Diputados de RN acuden a Contraloría tras cierre de farmacia por parte de la DT
“Como Renovación Nacional, queremos que la Contralora emita un dictamen donde deje claramente establecida cuál es la atribución de la Dirección del Trabajo en lo referente a la seguridad", dijo Diego Shalper.
El caso de una farmacia Salcobrand que fue cerrada temporalmente por la Dirección del Trabajo, tras sufrir un turbazo en la comuna de La Cisterna sigue dando qué hablar. Este jueves, diputados de Renovación Nacional acudieron a la Contraloría, y apuntan a que la seguridad debe ser entregada por el gobierno.
Los parlamentarios de oposición enviaron una solicitud de dictamen a la Contraloría donde apuntan a que la DT habría constatado que el local se encontraba en condiciones de inseguridad que ponían en riesgo grave e inminente la vida o salud de los trabajadores. Y se procedió a la clausura. Pero, afirman los diputados RN, “estas condiciones de inseguridad serían aquellas generales que afectan hoy a la mayoría de la población atendida la crisis de seguridad por la que atraviesa el país”.
Y agregan que la DT “achaca a una entidad privada una necesidad que no está llamada a satisfacer, como lo es el resguardo de la seguridad y el orden público interior, vislumbrándose ahora la amenaza de que la entidad administrativa clausure otros establecimientos o faenas al no estar asegurada la integridad de los trabajadores en el ámbito de la seguridad y el orden público”.
El diputado Diego Shalper pide que el organismo entregue un dictamen donde aclare las atribuciones de la DT en materia de seguridad.
“Como Renovación Nacional, queremos que la Contralora emita un dictamen donde deje claramente establecida cuál es la atribución de la Dirección del Trabajo en lo referente a la seguridad, porque acá pretender que los locatarios tengan la responsabilidad al nivel de impedir un turbazo y, por lo tanto, tengan que prácticamente, no sé, contratar un verdadero arsenal de gente en la puerta para impedirlo es simplemente delirante. Es el Gobierno y en particular el Presidente de la República, quien constitucionalmente está llamado a velar por el orden público. Pretender endosarle esa responsabilidad a los locatarios es ya reconocer definitivamente que el Estado de Chile perdió la batalla contra la delincuencia”, sostuvo.
La jefa de bancada RN, Ximena Ossandón, apuntó que “paradójicamente (la DT) va a terminar destruyendo puestos de trabajo si pretende que los particulares asuman las responsabilidades del Estado. Una cosa es colaborar desde la seguridad privada, y otra muy distinta es que para poder funcionar, el comercio deba intervenir el entorno y entrometerse en obligaciones que solo se le pueden exigir al gobierno”.
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