Comisión de Hacienda rechaza reajuste de 3,5% para sector público

Aparte de los despidos, un segundo tema del proyecto de reajuste del sector público levantó polvareda en el Congreso: la decisión del Ejecutivo de incluir a las altas autoridades con un aumento en sus remuneraciones de 2,9%.

Esto a su vez representa 0,6 punto porcentual bajo lo que se propone para el resto de los funcionarios del sector público (3,5%).

El texto del proyecto enviado ayer a trámite al Congreso con urgencia de discusión inmediata indica que "la iniciativa legal establece un reajuste de 2,9%, para el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes entre otras cargos.

En ese mismo porcentaje se reajustarán las remuneraciones, asignaciones, beneficios que perciben estos funcionarios.Este tema no cayó bien en algunos diputados de la Comisión de Hacienda que presentaron una indicación para reducir este incremento a 0%, pero fue rechazada por los votos de los parlamentarios oficialistas y de la DC.

Donde sí se unió la oposición fue para rechazar el reajuste de 3,5% para el resto de los funcionarios públicos, debido a que la misma ANEF lo había solicitado al denunciar que el gobierno no cumplió una parte del acuerdo al desvincular a más de 2 mil personas en estas últimas semanas.

Al cierre de esta edición, la sala de la Cámara empezaba a votar el proyecto en espera de que el gobierno presentara una propuesta viable para zanjar el tema de los despidos.

En otro ámbito que compete a los trabajadores del sector público, el Tribunal Constitucional (TC), en una sentencia dividida, declaró que la tutela laboral no es aplicable a los funcionarios públicos (sí para los trabajadores regulados por el Código del Trabajo), por lo que estos no podrían denunciar ante tribunales, por ejemplo, despidos arbitrarios por razones políticas o acoso laboral.

La sentencia del TC se da luego que la Municipalidad de San Miguel presentara un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, producto de un proceso judicial en tribunales del trabajo y en la Corte de Apelaciones que habían dado el favor a una funcionaria de la entidad que reclamó despido arbitrario por opiniones políticas.

Con esta sentencia las denuncias por acoso laboral y despidos arbitrarios deberán canalizarse por medio de reclamaciones administrativas o recursos de protección, tal como se hacía antes del fallo del máximo tribunal.

El proyecto de Ley que permitiría graduar la cotización obligatoria de los trabajadores independientes e incorporarlos al sistema de Seguridad Social fue aprobado ayer en el Senado. Ahora la discusión se traslada a la Cámara.

Las autoridades de Trabajo destacaron el avance de la iniciativa que fue ingresada al Congreso en agosto pasado y que busca dar a los independientes, desde el primer año, protección frente a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.