Columna de Ignacio Briones: Del Estado directo al bolsillo

En un seminario reciente, la alcaldesa Evelyn Matthei propuso avanzar hacia un esquema de transferencias estatales en dinero, directas al bolsillo, en la lógica de un impuesto negativo al ingreso (INI). Esto consiste en un pago mensual y automático, decreciente con el ingreso, que suplemente las rentas de los trabajadores formales de menores ingresos. Como he argumentado antes en este espacio, se trata de un valioso camino para nuestra política social. Uno con potentes ventajas. Veamos.

En primer lugar, al tratarse de un pago solo a quienes declaren ingresos formales, incentiva la formalización. Esto es fundamental, dada una informalidad laboral que se acerca al 30% y que tiene importantes consecuencias sociales y fiscales, erigiéndose en uno de nuestros principales desafíos como país. La medida también incentivaría un aumento de la participación laboral, particularmente baja en mujeres y jóvenes.

El actual gobierno ha avanzado en transferencias en dinero a través del “bolsillo familiar electrónico”. Una iniciativa valiosa que devuelve, de manera focalizada, parte del gasto en alimentos, pero que, al actuar sobre el consumo, no incentiva la formalidad. Por eso es mejor moverse hacia un INI. A este respecto, ya existe el precedente del “Ingreso Mínimo Garantizado” que implementamos en el gobierno del presidente Piñera. El desafío radica en ampliar la política y hacerla permanente y automática, en lugar de por postulación.

Una segunda ventaja de las transferencias directas es que son un camino muy efectivo para reducir la desigualdad de ingresos. La evidencia comparada muestra que no existen grandes diferencias entre Chile y la OCDE en la desigualdad de ingresos de “mercado”. Las brechas emergen luego de la acción del Estado, principalmente a través de transferencias monetarias. En efecto, 3 de cada 4 puntos de disminución del índice de Gini en la OCDE se logran gracias a transferencias directas en dinero. Si, en promedio, los países OCDE disminuyen 12,5 puntos su Gini por esta vía, Chile tan solo 2,5. Ajustando por el tamaño de nuestra carga tributaria, si Chile fuera tan intensivo en transferencias como la OCDE, nuestro Gini podría reducirse entre 4 y 5 puntos extra, dependiendo de si se consideran o no las transferencias previsionales. En esa misma línea, un estudio de Hernando y Rubio (2017), muestra que por cada 1% del PIB destinado a transferencias focalizadas en ingresos formales, nuestro Gini podría caer entre 2,3 y 3 puntos.

Finalmente, una política de transferencias directas tiene una ventaja operativa no menor: al tratarse de pagos automáticos en dinero, no requiere de una aparatosa burocracia. Sería una política con bajísimos costos de transacción, lo que maximiza el beneficio que efectivamente llega a manos de la ciudadanía. Ello, en contraste con muchos programas sociales de dudosa efectividad y en los que una parte importante del gasto se queda en remuneraciones. Después de todo, si la redistribución de ingresos es realmente un objetivo, no debería haber objeción a que el dinero de los contribuyentes vaya lo más directa e integralmente posible a los beneficiarios.

Dependiendo de la masividad y magnitud de las transferencias, un esquema de este tipo puede ser bastante costoso. Un estudio de Horizontal (2022) nos permite tener órdenes de magnitud. Por ejemplo, un pago de $110.000 pesos mensuales a trabajadores formales que ganan el salario mínimo y que luego decrece con el ingreso hasta extinguirse para rentas por sobre los $900.000, beneficiaría a 3,7 millones de personas y costaría 1% del PIB. Se trata de un esfuerzo fiscal importante y que, por lo mismo, debe abordarse con gradualidad.

¿Cómo financiarlo? Una parte importante, reasignando recursos desde programas sociales sistemáticamente mal evaluados y de dudoso impacto sobre las personas. Otro tanto, en función del crecimiento económico y otra fracción apelando a la lógica de un impuesto negativo al ingreso: ir ampliando gradualmente los umbrales que definen los tramos del impuesto global complementario, asegurando siempre que los beneficiarios de las transferencias reciban más que cualquier eventual contribución que les aplique. Por ejemplo, si tan solo reajustáramos anualmente esos umbrales por 3/4 de la inflación, en lugar de por toda la inflación, como ocurre hoy, al cabo de 10 años lograríamos una recaudación adicional de 0,5% del PIB.

Es necesario pensar fuera de la caja en materia de apoyos sociales. Optar por transferencias directas en dinero, sin peajes burocráticos, es un camino que puede hacer una diferencia en la lucha contra la informalidad, aumentar la participación laboral y disminuir la desigualdad. Todo ello, apoyando el esfuerzo y presupuesto familiar de muchos. Vaya que no es poco.