En su primer lunes como Presidente, Gabriel Boric dijo algo que desconcertó al mundo forestal. “No sé si es un secreto a voces, pero muchas de las forestales están disponibles a salir de parte del territorio. Hay una conversación abierta y disponibilidad para llegar a acuerdos”, afirmó en una entrevista radial sobre la presencia empresarial en La Araucanía. La frase sorprendió a varias empresas: ninguna, afirman en el sector, se ha planteado la opción de dejar la zona: sus plantaciones alimentan instalaciones fabriles que dependen de esa materia prima. Las forestales en La Araucanía tienen más de 430 mil hectáreas -280 mil de las cuales están plantadas- en una región de una superficie de 3,2 millones de hectáreas. Y de ellas, CMPC es la mayor, con 180 mil hectáreas. Su gerente general, Francisco Ruiz-Tagle, en una carta a sus trabajadores dijo desconocer los antecedentes que tuvo el Presidente para decir lo que dijo y declaró estar disponibles al diálogo, sin exclusión de temas ni participantes. “Pero nada de ello debe confundirse con una intención de reducir ni afectar nuestra presencia y actividad en el territorio”, escribió en la misiva, que publicó ex-ante.

Lo que sí han manifestado varias empresas del sector -lo que, piensan algunas, podría estar en el origen de las palabras de Boric- es su intención de vender al Estado algunos predios reclamados por comunidades mapuches en la zona. Pero aquello es parte de un proceso iniciado hace casi cuatro años y que ha avanzado poco. En 2018 se creó una comisión de política forestal que, al alero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, reunió al gobierno, las comunidades y las empresas. Conadi, entonces, elaboró una lista de 66 propiedades que eran reclamadas desde hace años y sobre las cuales no había habido respuesta. En total, sumaban cerca de 30 mil hectáreas. De esos predios, 48 pertenecían a socios de la Corporación de la Madera, Corma, y 31 habían recibido peticiones formales de traspaso. Un reporte que presentó luego el presidente de Corma, Juan José Ugarte, en 2019, contabilizó 17 respuestas positivas de parte de las empresas por un total de 4.640 hectáreas, que incluyen propiedades de Forestal Arauco, del grupo Angelini; Bosques Cautín, del Grupo Von Appen y Forestal Masisa, entre otros.

Desde esa fecha, según registros de la Corma, se han transferido solo 1.344 hectáreas en total. Cuatro de esos procesos se sellaron en 2019: fueron dos predios de Arauco, otros dos de Bosques Cautín, y uno de Masisa (ver infografía). La última transferencia se materializó en septiembre de 2021: cinco predios colindantes, de CMPC, por un total de 305,9 hectáreas; cuatro de ellos en Angol y otro, el predio Chihuigue, en Ercilla. Esa transferencia obedeció, además, a un asunto específico: un fallo internacional que condenó a Chile a esa compensación para la comunidad Alex Lemún. El Estado pagó a CMPC $ 1.560 millones.

Los avances, considerando las demandas globales, han sido así escasos. “A la luz de las cifras, es bastante frustrante haber tenido resultados tan mermados”, dice el presidente de Corma, Juan José Ugarte. El dirigente afirma que dos interpretaciones de Conadi han puesto un freno a los traspasos. Primero, que los requerimientos de las comunidades deben ser íntegros; es decir, si hay una porción de un predio que no está con su tramitación completada, la comunidad reclamante renuncia a esa porción. “Es una barrera tremenda”, opina Ugarte, para las comunidades que mantienen aspiraciones por predios completos. La segunda es que no existen vías de solución si hay más de una comunidad reclamando un mismo predio.

El director de la Conadi, Ignacio Malig, informaba en mayo de 2021 a los integrantes de la comisión forestal sobre el estado de 12 predios priorizados para las transferencias, los que ingresarían luego, sostuvo, a su tasación para los posteriores traspasos. Diez meses después no hay nuevas compras de tierras ejecutadas. Desde la Conadi afirman que, desde esa reunión, “todas las tasaciones están listas y la mayoría de los predios están en distintas etapas de negociación o trámites internos de las comunidades”. Y agregaron: “Tenemos que considerar que estos procesos son largos y se vieron interrumpidos varias veces por las restricciones de desplazamiento de la pandemia”. El período de Malig termina en mayo y difícilmente concluirá esas compras. Los predios son de Bosques Cautín, Arauco, Forestal Hancock, Comaco y CMPC. En privado, algunas forestales creen que el gobierno de Piñera congeló el proceso porque desconfiaba de esta solución y porque pretendía avanzar en un nuevo catastro -más definitivo- para una solución global al problema.

La última reunión de la comisión forestal se realizó en agosto de 2021 y ya se cumplen siete meses sin reactivarse. Las sesiones se detuvieron porque a fin de año se realizó, vía elecciones, la renovación de los consejeros de Conadi. En la Conadi dicen que la designación de los integrantes del Consejo sigue en Contraloría y que una vez que ello ocurra, ese comité volverá a sesionar.