Columna de Matías Acevedo: “Litio, ¿qué camino maximiza su valor para Chile?”

La transformación energética hacia la electricidad desató la carrera mundial por el litio. Chile, hoy es el segundo productor mundial. Pero seremos desplazados por Argentina y China al 2030, de no aprovechar esta oportunidad.

Maximizar el potencial de esta industria para beneficio de todos los chilenos debe ser el objetivo país. ¿Cuándo? Ahora es la oportunidad. ¿Cómo? Con el instrumento que nos permitirá maximizar la producción y los aportes al Fisco en el menor tiempo posible.

Hoy, en el 99,9% de la producción mundial de litio predomina el modelo privado, y sólo en el 0,1% la empresa estatal (Yacimiento de Litio Boliviano). Nuestro país se divide principalmente entre dos modelos de desarrollo futuro para atraer inversiones: (A) Extender la cuota de producción de los contratos de arrendamiento de Corfo, incorporando al salar de Maricunga, manteniendo control privado de las empresas. (B) Una empresa estatal controladora, con socios privados, que es la impulsada por el gobierno. En ambas opciones se permite la entrada de nuevos actores por medio de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL).

Desde el punto de vista del interés de cualquier inversionista para decidir qué camino tomar, evaluaría el retorno esperado del proyecto, con los riesgos asociados a la estructura de gobierno y de control para ambas alternativas. Con precios de largo plazo (de consenso de mercado) en un rango de US$15 mil-20 mil por tonelada.

En la alternativa A, un contrato bajo la modalidad Corfo, la carga tributaria sobre el margen operacional sería en torno a 62%. En la modalidad de control estatal (alternativa B), el inversionista privado invierte y opera, pero a diferencia del caso anterior, la mitad de la utilidad se la lleva el Estado. Si sumamos al cálculo anterior la mitad de las utilidades ahora del Estado, obtenemos una carga tributaria equivalente de 82%, es decir un 32% superior a la alternativa A (si no se considerara el pago de la renta de arrendamiento, la carga equivalente sería de 71%, un 15% superior a la alternativa A).

Respecto de la evaluación de riesgos del gobierno corporativo y el control, en el modelo estatal el inversionista tendrá un socio controlador, Codelco, con conocimiento en el cobre, pero sin experiencia en la explotación, comercialización y en la cadena de valor litio (en el deporte, que alguien sea bueno para el fútbol, no te hace un buen tenista). El gobierno corporativo del controlador estatal tiene alta rotación, al ritmo de los cambios de gobiernos, lo que inevitablemente afecta su estrategia.

El socio controlador tendrá la llave para tomar las decisiones estratégicas y sabemos que el control tiene un precio, que el inversionista lo descontará en su evaluación. Además, Codelco tiene importantes problemas y desafíos donde sabe, en el cobre. Ahora, si fuera Enami el controlador, es esperable que el inversionista multiplique por varias veces estos riesgos.

Tanto por el mayor retorno esperado como por los mayores riesgos que conlleva el socio estatal controlador (Codelco o Enami), el inversionista optará por la alternativa A, la asociación público-privada que opera actualmente bajo la tutela de Corfo.

El aporte para el Fisco de extender este modelo y sumar nuevos salares bajo la modalidad de CEOL, tiene un potencial de recaudación fiscal permanente entre 0,8 y 1,1 puntos del PIB (US$2.400 millones-3.300 millones), que podrían financiar urgencias sociales permanentes.

Pero, si bien es cierto que el modelo de empresa estatal maximizaría la recaudación fiscal (82% vs. 62%), la estatal “Yacimiento de Litio Boliviano” nos enseña que a pesar de contar con el 20% de las reservas mundiales, en su afán de maximizar la renta ricardiana, el litio que no se extrae vale cero, tanto para el Fisco como para el desarrollo del país.