¿Para qué crear una nueva empresa estatal?

Por amplia mayoría, de 135 votos y sólo tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea una nueva empresa estatal, Infisa (Intermediación Financiera sociedad anónima), que administrará las garantías a las pymes que hoy están en manos de Corfo.

La iniciativa legal se originó en el gobierno de Michelle Bachelet, pero esta administración optó por apoyarla, dado que se consideró una buena idea.

No obstante, las autoridades no logran dar una justificación suficiente para crear una nueva empresa del Estado. ¿Se justifica realmente esta mayor burocracia estatal?

Esta iniciativa se originó tras un acuerdo político en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos para 2018, debido a que el Ejecutivo había planteado trasladar las garantías de Corfo a una empresa estatal llamada Sacor, que ya no registraba actividad.

Ello, porque un informe del Banco Mundial sugirió que el gobierno central debía abrir una nueva línea para administrar las garantías que otorga Corfo al sector privado.

La creación de una empresa estatal requiere una fundamentación técnica mayor que los antecedentes esgrimidos por el mensaje presidencial. De acuerdo a un documento preparado por el Instituto Libertad y Desarrollo, básicamente, los antecedentes aluden un compromiso, de carácter político, y a recomendaciones del

Banco Mundial, cuyo contenido y alcance específico por ahora no son conocidos.

Precisamente, ese es el punto cuestionable, dado que generará una burocracia innecesaria sin mayor argumentación. ¿Cuál es el costo alternativo? No puede hacer algún departamento de Corfo dicha labor que ahora se le pretende encargar a la nueva empresa en cuestión? ¿La recomendación del Banco Mundial incluyó los costos de esta implementación?