A las 14:55 horas aterrizó en la losa del Aeropuerto Arturo Merino Benítez el vuelo LA2697, proveniente de Lima (Perú), trayendo de regreso a Francisco Coeymans Ossandón, 45 años, exgerente general de Primus Capital, quien fue extraditado desde ese país. Esto ocurre tras pasar siete meses y 26 días fuera de Chile, siendo protagonista de uno de los mayores fraudes de los últimos años, que involucra facturas falsas, modelos peruanas, fiestas y sociedades ficticias constituidas por venezolanos con visas de tránsito.

El ingeniero comercial, junto a otros tres imputados, está acusado de elaborar un esquema defraudatorio que provocó millonarios perjuicios al segundo factoring no bancario más importante del mercado, controlado por el empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela Lang.

El fiscal Felipe Sepúlveda, el mismo que también está a cargo de investigar los casos Factop y Audio, investiga a Coeymans por los presuntos delitos de delitos económicos, incluyendo estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y blanqueo de capitales.

El ejecutivo de nacionalidad chilena-belga fue escoltado por detectives de la Oficina Central Nacional Interpol de Santiago hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para completar los trámites vinculados a su extradición. Posteriormente, fue trasladado a las dependencias de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), donde pasaría la noche. Este miércoles será conducido en la mañana al 4° Juzgado de Garantía de Santiago para una audiencia de control de detención.

El 25 de marzo, Coeymans viajó a Lima para reunirse con su pareja, la modelo peruana Yoko Chong, excandidata a Miss Perú y coronada Miss Intercontinental 2019, con quien se casó en ese prisión, un vínculo que ha sido puesto en duda por Primus. El exgerente general de Primus no se presentó a la audiencia de formalización, que de todas formas se llevó a cabo en su ausencia, argumentando estar enfermo de Covid-19. La magistrada Mariana Leyton, del mencionado tribunal, decidió formalizar al ejecutivo en ausencia y emitió una orden de detención internacional.

Francisco Coeymans ha enfrentado un camino complicado en su defensa penal. Desde su viaje a Perú ha perdido a tres abogados penalistas.

El primer abogado en renunciar fue Juan Domingo Acosta, quien junto a su equipo de juristas dejó el caso tras la ausencia de Coeymans en la audiencia de formalización del 3 de abril en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Posteriormente, el abogado Mario Vargas, socio del estudio Lagos, Vargas & Silber, asumió brevemente la defensa de Coeymans, pero también renunció, el 13 de mayo. Vargas justificó su decisión al sostener que no contaba con un conocimiento suficiente del caso y de la carpeta investigativa, dejando entonces la representación en manos de Manuel Guerra, ex fiscal regional Metropolitano Oriente, quien lideraba el equipo defensor.

En agosto, Guerra también abandonó la causa y este lunes en la audiencia de extensión de plazo de investigación solicitada por la Fiscalía al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Coeymans fue representado por un defensor penal público.

En paralelo, la defensa de Coeymans en el ámbito laboral también sufrió un revés. Un equipo de abogados del estudio Clyde & Co, compuesto por Christian Alvarado, Lily Torrejón, Agustín Alcalde y Dante Soto, intentó renunciar antes de la audiencia laboral de la semana pasada, alegando que su cliente estaba fuera del país y no había dejado un mandatario constituido. Aunque el 1° Juzgado Laboral de Letras de Santiago no aceptó la renuncia, finalmente estos abogados presentaron un escrito desistiendo de todas las acciones interpuestas contra Primus Capital, poniendo fin al procedimiento laboral que Coeymans inició junto a otro exdirectivo, Ignacio Amenábar, demandando indemnizaciones superiores a $2.600 millones.

Amenábar, quien está con arresto domiciliario, también se desistió de su demanda laboral y de dos querellas que había presentado contra sus ex empleadores. También confesó su participación en las irregularidades. El 26 de noviembre se revisarán sus medidas cautelares.

Los otros dos imputados, el abogado Antonio Guzmán, y el técnico en cocina Ignacio Rivadeneira, están en prisión preventiva en Capital Yáber.