entendiendo que estamos en una situación crítica, cuestión que después se pide que tengan que reponer con posterioridad según lo que establece la ley”.

Grebe retrucó: “Cuando tocamos el tema de las garantías lo tocamos por dos elementos: el 73% de las garantías son boletas bancarias, y eso obviamente en un escenario de eventual colapso e incertidumbre, es un tremendo factor de riesgo. Y el segundo elemento tiene que ver con el mecanismo de cómo se ha mantenido flotando este sistema, que ha sido bajo el esquema de devolución de cuentas por parte del asegurador en porcentajes muy relevantes, estamos hablando de 50%, 60%, 70% de las cuentas para ganar tiempo, y eso creemos que no está debidamente resguardado por las garantías”.

En la instancia, los senadores mostraron su preocupación por la situación que alertaron las clínicas. El senador Juan Luis Castro (PS) comenzó diciendo: “Quedo bastante impactado porque el sector privado prestador está yendo a la siga, perdonen que use este chilenismo, de la crisis de las isapres. Veo con estupor, que las millonarias deudas que tiene el sistema asegurador están traspasándose de facto al sistema prestador”.

El senador también consultó a las autoridades presentes, es decir, al superintendente; la ministra de Salud, Ximena Aguilera; y el director de Fonasa, Camilo Cid; sobre “cuál es la mirada hoy día del nivel de crisis del sector prestador (...) que me parece a mí, que es un sector muy sensible, que no puede verse asfixiado por la crisis de las isapres, que tiene que haber un mecanismo de rescate (...) Aquí, si se coloca en jaque que las clínicas de Chile puedan seguir brindando sus servicios con estas millonarias deudas, veo con serio peligro qué va a pasar en la salud pública, me refiero a los convenios de segundo prestador, convenios Auge incluso (...) cómo eso se va a proyectar si tenemos quiebras, o no, quiero clarificarlo con el superintendente, del sector privado prestador y en qué se vislumbra que eso pudiera ocurrir en cuanto al tiempo, porque ya sabemos que en el mundo de los seguros hay un problema casi inminente, para enero o marzo se ha dicho, me gustaría eso clarificarlo. Si van a la cola las clínicas, de la crisis de las isapres, creo que esto es un escenario catastrófico que no puede ocurrir en nuestro país”.

El senador Felipe Kast (Evopoli) dijo que “es evidente que esto es una reacción en cascada, y va a ocurrir, y por lo tanto, la inacción de este gobierno y también de los gobiernos anteriores, en materia de isapres, va a generar una reacción en cadena, porque nos guste o no nos guste, el mundo de prestadores privados está acostumbrado a los retrasos de pagos del sector público, pero no estaba acostumbrado a los retrasos del sector privado. Si le sumas a eso lo que está ocurriendo ahora, yo por eso creo que esto no se puede analizar sino en conjunto, en una mirada macro y una resolución de Estado, del sistema de selección de los usuarios, tanto sus aseguradoras como de sus prestadores”.

El senador Francisco Chahuán (RN) comentó: “Quisiera que el tema no se concentre solamente en los montos de garantía, porque qué va a pasar en los próximos meses, qué va a pasar en los próximos tres o cuatro meses donde podamos tener efectivamente una situación compleja de un par de isapres y eso termine arrastrando a más de un par de clínicas, y particularmente las clínicas pequeñas y medianas, mi temor son justamente con ellas, porque las clínicas grandes tienen de alguna manera la capacidad de generar flujo”.

La ministra de Salud dijo que se ha reunido dos veces con prestadores privados para hablar de estos temas. “Aclarar que no es que sean atrasos (en los pagos por parte del sistema público), sino que el procedimiento tiene un periodo que es largo, y justamente se está trabajando en acortar esos periodos, pero no es que haya un atraso en los pagos que hace Fonasa”.

La ministra añadió que “tenemos muy clara la importancia de los prestadores institucionales privados en el contexto actual del sistema y en el rol que tienen en el futuro, así como el aporte que hacen los trabajadores del sector privado”.