Contraloría respalda plan de “gas a precio justo” implementado por el gobierno

La Contraloría General de la República determinó que el plan piloto establecido por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) para la distribución de gas a precios menores a los del mercado para los consumidores más vulnerables estuvo acorde a la legislación vigente.

Fue hace más de un año cuando el Presidente Gabriel Boric anunció, en su primera Cuenta Pública, un ambicioso proyecto para que la estatal Enap distribuyera gas a precios por debajo del nivel del que se estaban comercializando en el mercado.

¿La meta? Llegar a 100.00 familias en 2022, con cilindros de gas “a precio justo”. Ello obligó Enap a desplegar una red de distribución con la que no contaba y cuyos costos la llevaron a repensar su propuesta original. Todo, ya que el modelo de negocios con distribución minorista no hacía rentable el negocio.

El precio promedio de venta el plan ejecutado en la segunda mitad de 2022 ascendió a $15.056 por cilindro, un 35% menor al precio normal, informó el ministro de Energía, Diego Pardow, en un oficio a la Cámara de Diputados enviado en marzo. Pero el costo de distribución de cada cilindro ascendió a $84 mil, cifra que incluye gastos por una vez en habilitación y acopio, así como despacho.

Luego de eso la Enap decidió modificar el modelo para dejar a la compañía actuando únicamente como mayorista.

“El Ministerio de Energía, en ejercicio de sus atribuciones legales, solicitó a Enap la implementación del anotado plan piloto, en su carácter de empresa comercial, con atribuciones para servir de apoyo a políticas públicas vinculadas con el sector energético, al tenor de lo dispuesto en el citado decreto con fuerza de ley N° 1, de 1986, del Ministerio de Minería, por lo que la ejecución del mismo ha constituido una actividad empresarial del Estado lícita, destinada a satisfacer una necesidad pública”, señala la resolución de la Contraloría.

Agrega que el plan dirigido a las familias más vulnerables de determinadas comunas, fue aprobado por Enap con el carácter de piloto, acotado en el tiempo, geográficamente y en la cantidad de cilindros, subordinado a su viabilidad comercial, de manera tal que, asimismo, el logro del interés general perseguido: proveer de GLP a la población objetivo a un menor precio, conllevara un uso racional de los recursos públicos comprometidos.

De este modo, añade la resolución “la ejecución del plan piloto de venta de GLP por parte de Enap presentó debilidades, en particular derivadas de su cobertura geográfica, lo que ocasionó que el costo final del producto fuera mayor al previsto y, por ello, no resultara recomendable comercialmente su prosecución”.

Por ende, sostiene, que en resguardo de la eficaz e idónea administración de los medios públicos, se determinó no dar continuidad al plan, poniéndosele término una vez concluido el período comprendido en el piloto.

Asimismo, agrega que “del anotado plan piloto no se desprenden actuaciones que pudieran implicar una vulneración a la probidad administrativa, como alegan alguno de los recurrentes sin aportar antecedentes concretos que justifiquen esta aseveración, puesto que, tanto en su ejecución como en su consiguiente finalización, las correspondientes decisiones fueron adoptadas sobre la base de un desempeño honesto y leal de la función o cargo, dando preeminencia al interés general sobre el particular”.

Además la Contraloría afirma que la no viabilidad económica de un proyecto desarrollado por una entidad empresarial del Estado, particularmente mediante un plan piloto, no implica necesariamente una vulneración del ordenamiento jurídico, toda vez que el riesgo en las operaciones comerciales es un elemento inherente a las actividades empresariales.

La definición de la Contraloría se dio en respuesta a un requerimiento presentado en forma separada por los diputados Juan Antonio Coloma, Chiara Barchiesi y Flor Weisse, solicitando un pronunciamiento sobre la juricidad del plan piloto llevado a cabo por la Enap relativo a la venta directa de gas licuado.