Crisis

La frase "no son 30 pesos, sino 30 años" explica contundentemente el estallido social que tiene sumido al país en una crisis política e institucional sin parangón. Lo que ocurrió la tarde del 18 de octubre fue un cuestionamiento de fondo a la sostenibilidad del modelo económico que estaba supuestamente "consensuado" y socialmente "validado".

Había que tratar de leer las pancartas de las marchas para tener una idea acerca de cuáles son los temas, las demandas, las denuncias, cuáles son los focos del descontento y desde ahí, intentar aventurar salidas. Todo esto sin otra conducción que la de la propia gente y algunos dirigentes sociales.

Son muchas las aristas en este asunto, pero sólo voy a referirme a la responsabilidad que le cabe al mundo privado en dos aspectos: sostenibilidad e integridad. Una plataforma que recogió el sentir de la opinión pública (chilecracia.org) mostraba que las demandas más votadas eran (en este orden) Pensión mínima igual o mayor al sueldo mínimo, seguro universal de salud, cárcel efectiva para delitos de colusión, reducir contribuciones a los adultos mayores y cárcel efectiva para el soborno y cohecho. Más atrás en el listado había demandas tales como cárcel efectiva para delitos tributarios, desprivatización del agua, precio de medicamentos o aumento de los salarios.

La sostenibilidad de una empresa, una industria, un país o un modelo económico no puede limitarse a la aplicación de un check-list de un reporte integrado. Es hora de asumir que el crecimiento y el desarrollo económico no pueden lograrse a cualquier costo social y para ello hay que aceptar que las comunidades, los trabajadores y proveedores son todos socios en cada negocio. Y eso lleva a una segunda derivada: los abusos cometidos en el ejercicio del poder económico traducidos en colusiones, fraudes, delitos y una serie de faltas a la integridad, constituyen uno de los elementos clave de la molestia e indignación de la ciudadanía.

Los modelos preventivos no son un capricho del regulador, sino una herramienta de control y de prevención para defender la legitimidad del modelo y de las instituciones, sean públicas o privadas. Una parte de las enseñanzas que está dejando esta crisis es que, para evitar cambios bruscos y alteraciones graves en las reglas del juego de la economía y la política, hay que tomar en serio el concepto profundo tras la sostenibilidad y asumir que la integridad no es una molestia ni un ahogo, sino un seguro para el largo plazo.