CPC presenta propuesta con 40 medidas para enfrentar crisis social en La Araucanía

En medio de la compleja situación de violencia que enfrenta la macrozona sur, y tal como lo adelantó su presidente Juan Sutil, en conversación con Pulso Domingo, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) finalmente presentó el documento con cerca de 40 propuestas para enfrentar la crisis en la región de La Araucanía,

El documento de nueve páginas fue presentado en Temuco y abarca distintas vías de solución en áreas legales, administrativas, culturales, de desarrollo productivo y educación, que según señala el gremio, deben ejecutarse de forma conjunta.

En el marco de su lanzamiento, el presidente del gremio dijo que para que este paquete de propuestas, y demás medidas en general fructifiquen será necesaria “la concurrencia de toda la sociedad y, en especial, la voluntad política de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

“El Estado de Chile es el responsable de restablecer el imperio de la ley en los territorios y de garantizar paz social y seguridad”, remarcó Sutil, a la par de insistir en que todas las anteriores son “condiciones habilitantes” especialmente necesarias para el país en los próximos meses, sobre todo, en el marco de la discusión constitucional y la recuperación económica, dijo.

Desde la CPC hicieron un guiño al planteamiento del Presidente Piñera, y dijeron que se adherían a la necesidad de un pacto político, social y económico, “que nos permita enfrentar la situación de manera urgente y con soluciones efectivas, donde cada uno asuma el rol que le corresponde”, remarcó el empresario en nombre del gremio.

En el lanzamiento del plan de trabajo también participaron el obispo Héctor Vargas, el presidente del Consejo Regional de Pastores, Matías Sanhueza; la machi Adriana Loncomilla; los lonkos Aniceto Norín, José Cariqueo y Rufino Marivil; las representantes de la asociación de víctimas APRA, Cecilia Jara y Yasna Navarrete; el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez.

La propuesta que presentó la CPC se enfoca en cuatro ámbitos. El primer capítulo del documento, lleva por nombre “institucionalidad, administración y legislación”. Allí, entre otras cosas, el gremio propone el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas en reemplazo de la Conadi, y realizar cambios para flexibilizar las limitaciones a la propiedad de las tierras indígenas, sin afectar el principio de inalienabilidad a no indígenas.

Sobre esto mismo, pero en otro de los puntos, la CPC plantea la creación de una mesa de trabajo con participación de actores involucrados en el uso del borde costero. También plantea mejorar aspectos de fondo y procedimentales del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). También se propone aumentar los recursos para mejorar la gestión y desarrollo de los procesos de consulta indígena.

En ese mismo capítulo, hay un espacio dedicado a hacer frente a las situaciones de violencia en la zona. En este punto, el gremio propone, entre otras cosas, apoyar y validar el rol de las fuerzas de orden y seguridad, promover la efectividad y mejora de procedimientos policiales, incentivar la eficacia en la investigación penal del Ministerio Público, crear una instancia de consulta ciudadana de temas regionales, y agilizar la agenda legislativa de materia de seguridad, orden público y reparación.

El segundo capítulo se titula “Territorio e infraestructura”. En esta parte, el gremio propone desarrollar un plan estratégico de riego priorizando el agua potable rural. A la par, plantea avanzar en la electrificación y conectividad digital.

Al “Desarrollo Productivo” también se le dedicó un capítulo. En el ámbito se propone, entre otras cosas, avanzar en la política de zonas de rezago; en la promoción de la exportación de productos locales, la diversificación de fuentes de financiamiento y la creación de modelos agroindustriales a pequeña escala. Materias como la implementación de un fondo para el desarrollo de productos y servicios mapuches, sumado a la extensión en el tiempo de beneficios tributarios a proyectos de inversión en la zona, también son parte de los puntos que se abordan en este apartado.

El último capítulo va directo al área de cultura y educación. En lo sumo, este apartado plantea desarrollar un plan de educación para profundizar la integración de la historia y cultura mapuche en los establecimientos educacionales.