Empresa de energía renovable que cayó en insolvencia interpuso recurso contra el Coordinador Eléctrico
Ibereólica Cabo Leones II interpuso recursos de protección en Antofagasta y Santiago por la decisión del organismo de no permitirle arrendar sus parques fotovoltaico y eólico respectivamente, y ser reemplazada por Enerbosh en el sistema eléctrico. "Es un derecho constitucional disponer de nuestros activos", dice el gerente de Cabo Leones II, José Antonio Osorio.
Ibereólica Cabo Leones II es una empresa de energía renovable que hace dos meses se declaró en insolvencia y que poco después pidió al Coordinador Eléctrico, organismo que gestiona el Sistema Nacional Eléctrico, autorización para arrendar a una tercera empresa los dos principales activos que gestiona: el parque eólico Cabo Leones II, 49 aerogeneradores con 5 MW de potencia instalada cada uno, y el parque fotovoltaico San Pedro, propiedad de GPG Solar Chile 2017. Con esos traspasos, Ibereólica Cabo Leones II pretendía ser reemplazada por Enerbosch S.A. como coordinado en el sistema. Pero el Coordinador dijo que no. Y la empresa, en la que GPG tiene el 51% y el grupo español Grupo Ibereólica Renovables en 49%, decidió llevar la discusión a tribunales.
Este martes, GPG Solar Chile e Ibereólica Cabo Leones II interpusieron dos recursos de protección ante las cortes de Apelaciones de Santiago y Antofagasta y pidieron órdenes de no innovar para detener los efectos de la decisión del Coordinador. La empresa había anticipado acciones legales en una carta enviada al Coordinador el 21 de noviembre. La Corte de Apelaciones de Antofagasta no acogió la orden de no innovar. Por su parte, el Coordinador Eléctrico se limitó a confirmar que fue notificado y que responderá a esta acción en los plazos legales.
Ibereólica Cabo Leones II fue la segunda empresa de energías renovables que informó la imposibilidad de cumplir obligaciones de pago derivadas de los balances de transferencias económicas del mercado de corto plazo, derivadas de su posición de empresa generadora deficitaria en el Informe de Valorización de Transferencias Económicas de agosto. La primera había sido María Elena Solar S.A., cuyas deudas impagas totalizaron a $ 2.765 millones. En el caso de Ibereólica, la cifra final fue de $ 4.055 millones.
“Ante la no respuesta del Coordinador, decidimos presentar este recurso porque consideramos que es una decisión arbitraria e ilegal. No vamos contra el Coordinador, sino contra su decisión. Buscamos que la decisión de no cursar el reemplazo se paralice, buscamos una pausa que nos permita seguir sufragando los gastos de la operación. Desde que comunicamos que no podemos seguir participando del mercado de corto plazo y saldamos las deudas, los parques han seguido inyectando energía y hay que financiar estos gastos. Lo que pedimos es que se autorice el reemplazo o que el Coordinador curse las instrucciones de pago de las inyecciones valorizadas en el Informe de Transferencias Económicas para poder seguir operando los parques”, afirma a Pulso el gerente general de Ibereólica Cabo Leones II, José Antonio Osorio del Olmo.
Al dejar de cumplir con sus pagos en el mercado mayorista o de corto plazo, la empresa fue suspendida de operar en él, pero como sus plantas siguen generando, el Coordinador debe llevar una cuenta en la que registra sus inyecciones valorizadas como pendientes de pago, hasta que se ponga al día en las deudas y entregue una nueva boleta de garantía para autorizarla a reingresar al sistema. Sus contratos de largo plazo con clientes regulados están siendo abastecidos por las distribuidoras con otras generadoras; las distribuidoras pueden pedir el término anticipado de estos, pero la CNE ha dicho que no dará curso a estas solicitudes para enviar la señal de que los contratos deben cumplirse y evitar que se afecte la cadena de pagos.
El Coordinador había respondido que, más allá de que hubieran cumplido con los requisitos para el reemplazo de la calidad de coordinado, previo arriendo de sus parques, y de los comprobantes de pago de las deudas, sólo puede validar las conformidades que los acreedores ingresen a su plataforma, donde aún faltaban empresas.
Osorio replica: “Nuestro objetivo siempre ha sido pagar las deudas, pero teníamos que esperar a que el Coordinador informara el resultado de la prorrata de la boleta de garantía para cubrir el saldo y enviamos las evidencias de todos los ingresos bancarios que hicimos. Si algo no aparece saldado no es por responsabilidad nuestra, porque hicimos el ingreso de todos los recursos adeudados. A nuestro entender, cumplimos con todas las condiciones para dar curso al reemplazo así es que el Coordinador tiene que cursarlo; nos puede pedir antecedentes adicionales e indicarnos si tenemos deudas con otros participantes, pero no puede negarse a cursarlo”.
Osorio enfatiza que lo que piden es la única solución viable que ven para su proyecto: que un coordinado los reemplace vía arriendo, “figura ampliamente usada en el sector, y poder obtener ingresos de las inyecciones energéticas que estamos realizando. Es un derecho constitucional disponer de nuestros activos”.
El ejecutivo español dice que a la inversión de US$ 300 millones para desarrollar los parques Cabo Leones II y San Pedro han inyectado adicionalmente, desde el inicio de la operación comercial, en 2021, unos US$ 18 millones. Y refuta las críticas de que no incluyeron todos los riesgos en las evaluaciones de sus proyectos y que se adjudicaron las licitaciones con un precio muy bajo, que era insostenible: “Fuimos a la licitaciones 2015 y 2016 con la información que se nos brindó, hicimos los estudios e hicimos una oferta de US$ 48, en el promedio de los participantes. Obviamente no teníamos la información que tenemos ahora y había planes de inversión en transmisión que ha costado se materialicen”.
Agrega que factores externos han complicado el mercado, como la sequía, los precios del GNL, los efectos en los precios de los combustibles de la guerra de Ucrania-Rusia, pero que lo más relevante el déficit de capacidad de transmisión. “Categóricamente, no falló nada en nuestra evaluación de los proyectos. Entendemos que hay mayor o menor afectación por causas particulares, como la diversificación del portafolio, pero el principal causante los problemas es el desacople entre las valorizaciones de inyecciones y retiros que conlleva a los vertimientos de energía renovable. Los precios no dan; si conjugamos inyección a valor cero con retiros a US$ 100, por ejemplo, vamos a estar pagando por generar”.
Osorio descarta que el arrendamiento de los parques y el reemplazo sean una finta para sortear la esquivar la regulación y obtener remuneración indirecta por los activos. “No estamos haciendo nada que no sea legal. Estamos usando una figura que usan otros actores del mercado para tener ingresos con los que mantener los parques. Este es un mecanismo que nos va a permitir sobrevivir y seguir sufragando los gastos operativos e inyectando energía renovable y barata”.
El ejecutivo insiste en que no podían soportar financieramente el contrato para clientes regulados: “Le expusimos nuestra situación al Coordinador, la CNE y el ministerio antes y después de la solicitud de no seguir participando en el mercado. Llegamos ilusionados a Chile y nunca esperamos tener que dar estos pasos para mantener los proyectos”. Osorio agrega que la energía que dejarán de aportar representa menos de 2% del sistema, por lo que no es significativa y no debiera generar mayores problemas para las distribuidoras, como tampoco un impacto significativo en las boletas de los consumidores finales.
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