Construcción intensifica críticas a Contraloría tras dictamen y gobierno solicitará reconsideración

Se agudiza el conflicto entre Contraloría y el rubro de la construcción. Esto, tras un nuevo dictamen relacionado con el sector que emitió recientemente la Contraloría General de la República (CGR), en el que ordenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizar ajustes a una circular que, en la práctica, le despejaba el camino a una serie de proyectos inmobiliarios por US$2.000 millones.

Ayer, la cartera lidera por el ministro Cristián Monckeberg, informó que presentará una solicitud de reconsideración ante organismo.

"En razón de lo dictaminado por Contraloría, este ministerio se encuentra preparando una solicitud de reconsideración, pues a nuestro entender dicho pronunciamiento busca acotar mediante un ejercicio interpretativo la voluntad del legislador", señalaron desde el Minvu.

Este nuevo pronunciamiento encendió inmediatamente las alarmas en el sector de la construcción y endureció las críticas hacia Contraloría tras varios dictámenes que, aseguran, no sólo perjudican al desarrollo inmobiliario, sino que añaden más incertidumbre a la crisis de acceso a la vivienda y a la planificación urbana de nuestras ciudades.

Por un lado, comentaron actores de la industria, sienten que no están siendo escuchados por el contralor Jorge Bermúdez, pese a que el 27 de diciembre el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, junto a otros consejeros del gremio, se reunieron con él, para manifestar lo que a su juicio son interpretaciones dispares frente a decisiones técnicas adoptadas previamente por organismos administrativos especializados y, en este caso, frente a normativas y ordenanzas vigentes.

El presidente de la comisión de incertezas jurídicas de la CChC, Bernardo Echeverría, advirtió sobre una "preocupante tendencia" que a su juicio ha tenido últimamente la Contraloría, de emitir dictámenes que afectan la certeza jurídica de cientos de proyectos, con permisos otorgados pero a los que se les exige nuevas condiciones de manera retroactiva, se profundiza aún más tras la última resolución.

"Hoy es incierto en varias comunas, por ejemplo, edificios que están terminados obtengan recepción municipal, sencillamente porque las direcciones de obras municipales no saben a qué atenerse en este conflicto y por lo tanto, dejaron de procesar tanto los permisos como otros actos administrativos", indicó.

Pero más grave aún, agregó, es que si esta situación no se aclara pronto, afectará toda la cadena de la industria, "desde decisiones de las direcciones municipales de obras, la disposición de los bancos de financiar y las compañías de seguros, hasta la contratación de gente".

Hacia adelante, comentó Echeverría, espera que Contraloría reconsidere su resolución. Sin embargo, hasta el momento se ve ánimo de Bermúdez.

"El contralor tiene claro que hay un conflicto, así nos lo manifestó, pero no tiene la misma valoración del conflicto que tenemos nosotros, que pensamos que esto es muy grave porque que está afectando de forma sustantiva la actividad nacional (...) El siente que no es su compromiso atender a los problemas de la industria, sino que su particular punto de vista normativo", señaló.

En tanto, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) también salió ayer a criticar lo dictaminado por Contraloría, porque es su opinión, dañará la inversión. "La Contraloría ha equivocado el camino desde hace bastante tiempo, en el sentido de tomar facultades que a mi entender legalmente no tiene.

Es bien difícil discutir porque viven sacando dictámenes basados en interpretaciones a nuestro juicio bastante antojadizas y es el Minvu el que está mandatado por la ley para la interpretación (de normas). Es como reiterativo y cansador, porque esto no tiene vuelta", planteó Vicente Domínguez, director ejecutivo de la entidad.

Además, agregó que "mientras alguien no le ponga el cascabel al gato esto no va a cambiar" y que el último dictamen "es reiterar una postura majadera de la Contraloría, entonces caso a caso tendrán los tribunales que resolver legalmente qué ocurre (...) Tendrá la Corte Suprema finalmente resolver el tema en uno u otro sentido, pondrá a la Contraloría en su lugar y dirá quién es el que efectivamente tiene la potestad para interpretar las normas urbanas".