El Centro de Políticas Públicas UC llama a promover la flexibilidad laboral y ampliar derecho a sala cuna para reducir brecha de género

El mundo laboral sigue en deuda con las mujeres en Chile. “La tasa de ocupación femenina permanece en torno a 20 puntos porcentuales por debajo de la masculina”, “las brechas de salarios se mantienen en alrededor de 24%”, “se encuentran subrepresentadas en sectores productivos que suelen asegurar mejores sueldos y condiciones laborales” (en la minería son menos del 1%)”, cuentan “con menores probabilidades de acceder a cargos de liderazgo” y “sus trayectorias laborales son más discontinuas que las de los hombres”.

Así lo consigna el Centro de Políticas Públicas UC, que en su estudio “Propuestas para reducir las brechas laborales de género en Chile”, aborda el asunto poniendo sobre la mesa una serie de medidas a considerar desde el Estado.

“Quisimos hacer propuestas pensando que hay una situación estructural e histórica en Chile de brechas entre hombres y mujeres, lo que cobra mucha más visibilidad y urgencia con la pandemia”, indica a PULSO Elisa Piña, subdirectora de Vinculación e Incidencia del señalado centro de estudios y coordinadora de la publicación en cuestión.

El asunto resulta urgente, considerando además que la fotografía antes expuesta trae “aparejada una merma en las posibilidades de desarrollo laboral de las mujeres y una menor autonomía económica, que se perpetúa en el largo plazo bajo un sistema de pensiones que reproduce las desigualdades laborales”, señala el reporte.

Específicamente, la brecha promedio sobre pensiones autofinanciadas fue de -69,7% para las nuevas jubiladas, entre julio del año 2019 y junio del año 2020, de acuerdo a información que citan de la Superintendencia de Pensiones.

En ese contexto, abordar el asunto se vuelve urgente, considerando que “una mayor participación laboral tiene múltiples efectos positivos en la sociedad y en el bienestar de las mujeres, en particular. Entre otras cosas, les permite tener una mayor satisfacción con sus vidas, autonomía e independencia económica, y las sitúa en una posición más equitativa y de mayor capacidad de negociación al interior de sus familias”.

Junto con lo anterior, esto “tiene importantes consecuencias en el desarrollo económico y productivo del país, con efectos positivos sobre el crecimiento”, según se lee en el texto de cuya elaboración se convocó a un grupo interdisciplinario de académicas y académicos de la Universidad Católica, entre ellos Josefa Aguirre y Andrés Hojman, de la Escuela de Gobierno; Andrea Canales, del instituto de sociología; Jeanne Lafotune y Tomás Rau, del Instituto de Economía y otros cinco académicos de la Universidad Católica.

Desde el punto de vista de las y los investigadores, las políticas para abordar el asunto no pueden tener un único enfoque. “Esto es algo multidimensional, con causas que se refuerzan las unas a otras. Por lado tenemos lo que el mercado le ofrece a las mujeres, que en muchos casos son empleos menos atractivos, más precarios y más inestables que los de los hombre. Pero ese no es el único tema. Esto también está relacionado con los estereotipos y las expectativas que tiene la sociedad respecto a los roles del hombre y de la mujer”, indica Piña

Para hacerse cargo de esto, primero proponen “una perspectiva de género transversal en las políticas públicas, revisando los programas y normativas existentes y estudiando la implementación de una evaluación de impacto de género ex ante en su proceso de creación”.

Además plantean que es preciso “educar sin estereotipos de género y desarrollar intervenciones en la adolescencia y la niñez, a través de un diagnóstico sobre las diferencias que experimentan niños, niñas y adolescentes. Según destacan, es importante “la incorporación activa de la perspectiva de género en los contenidos curriculares; y la capacitación de docentes, directivos/as y familias en el tema, con el apoyo de la autoridad responsable”.

En el área de cuidados, “un aspecto central en las decisiones y oportunidades laborales de las mujeres” según subrayan, recomiendan “eliminar el artículo 203 CT y establecer el derecho a sala cuna para los trabajadores y las trabajadoras dependientes e independientes, a cargo de un fondo solidario que otorgue servicios de calidad en horarios compatibles con la jornada laboral”.

Asimismo, indican que se debe “dimensionar y publicitar la oferta de salas cuna y jardines infantiles a nivel comunal, incluyendo información sobre su disponibilidad, horarios de funcionamiento, trabajadores, e índices de calidad”. Apuntan específicamente a un catastro actualizado y de disponibilidad permanente al público a través de una plataforma web.

En la misma materia, proponen “desarrollar programas de puertas abiertas, en los cuales los establecimientos permitan a padres y madres asistir con sus hijos para que puedan conocer y acercarse más a estos servicios de cuidado”, además de que de modo complementario, se fortalezcan “las formas de cuidado alternativo, creando un instrumento de certificación y formalización de prestadores que hoy son informales, bajo requisitos asociados a calidad y seguridad”.

En lo que se refiere específicamente a medidas en el campo laboral, el Centro de Políticas Públicas UC propone, en primer lugar, “promover la flexibilidad laboral, extendiendo los pactos de adaptabilidad o condiciones especiales que contempla el Código del Trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras”. Lo anterior, “sin condicionarlo a la afiliación sindical de la empresa e incorporando otros mecanismos presentes a nivel comparado, como contratos por hora, jornadas concentradas y el derecho a reducir la jornada y volver a aumentarla”.

También llaman a “avanzar hacia un sistema de licencias para cuidados”, el cual “promueva la corresponsabilidad, extendiendo el permiso postnatal del padre e igualando sus condiciones de elegibilidad y financiamiento al permiso postnatal maternal”.

En esta política, debieran incorporarse además “incentivos para que se comparta el permiso postnatal paternal existente (días adicionales); y equiparando las licencias por enfermedad del hijo o hija menor de un año para padres y madres, de modo que corresponda a ambos por derecho propio”.

El estudio igualmente propone que se incentive una mayor equidad de género en las empresas “a través de una modificación de la Ley N° 20.348 sobre igualdad en las remuneraciones”, apuntando a que se aumente su eficacia, a través de un mandato que obligue a que las empresas otorguen información “sobre remuneraciones según género, brechas de contratación y otras materias asociadas, antecedentes que se harán públicos por la autoridad”.

Finalmente, se plantea que se extienda a empresas y otras entidades “la obligación que hoy tienen las instituciones de educación superior de contar con protocolos para la prevención y el manejo de situaciones de violencia de género en el trabajo, sujeta a sanciones efectivamente disuasivas”.