Consejo de Ministros aprueba decreto que fija metas de reciclaje a las empresas

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aprobó el decreto que fija las metas de recolección y valorización de envases y embalajes, uno de los productos prioritarios establecidos en la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obliga a las empresas a hacerse cargo de los residuos que generan.

“Con la aprobación de este decreto por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad damos un nuevo paso en la transformación del país hacia una economía circular, que permitirá aumentar en cinco veces la tasa de reciclaje de los envases y embalajes. Por un Chile sin basura, seguiremos impulsando la cultura del reciclaje y la disminución en la generación de residuos”, dijo la ministra Schmidt.

Las metas permitirán al país pasar del actual 12,5% de reciclaje de envases y embalajes domiciliarios a un 60% de estos elementos en el mediano plazo, equivalente a los países desarrollados.

El decreto establece metas específicas para cada material: Cartón para líquidos (60%), metal (55%), papel y cartón (70%), plásticos (45%) y vidrio (65%). Para los residuos industriales, la obligación permitirá alcanzar una tasa de reciclaje del 70%. Estas imposiciones deberán ser cumplidas por las empresas a través un nuevo organismo que las agrupará, denominado “sistema de gestión”.

Para alcanzar estas metas, el decreto establece un esquema definitivo de recolección domiciliaria de los residuos reciclables, es decir, puerta a puerta, por lo que, con el tiempo, ya no será necesario ir a un punto limpio a dejar estos elementos.

“Nos hemos impuesto metas de recolección y valorización de envases y embalajes muy ambiciosas que nos permitirán acercarnos a las tasas de reciclaje de los países europeos. Esto gracias a que, en gran parte del país, contaremos en los próximos años con la recolección puerta a puerta de los residuos reciclables que tenemos en nuestras casas”, sostuvo la ministra Schmidt.

En un comienzo, el 10% de las viviendas del país tendrán el retiro en su hogar de productos reciclables, sin embargo, se irá avanzando gradualmente hasta alcanzar a una cobertura del 80% de los hogares de Chile.

Es decir, 4 de cada 5 hogares tendrán recolección en su puerta de los envases reciclables.

Además se exigirá que los municipios dicten ordenanzas que obliguen a entregar los residuos de envases reciclables separados del resto de sus residuos cuando ya cuenten con recolección puerta a puerta.

En el corto plazo, se establece la obligación de instalar puntos limpios o centros de acopio que garanticen el acceso a estas instalaciones en el 75% de las comunas del país.

De esta manera, en cuatro años se instalarán 350 nuevos puntos limpios, los que serán operados por el sistema de gestión, con altos estándares de calidad.

El sistema de gestión, que operará estas 350 nuevas instalaciones de recepción y almacenamiento, deberá incorporar a los recicladores de base en al menos el 50% de ellos.

Además, en sus planes, los sistemas de gestión deberán incluir un programa de capacitación para los recicladores con los que trabajen.

También, se les obliga a que se les pague por realizar la recolección al precio de mercado.

En Chile, el 2018 se produjeron 1,25 millones de residuos de envases y embalajes a nivel domiciliario, pero se recicló el 12,5%, lo que no alcanza a ser el equivalente a unas Torre Costanera, sin embargo, cuando estén en régimen las metas más exigentes se reciclará el equivalente a 6 Torres Costanera.

Producto de la implementación de esta regulación, se estima que para el periodo 2022-2033 se recolectarán 7,7 millones de toneladas de residuos de envases y embalajes, es decir, que podrán ser valorizados, evitando que sean depositados en un relleno sanitario o basural.

Según el análisis general del impacto económico y social de esta medida, se producirán ahorros por reemplazo de insumos, reducción de emisiones y ahorros en gestión municipal.

De esa manera, los beneficios netos estimados totalizarían unos US$442 millones.

Para dar tiempo a las empresas para establecer los sistemas de gestión, entes responsables de cumplir las disposiciones establecidas, las metas comenzarán a regir, de forma paulatina.

Para quienes no cumplan, se establecen multas de hasta 10.000 UTA, cercano a US$7 millones.