Estudio del Observatorio Fiscal y Cepal señala que Chile está al debe en transparencia fiscal
Datos difíciles de interpretar, falta de evaluación del gasto y de información de los gobiernos regionales son algunas de las falencias detectadas, para las que proponen soluciones de corto y largo plazo.
Se trata del primer informe que evalúa desde suelo doméstico las complejidades del gasto público desde el interés de la ciudadanía por saber en qué se gasta, cómo se gasta y cómo se accede a la información sobre el uso de los recursos públicos.
A partir de una investigación de seis meses del Observatorio Fiscal y Cepal que incluyó entrevistas, focus group y encuestas a más de mil personas, el resultado que arroja el documento "Brechas de Rendición de Cuentas de Gasto Público", muestra que todavía, pese a los datos disponibles, la transparencia de la información fiscal sigue al debe en nuestro país.
¿Cuál es el balance?
Los encuestados evalúan de manera deficiente (en una escala de 1 a 7) la información fiscal disponible en la Dirección de Presupuestos, el Banco Central, Congreso Nacional, la Contraloría, el Ministerio de Desarrollo Social y la Subdere en sus cuatro características principales: contenido (nota 3,8), formato de los datos (3,8), oportunidad de entrega de la información (3,6) y periodicidad de su publicación (3,6).
Las principales críticas apuntan por ejemplo, a que los datos financieros disponibles por sí solos no son útiles y se plantea que la información disponible no permite evaluar los resultados, eficiencia y eficacia del gasto, así como tampoco existe información del gasto por regiones y municipios.
Esta evaluación choca con el interés que tiene la ciudadanía por conocer cómo se gastan los recursos públicos.
De acuerdo al documento, el 60% de los encuestados quieren saber en qué se gastan sus impuestos y quieren fiscalizar que el gasto sea eficiente, siendo las principales preocupaciones las pensiones (63%); el gasto en salud (60%); la seguridad ciudadana (57%) y la educación (53%).
Según la directora del Observatorio Jeannette von Wolffersdorff este documento ya se encuentra en manos del director de Presupuestos (Dipres) Rodrigo Cerda, que habría tenido una positiva recepción, puesto que de los 26 documentos que periódicamente entregan información fiscal, 23 son originados en Teatinos 120.
En ese sentido, señala que "nos parece prioritario que la Dipres empiece un diálogo continuo con los diversos grupos de la sociedad civil.
Es importante que entienda las necesidades de información acerca del gasto que tienen los contribuyentes, para reconocer qué datos existen y qué datos habría que levantar, para ir mejorando la rendición de cuentas del gasto público".
Esto, reconociendo que "actualmente, hay voluntad para avanzar, pero estamos lejos de poder decir que la transparencia fiscal es una prioridad para el gobierno".
El punto, complementa otro de los autores del estudio Jorge Rodríguez (integrante del Consejo Fiscal Asesor y ex subdirector de Dipres) es que "el primer paso en transparencia fiscal consiste en publicar la información que el gobierno ya tiene, tal como la trabaja técnicamente. Pero esa información la pueden comprender pocos entendidos, y además, aun así no contesta las preguntas que la ciudadanía tiene acerca del gasto público".
Las propuestas. Para cerrar las brechas de información entre la autoridad y la ciudadanía el estudio propone medidas de corto y largo plazo.
Como medidas inmediatas, conformar el Consejo de la Sociedad Civil en la Dipres; generar series de gasto de largo plazo; compilar y publicar toda la información que se pide vía Transparencia; publicar la información del articulado de la Ley de Presupuestos; desarrollar series de estadísticas de la Deuda Neta; el informar sobre el presupuesto y ejecución de gasto de los hospitales públicos, junto con sus indicadores de desempeño.
Para el largo plazo, en tanto, sugiere construir clasificadores presupuestarios con categorías adicionales a las técnicas actuales; profundizar la información sobre el empleo público; desarrollar mayor información sobre objetivos, metas e indicadores de desempeño de los programas; formatos más amigables para entregar la información fiscal; publicar en la Contraloría los estados financieros de los servicios públicos y mejorar la transparencia presupuestaria de los Gobiernos Regionales ex ante (cuando se discute en Presupuesto en el Congreso) y ex post (cuando se analiza la ejecución presupuestaria) con datos que vayan más allá de los datos de inversión.
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