Columna de Ignacio Briones: “Lamentos del futuro”

En 2030 Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en alcanzar el desarrollo. La combinación de estabilidad política y buenas políticas le permitieron dar el salto. El candidato natural era Chile, país precedido de un avance notable luego del retorno a la democracia, pero que se estancó, cayendo sin remedio en la trampa de los países de ingreso medio. Las razones de este fracaso son abordadas en un capítulo especial de la nueva edición del ya clásico libro “Por qué Fracasan los Países”: inestabilidad política durante la década del 2020, un sistema político disfuncional y un Estado anquilosado. Lo lamentable - destaca el libro - es que en 2023 Chile tuvo la oportunidad de corregir estos problemas en el segundo intento de un fracasado proceso constitucional. A continuación, un extracto del capítulo.

“Por años Chile fue un referente. Luego del retorno a la democracia, el país no sólo logró una transición ejemplar, sino que inició el ciclo más prolongado de progreso económico y social de su historia. El éxito se sustentó en su capacidad de lograr grandes acuerdos en torno a buenas reformas estructurales económicas y sociales. Esto solo confirma algo que hemos insistido en este libro: que instituciones políticas que incentiven los acuerdos y la gobernabilidad, son condición necesaria del desarrollo.

La buena estrella de Chile empezó a cambiar en 2013. El crecimiento económico subsecuente se estancó en 2% (0,5% per cápita), produciendo una frustración de expectativas ciudadanas forjadas sobre buenos resultados pasados que ya no se repetirían. La consecuencia fue un creciente malestar. A su vez, se hicieron evidentes las fallas de un Estado anquilosado que se alejó del ciudadano y se fue erigiendo en un freno para el crecimiento.

La clave detrás de este estancamiento fue un sistema político crecientemente disfuncional, incapaz de prolongar la senda de los acuerdos. Las reformas económicas y sociales necesarias para el desarrollo se paralizaron debido a un sistema político bloqueado, fragmentado en más de 20 partidos, con alto discolaje y escasos incentivos a la cooperación. El cortoplacismo y la trinchera política se transformaron en la norma. Todo esto fue incubando un problema de gobernabilidad y de creciente descontento ciudadano.

Desde 2019, Chile inició una fase de inestabilidad política que aún no supera. La revuelta de octubre de 2019 y sus inusitados niveles de una violencia no condenada o incluso justificada por parte de la oposición política de entonces, tuvo a la democracia en jaque. La salida institucional a la crisis fue abrir un proceso constitucional que, sin embargo, no logró cerrarse en su segundo intento en 2023. Ello perpetuó la incertidumbre y desalentó el crecimiento. Y lo más importante: Chile desperdició una oportunidad única para corregir su sistema político, piedra de tope para su desarrollo futuro.

El primer intento constitucional estuvo en manos de una convención electa dominada por una izquierda radical que quiso plasmar su programa de gobierno en la constitución. La proliferación de causas identitarias y la exacerbación de los ya acuciantes problemas de gobernabilidad, derivaron en un texto deficiente y maximalista que hubiera hundido a Chile. Los chilenos lo rechazaron masivamente en 2022: se abría así una segunda oportunidad.

El segundo intento comenzó con una comisión de expertos designada por las fuerzas del congreso y logró algo notable: un acuerdo político transversal en torno a un buen y sobrio texto constitucional. Uno que, además, avanzaba en algo clave: corregir el disfuncional sistema político chileno, al tiempo que mandataba una reforma al empleo público, base de una real reforma del Estado.

Con un texto experto sería la base para el trabajo de una nueva convención electa en 2023, la oportunidad parecía inmejorable. Pero fue desperdiciada. Si la primera convención fue dominada por la extrema izquierda, esta vez lo fue por la derecha más dura. Pero la irresistible tentación fue la misma: clavar sus banderas programáticas en la constitución y hablarle a su electorado. Ello difuminó la posibilidad de un texto de consenso y de un llamado unitario a su aprobación, única posibilidad de convencer a una ciudadanía desafectada del proceso.

El texto fue rechazado en 2023 y se mantuvo la constitución vigente. Pero la tensión constitucional siguió abierta y con ello la incertidumbre. Hoy, en 2030, Chile mantiene un sistema político bloqueado y un Estado que ha profundizado su deterioro. Chile quedó atrapado en la trampa de los países de ingreso medio.

En aquellos años, pocos entendieron que cerrar bien el proceso de 2023 era la clave para volver a crecer y aspirar al desarrollo. Para evitar los lamentos del futuro. En retrospectiva, quizás hoy los protagonistas de esa farra constitucional actuarían con más visión de Estado y menos calculadora electoral.