Hace una semana, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) ya advertía a la Comisión de Economía de la Cámara Baja sobre los efectos negativos que tendría, a su juicio, el proyecto de ley que busca eliminar y prohibir el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022.

Este martes, lo mismo hizo la presidenta de la CMF, Solange Berstein. En la instancia, Berstein aseguró que, dado que el proyecto indica que los responsables de los registros deberán eliminar todos los datos relacionados a las deudas, “en este caso es más difícil poder dimensionar el alcance que podría llegar a tener la redacción actual que tiene el proyecto de Ley”.

En términos de los efectos para las instituciones financieras, Berstein aseveró que con el proyecto “se alteran las estadísticas para hacer una adecuada gestión de riesgo al interior de las instituciones financieras y, lamentablemente, entonces tendría un impacto sobre la capacidad de resiliencia de estas instituciones”.

Con el proyecto de ley, dijo la presidenta de la CMF, no quedaría claro además de qué forma se podría afectar la capacidad del cobro de deudas si es que no se tiene ninguna información. “Y en el caso de la CMF se pierde también información para la fiscalización”, aseguró.

Con respecto a los eventuales beneficiarios de la ley, Berstein aseveró que “lo que vemos de la experiencia del año 2012 es que muy rápidamente quienes están en una situación de impago volvieron a tener una situación de impago. Por lo tanto, pasa a ser un alivio temporal”.

A ello, agregó que las personas que no estaban en mora, a su vez se enfrentaron a condiciones más restrictivas de crédito o a un encarecimiento del crédito.

Finalmente, como conclusión, la presidenta de la CMF aseguró que, pese a entender la preocupación a la cual responde la iniciativa, sugiere explorar alternativas que mitiguen o eviten las consecuencias negativas que tendría sobre las personas y los intermediarios financieros. Ello, en particular, debido a la redacción actual del proyecto.

También expuso en la instancia Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, quien también presentó reparos al proyecto.

En ese sentido, Ortiz argumentó que la norma va a entorpecer la aplicación de la Ley de portabilidad financiera. “La mayor competencia que buscaba esta ley se verá afectada ya que los desafiantes no tendrán completa información para analizar el comportamiento de los deudores”, aseguró en su presentación.

También, el ejecutivo aseguró que la norma limitaría la aplicación de un artículo de la Ley Pro Consumidor, que exige a los emisores el análisis de solvencia económica previo al otorgamiento de un crédito.

Además, Ortiz apuntó a una superposición regulatoria, afirmando que desde el año 2012, “ya está prohibido el uso de la información crediticia al momento de contratar algún servicio asociado a la salud”. Lo mismo, dijo, respecto a la comunicación de las deudas morosas asociadas a las autopistas.

Asimismo, el ejecutivo aseguró que si la persona se encuentra cesante, también puede solicitar la no publicación de sus deudas morosas según la Ley 20.463 del año 2010.